El 11 de marzo, día en que la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia, había 118 mil infectados en 114 países, y 4 mil fallecidos. Un mes y seis días después, el virus está en prácticamente la totalidad de los países del mundo, con más de dos millones de infectados y casi ciento cincuenta mil fallecidos.
Al ser el coronavirus altamente contagioso, los Estados han tomado medidas extremas para disminuir el contagio y evitar que el sistema de salud de cada país colapse con una gran cantidad de infectados.
Pero, ¿hasta qué punto las medidas tomadas por los Estados pueden atentar contra los principios de la democracia liberal? Las medidas, anunciadas en la mayoría de los casos mediante el decreto de un estado de emergencia nacional, coaccionan derechos fundamentales como la libertad de tránsito, de reunión, e incluso podrían ir más allá.
Algunos Estados, en alianza con grandes empresas de tecnología han desarrollado aplicaciones móviles que permiten monitorear a los ciudadanos infectados, para evitar que puedan propagar la enfermedad, lo que podría considerarse una violación a la privacidad. En Alemania, el Ministerio de Salud propuso la ‘Ley de Protección contra Infecciones’ que permitiría contener el contagio realizando este seguimiento; un sistema similar llamado “detector de contacto cercano” se está utilizando en China desde principios de febrero.
La preocupación por la utilización tergiversada de estas medidas, que son para proteger a un país de los efectos del virus, se presenta especialmente en Estados donde la democracia ya estaba debilitada antes de la pandemia, o incluso donde ya presentaban fuertes rasgos autocráticos. Naciones con instituciones debilitadas, sin una clara división de poderes, y en donde en la mayoría de los casos el Ejecutivo acumula para sí una considerable cantidad de poder.
Poco más de un mes llevan implementadas las medidas y muchos pensadores han alertado de los peligros de que estas decisiones puedan perpetuar en el poder a gobiernos con características autoritarias, hiriendo de muerte a la democracia.
El parlamento húngaro otorgó el pasado 30 de marzo a Viktor Orbán, Primer Ministro desde el 2010, un conjunto de poderes extraordinarios, utilizando como justificativo la necesidad de controlar la llegada de la pandemia a ese país. Podrá suprimir leyes que ya estaban establecidas, suspender procesos electorales e iniciar investigaciones penales a quienes argumenten contra las medidas tomadas por el gobierno para combatir la pandemia, pagándose con prisión de hasta 5 años. Si bien estas medidas pueden derogarse con los votos de dos tercios del Congreso, esto técnicamente es bastante improbable debido a que el partido al que pertenece Orbán tiene la mayoría de los curules del parlamento; esto cercena una de las principales funciones del Poder Legislativo, que es fungir de contrapeso al Ejecutivo. Hungría hace algún tiempo no era considerada una democracia, e incluso había perdido la clasificación de “país libre” otorgada por Freedom House.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha tomado drásticas medidas para combatir al coronavirus en su país. Entre ellas, el confinamiento total desde el pasado 21 de marzo. Las personas que violaran esto debían ser detenidas y enviadas a centros de confinamiento sanitario. El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia decretó que dicha medida es ilegal, por lo que instaron a los cuerpos de seguridad a “abstenerse de privar de libertad en la forma de confinamiento” a los ciudadanos que incumplan la medida decretada. Ante ello, Bukele emitió una serie de declaraciones vía Twitter en donde recalca que “El Gobierno de El Salvador continuará ejecutando al 100% el Decreto 19, con todas sus disposiciones”, dejando claro que no acataría la sentencia del Poder Judicial, violando un precepto democrático fundamental. Según Human Rights Watch (HRW), Bukele ha promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su Gobierno.
Venezuela vive una crisis humanitaria compleja desde hace al menos tres años, lo cual deja en evidencia un sistema de salud muy debilitado que no puede atender ninguna pandemia. El régimen de Nicolás Maduro decretó estado de emergencia el pasado 13 de marzo y a la actualidad existen según sus fuentes poco más de 200 casos y 9 fallecidos, lo cual es muy difícil de confirmar por organismos de salud que no estén vinculados al régimen de Maduro. Medios de comunicación que cubren y denuncian las medidas que toma el régimen frente a la pandemia han sido atacados, contabilizándose hasta la fecha 42 casos, que incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, bloqueos a páginas de internet informativas, así como borrado de material por parte de efectivos de seguridad.
El mundo cambió con la llegada de la pandemia. El coronavirus pone en jaque muchas de las estructuras que, hasta hace poco más de un mes, creíamos permanentes. Las democracias liberales tienen el reto de realizar una profunda revisión interna. Existe una gran preocupación de que países con tendencias autocráticas, puedan volver permanentes medidas que supriman derechos fundamentales. Autores como Yuval Noah Harari con su artículo de Financial Times “El mundo después del Coronavirus” y Henry Kissinger que plantea “Un cambio del Orden Mundial por el Coronavirus” nos remarcan la necesidad de comprender la profunda transformación que conlleva los eventos que vivimos.
Hoy más que nunca debemos proteger a nuestras democracias de pretensiones autoritarias que utilicen la pandemia como un elemento externo perfecto para establecer medidas que les otorguen poderes permanentes. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de las organizaciones en defensa de derechos humanos y de nuestros propios valores como ciudadanos.