En Venezuela, al año de 1958 se le debe comprender como todo un bloque, un año largo, que se extiende entre el inicio de la crisis del sistema autoritario, finalizando cuando se concreta la sucesión presidencial democrática. Este tránsito debe ser visto como parte de un proceso más largo de democratización, que se inicia en 1936 y se extiende durante tres décadas. Esta democratización contrasta con el proceso inverso de des-democratización que vemos desde 1998 hasta el momento presente.

La relación entre el 23 de enero y el 31 de octubre de 1958 no es un tema sencillo de resolver. La primera fecha, la caída de la dictadura, es vista generalmente como hito inicial de la democracia venezolana, marcada por una movilización cívico militar y un “espíritu” unitario de las fuerzas democráticas contra la tiranía y la opresión política. El Pacto de Puntofijo que se firma en octubre ha sufrido un acercamiento mucho menos complaciente, desde aquellos que consideran dicho acuerdo la traición de los “ideales unitarios del 23 de enero”, del “Espíritu del 23 de enero”, hasta aquellos que, como Juan Carlos Rey, lo consideran fundamental para asegurar la democracia venezolana.

“En la oposición se estaba construyendo la unidad posible. Una cosa era la dinámica del exilio, otra distinta la vida de la Resistencia en la clandestinidad”.

Es interesante percibir el tránsito de la dictadura a la democracia como un proceso que podemos distinguir, desarrollado desde mediados de 1957, cuando se hace evidente el inicio del quiebre de los consensos que sostienen la dictadura, hasta el año 1959, incluso una década más, cuando el sistema pasa la doble prueba de la violencia política guerrillera y de la alternabilidad política, tras 1968.

El año 1957 es señalado recurrentemente como el momento crítico de la dictadura. Pero la fecha exacta de la crisis no parece gozar de un consenso tan amplio. La Carta Pastoral de Monseñor Arias Blanco el 1º de mayo de ese año parece desencadenar una represión novedosa contra la jerarquía eclesiástica.

La crisis económica fue otro de los factores que propició el cambio político. La decisión de Estados Unidos de reducir las cuotas que compraba de petróleo venezolana da inicio a una crisis fiscal para el Estado, que se extenderá hasta finales de 1963, pero frente a la cual el gobierno militar no tiene capacidad de respuesta inmediata.

La crisis del bloque de poder fue un catalizador clave que terminó acelerando el proceso. La pretensión de Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional, policía política del régimen, de empezar a “vigilar” a los militares, sostén institucional del régimen, provocó la reacción adversa de las Fuerzas Armadas, quienes presionaron al dictador para que sacara a Estrada del poder. La salida del infame policía precedió en pocos meses el derrumbe de la dictadura.

En la oposición se estaba construyendo la unidad posible. Una cosa era la dinámica del exilio, otra distinta la vida de la Resistencia en la clandestinidad. El acercamiento entre las fuerzas políticas en el exilio tiene expresiones concretas desde 1956, pero no será sino a mediados de 1957 cuando Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt se encuentren en la residencia de Ignacio Luis Arcaya en New York, junto con Simón Alberto Consalvi. Discuten infructuosamente la posibilidad de suscribir un documento. En simultáneo, Enrique Tejera París es enviado por Betancourt a Caracas para entrar en contacto con Rafael Caldera, líder de COPEI, quien aún está reacio a establecer un vínculo directo, al estar probablemente preocupado por la frágil legalidad en que se encontraba la organización democristiana.

Dentro de Venezuela la resistencia clandestina fue construyendo diversas iniciativas unitarias efímeras, en 1950 AD y el PCV habían realizado una huelga petrolera conjunta, pero no sería sino hasta junio de 1957 que se constituiría la Junta Patriótica. Entre febrero y abril de 1957 se establecieron contactos entre Guillermo García Ponce y Héctor Rodríguez Bauza, del PCV, y Pedro Pablo Aguilar, de COPEI. En abril éste último contactó con José Francisco Sucre Figarella de AD, en mayo con José Herrera Oropeza de URD.

Fue Nueva York el sitio recurrente de realización de un conjunto de encuentros entre dirigentes políticos durante los últimos días de 1957 y los primeros días de 1958. No sólo estamos hablando de los encuentros entre Betancourt y Villalba primero, y luego Caldera, sino que será también invitado el mismo ex Presidente Eleazar López Contreras desde septiembre.

“La posibilidad de una reversión autoritaria y militarista estuvo presente durante todo el año 1958, y continuó mostrándose posteriormente”.

El derrumbe final de la dictadura es visto, en el exilio y en la clandestinidad, como una alborada, pero es leído bajo dos circunstancias disímiles. A los luchadores presentes en la resistencia la experiencia unitaria interna es determinante. Los intentos de golpe de Estado del 31 de diciembre y del 1° de enero de 1958 sorprendieron a muchos de los implicados, pero contribuyeron a adelantar el derrumbe del gobierno militar. La huelga general que se inició el 21 de enero, combinada con la pérdida de apoyo de la institucionalidad militar, llevan al dictador a huir el 23 de enero. Una nuevo Junta Militar lo sustituirá y dará los primeros pasos en una transición política cuyo destino final estaba lejos de ser claro. Los exiliados empiezan a volver.

La reconstitución del poder luego del 23 de enero no fue un proceso lineal ni sencillo. Nada estaba asegurado aquellos días de enero. Venezuela había estado sometida al dominio de un desarrollismo militar autoritario durante una década, tenía una larga tradición autoritaria y el único Presidente electo por votación universal, directa y secreta escasamente duró nueve meses en el poder. La posibilidad de una reversión autoritaria y militarista estuvo presente durante todo el año 1958, y continuó mostrándose posteriormente.

La primera Junta de Gobierno, presidida por Wolfgang Larrazabal, estaba conformada exclusivamente por militares, y contaba además con la presencia de Roberto Casanova y Romero Villarte, quienes fueron impugnados por otro militar, Hugo Trejo, hasta obtener su salida el 25 de enero. El 24 se habían incorporado los empresarios Blas Lamberti y Eugenio Mendoza a la Junta. La intranquilidad militar continuó presente, antes de los intentos de golpe, la expulsión de Hugo Trejo de su cargo de sub-jefe del Estado Mayor el 28 de abril, sosteniendo Wolfgang Larrazabal que “la Junta considera que la actividad política no se compadece con las funciones militares”.

Es difícil negar que tanto los partidos políticos como los sindicatos se encontraban, al momento del derrumbe de la dictadura militar, en una posición débil, especialmente en lo que se refiere a los aspectos organizativos. Tras casi una década de persecuciones, asesinato de dirigentes, torturas, había mucho que reconstruir. Efectivamente uno de las primeras tareas en la reinstitucionalización política fue la reorganización de los partidos políticos y de las organizaciones obreras. El 27 de enero retorna Jóvito Villalba, un día después lo hará Gustavo Machado, el 1º de febrero llega a Caracas Rafael Caldera, el 9 lo hizo Rómulo Betancourt.

Aunque el rol de la Junta Patriótica fue clave en la crisis terminal de la dictadura y en los primeros meses luego del 23 de enero de 1958, en la medida en que avanzó la reinstitucionalización del país, la reactivación de las direcciones de los partidos políticos y del Comité Sindical Unificado, empezó a generar tensiones en el seno de las mismas fuerzas democráticas las múltiples expresiones y el difícil lugar de la Junta Patriótica. A lo largo del todo el año 1958 esta tensión se expresó en la progresiva ampliación de la Junta Patriótica que se realizó en la misma medida en que fue perdiendo peso político, no solo frente al gobierno sino también frente a las direcciones nacionales de los partidos políticos que vuelven a ocupar su espacio en la esfera pública, desvaneciéndose la posibilidad de que dicha Junta le diera forma a la transición política. No podían coexistir dos direcciones políticas.

“Desde el 21 de enero la ciudad de Caracas se había convertido en un espacio de movilización, recurrente pero relativamente moderada, aspecto que se va a extender durante todo el año 1958”.

Si algo se trasluce de la lectura de los periódicos, de las entrevistas a los protagonistas, en la recurrencia del denominado “Espíritu del 23 de enero”. En esta frase, que ratifica un clima fundacional y unitario de las fuerzas democráticas, hay una mezcla de realidades vividas e ilusiones, en acciones unitarias y en una búsqueda, un ansia, de preservar dicha unidad para enfrentar la amenaza real de una regresión militar. Lo paradójico del proceso es que el naufragio de la unidad soñada dará paso a la construcción efectiva de la unidad posible: el Pacto de Puntofijo no contradice el Espíritu del 23 de enero, sino que es su continuidad práctica, la expresión posible.

La calle también es un actor. Desde el 21 de enero la ciudad de Caracas se había convertido en un espacio de movilización, recurrente pero relativamente moderada, aspecto que se va a extender durante todo el año 1958. En medio de las celebraciones el pueblo liberaría a los presos que se encontraban en El Obispo y en la Seguridad Nacional, tomarían la Urbanización 2 de diciembre, rebautizándola como 23 de enero, son saqueadas las casas de Pérez Jiménez, Llovera Páez y Vallenilla, así como algunos cabarets frecuentados por funcionarios del régimen depuesto. Pero esta movilización recurrente generó episodios que preocuparon a los dirigentes del tránsito, como lo fueron la presión contra los extranjeros inmigrantes, italianos, portugueses, españoles, quienes habían llegado durante la expansión de la construcción en la década precedente. La visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en mayo, es otra ocasión donde esta movilización coloca en tensión a la transición. El Plan de Emergencia, que se inicia el 14 de marzo, puede ser concebido como una solución coyuntural al problema del desempleo, que se vincula en parte con las continuas movilizaciones.

Esta movilización de calle es uno de los factores que puede incidir, como presión, dentro de los cuarteles militares. Durante más de una década, dependiendo de la perspectiva, desde 1945 o desde 1936, las Fuerzas Armadas se encontraban insertas en el centro de la dinámica de poder en Venezuela. Durante una década el gobierno autoritario había pretendido gobernar en nombre de los militares como corporación, habían manejado poder efectivo, y no todos iban a entregarlo sin resistencia.

Resolver la transición de la dictadura a la democracia entre los sectores militares fue una de las tareas más difíciles de resolver. La expulsión de Hugo Trejo representa un paso en la dirección de apaciguar la intranquilidad de los cuarteles respecto al rol militar en el régimen que se anunciaba.

Pero serán justamente los dos intentos de golpe de Estado, el de Jesús María Castro león, Ministro de la Defensa de la Junta, y de Juan De Dios Moncada Vidal, los catalizadores que llevarán a la negociación y firma de un acuerdo político, que adquiere su carácter más claro en el denominado Pacto de Puntofijo, y en el menos conocido, pero igualmente importante, Programa Mínimo Común.

La presión de Castro León sobre la Junta de Gobierno, al presentarle el 23 de julio, una forma de “ultimátum” desencadena el intento de Golpe de Estado, que es respondido con manifestaciones públicas masivas. El 7 de septiembre será la insurrección de Moncada Vidal. Ambos pronunciamientos pueden ser entendidos como expresiones del sector militar conservador que pretendía postergar la transición a la democracia para preservar estructuras de poder que la institución armada había detentado por una década. Esta presión militar se convirtió en un impulso para que el liderazgo civil llegara a un acuerdo explícito.

“La candidatura unitaria para la Presidencia de la República parecía ser, a ojos de la opinión pública de la época, la consecuencia natural del Espíritu del 23 de enero. Pero las múltiples conversaciones al respecto fueron infructuosas…”

La intranquilidad en las calles de las ciudades, en el contexto de una recesión económico iniciada en 1957, que se expresó en el incremento del desempleo, urbano y rural, motivó varias respuestas. Una de las más interesantes fue el convenimiento o avenimiento obrero patronal. La CTV, el movimiento obrero, fue ilegalizado y perseguido durante la dictadura. El proceso de apertura política y liberalización de 1958 permitió la reaparición del movimiento de trabajadores. Antes de la reconstitución plena de la CTV, el movimiento obrero se agrupó en el Comando Sindical Unificado. Dicho Comando estaba comprometido con la restauración pronta de un sistema democrático en Venezuela, manifestando su intención de evitar que la conflictividad laboral se convirtiera en ocasión para impedir el tránsito a la democracia.

Frente a esto el rol del empresariado puede ser percibido de una manera distinta, efectivamente Fedecámaras había permanecido funcionando durante la dictadura. Las conversaciones entre el movimiento obrero en proceso de reinstitucionalización y los sectores empresariales se desarrollaron desde febrero de 1958. La firma del acuerdo entre el Comité Sindical Unificado y Fedecámaras, como parte de la política de acuerdos y pactos que le dio forma a la democracia venezolana, tuvo como impulso fundamental evitar el retroceso autoritario. Los sindicatos fueron los primeros interesados en que se hiciera posible.

La tregua obrero-patronal es firmada el 25 de abril. Se incorporaba la creación de comisiones de empresas y sindicatos para estudiar los problemas del capital y la clase trabajadora, así como se afirmaba la reivindicación de la libertad de la organización sindical sin interferencias.

La transición tenía que expresarse en un proceso electoral: tenía que elegirse un gobierno que fuera popularmente legítimo, y esto también generaba resistencias, y pasiones. Desde su primer Decreto la Junta de Gobierno plantea como su objetivo enrumbar a Venezuela hacia un Estado democrático de Derecho. El 22 de febrero se crea una Comisión para redactar un proyecto de Ley Electoral, esta se juramentó el 4 de marzo. El 18 de junio se crea el Consejo Supremo Electoral, y se designan sus miembros.

La candidatura unitaria para la Presidencia de la República parecía ser, a ojos de la opinión pública de la época, la consecuencia natural del Espíritu del 23 de enero. Pero las múltiples conversaciones al respecto fueron infructuosas, las candidaturas independientes, impulsadas fuera y dentro de muchos partidos, no alcanzaron el consenso suficiente. La pérdida progresiva de importancia de la Junta Patriótica es un proceso que dificulta, de hecho, la consecución de un candidato único.

Las candidaturas de Wolfgang Larrazabal, con el apoyo de URD y del PCV, de Rafael Caldera, de COPEI, y de Rómulo Betancourt, por AD, terminaron por hacer imposible una candidatura única. Será luego del intento de Golpe de Estado liderado por Juan de Dios Moncada Vidal, que la posibilidad de una reacción militar, obligue a adelantar algún tipo de pronunciamiento unitario, esto sería el lugar que vino a cumplir el Pacto de Puntofijo, firmado finalmente el 31 de octubre de 1958.

En la preservación de la unidad posible podemos entender el lugar del Pacto de Puntofijo, de allí que hasta el mismo Partido Comunista aprobó gran parte de lo establecido en el mismo. Este acuerdo, junto con el Programa Mínimo Común, fue posible tras nueve meses de conversaciones y treinta años de lucha política, ambas expresiones de la tradición democrática venezolana.

“Así, contra todo pronóstico, contra los vaticinios más negativos, los venezolanos demostramos la capacidad de tomar las decisiones correctas en los momentos claves…”

El interés en el Programa Mínimo Común deriva de que constituye la expresión sintética de los consensos en materia de políticas públicas que le darán forma a la democracia venezolana durante las cuatro décadas posteriores. Asimismo, puede rastrearse a partir de su lectura, varios de los debates que polarizaron a la sociedad venezolana luego de la muerte de Juan Vicente Gómez y hasta la caída de la dictadura militar. La redacción de artículos como los referidos al modelo económico, al rol del Estado y su interacción con el sector privado y con los capitales extranjeros, refleja la coexistencia de acercamientos ideológicos diversos.  En ese mismo sentido, el reconocimiento del rol fundamental del Estado en la educación al mismo tiempo que reconocía la libertad de enseñanza expresaba esa misma intención de construir amplios consensos, que superaban los límites estrictos de los partidos políticos.

A pesar de la centralidad que los partidos políticos tienen en la vida democrática que se desarrolla desde la firma del Pacto de Puntofijo el Programa Mínimo Común, y la práctica política posterior así lo ratifica, brinda mensajes claros a sectores sociales que se consideran importantes para el sostenimiento, lo que hoy podría llamarse la gobernabilidad, del nuevo sistema.

De esta manera, vemos que tras la disolución de los consensos construidos entre 1948 y 1952, lo que fue un factor determinante en el derrumbe del gobierno militar, hay una intención en los decisores de construir un nuevo consenso social, que incluya a empresarios, trabajadores y a la Iglesia Católica, alrededor de un proyecto nacional democrático de desarrollo, planificado por un Estado democrático y pluralista.

La redacción consensuada de una Constitución Democrática en 1961, lo debatido en el Segundo Congreso por la Paz y la Democracia (1962) y el mal denominado Concordato con la Santa Sede (1961-1964) fueron parte de una nueva política de acuerdos para ampliar la base de apoyo de la naciente democracia. Esto estableció también unas reglas institucionalizadas del funcionamiento del poder que buscaban maximizar el consenso y minimizar el conflicto, lo que caracterizaría la democracia venezolana.

Si entendemos el Pacto de Puntofijo en su contexto histórico, y en el marco de una política generalizada de creación de amplios acuerdos fundacionales, representó uno de los procesos más inclusivos y representativos de la historia venezolana. La articulación entre los partidos y la ciudadanía se encontraba en proceso de ampliación en el escenario postautoritario.

Así, contra todo pronóstico, contra los vaticinios más negativos, los venezolanos demostramos la capacidad de tomar las decisiones correctas en los momentos claves, para dirigir el destino de Venezuela, hacia la construcción de un sistema democrático pluralista y competitivo. Una democracia que se mantuvo estable durante cuatro décadas, el período más largo de estabilidad de la historia venezolana, con la novedad de prosperar bajo gobiernos elegidos en comicios libres, competitivos y alternativos. Nada de esto estaba asegurado el 23 de enero.