Hugo Chávez Frías recibe la Banda Presidencial el 2 de febrero de 1999 de manos del recién electo Presidente del Congreso Nacional, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, ya que el Presidente Rafael Caldera no quiso colocársela él mismo, y esto fue interpretado como un símbolo. Chávez, por su parte, juró sobre la “Constitución moribunda” de 1961, haciendo alusión a que se iniciaba un proceso constituyente que conduciría hacia la redacción de una nueva constitución, de acuerdo con lo que fue su oferta electoral básica.
Es necesario recordar que por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de entonces, las elecciones de diputados y senadores al Congreso Nacional, así como gobernadores y alcaldes, tuvieron lugar en noviembre de 1998, un mes antes de las presidenciales, y en ellas fue ostensible el crecimiento electoral de las fuerzas que respaldaban la candidatura de Chávez, por ello el Congreso Nacional fue presidido por uno de sus seguidores. Entonces, también, la fuerza regional de AD y COPEI bajó en relación con años anteriores, pero todavía era consistente. Además, conviene señalar que la abstención en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 fue 36,54 %, experimentándose una leve baja en relación con el 39,84 % de las presidenciales de 1993. No obstante la baja, los niveles de abstención seguían siendo muy altos, lo que habla de una falta de entusiasmo por parte de un sector considerable de la población. Esto hay que recordarlo porque es elocuente: Chávez no gana las elecciones impulsado por una ola de respaldo popular arrollador. Según datos oficiales del CNE la abstención más baja tuvo lugar en las elecciones de 1968, con 3,3%, seguida de la abstención de 1973, 3,5%; de tal modo que la comparación revela también que el respaldo a la cita electoral bajó en 20 años notablemente, denotando una erosión. La caída entre 1973 y 1993 fue de 3,5% a 39,8%. Es imposible que esto no sea un indicador importante, así como el hecho evidente de que en el momento de ser electo por primera vez Chávez, la abstención fue muy alta.
Las elecciones regionales de noviembre de 1998, ya reflejaron un cuadro distinto en relación con las de 1995. AD perdió varias gobernaciones, conservando 7, COPEI mantuvo 4, el MAS 3, el MVR obtuvo 2, el PPT 2, Proyecto Venezuela, Convergencia y La Causa R, 1 cada uno. Estos comicios ya anunciaban lo que vendría un mes después.
El 25 de abril de 1999 tuvo lugar un Referéndum Consultivo Nacional que invitaba a responder a una pregunta sí o no. La pregunta fue: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?” Participó el 37,65 % de los electores, y se abstuvo el 62,35 %. De los que participaron, el 87,75 % dijo que sí. De inmediato se convocó a elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Los comicios tuvieron lugar el 25 de julio de 1999, con el sistema nominal, y fue por ello que la mayoría de los electos, salvo seis diputados, eran afectos al gobierno, ya que el sistema nominal abolía el sistema proporcional de las minorías, produciendo un extraño cuadro, en el que cerca del 40 % de la población votó a favor de los candidatos de la oposición y, sin embargo, obtuvo el 5% de los escaños (6), mientras el 60 % a favor del gobierno obtuvo cerca del 95 % de los diputados (125). A todas luces, la representación no reflejó la voluntad nacional en su exacta dimensión, produciéndose un daño ostensible a la voluntad del 40% del electorado. Esto ocurrió porque entonces ya tenía en boga varios años la democratización que traería la uninominalidad, cuando en verdad ocurrió todo lo contrario, perjudicándose severamente el espíritu democrático. En todo caso, constituida la Asamblea Nacional Constituyente, y presidida por Luis Miquilena, la redacción de la nueva constitución comenzó de inmediato.
La Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso de la soberanía que en ella había depositado el pueblo, intervino el Poder Judicial y, también, el parlamento que había sido electo en noviembre de 1998. La llamada “Reforma Judicial” comenzó a desarrollarse, causando convulsiones internas de gran peso, sin que todavía pueda sentirse que el Poder Judicial ha mejorado en relación con el que entonces imperaba sino por lo contrario, al día de hoy es bastante menos autónomo de lo que entonces era. En otras palabras, la reforma de fondo sigue pendiente.
El 30 de agosto de 1999 la Asamblea decreta una “emergencia legislativa” y suspende toda actividad del Congreso Nacional electo en 1998, pero será el 27 de diciembre del mismo año cuando la Asamblea Nacional Constituyente haga cesar el mandato del parlamento electo en 1998. Quedaba, pues, disuelto el Congreso Nacional. A partir de entonces, y hasta la elección de la Asamblea Nacional bajo la nueva constitución, funcionó el llamado popularmente “Congresillo”, que estuvo seis meses en funciones, entre enero y agosto de 2000, operando como una suerte de comisión delegada, integrada por 21 miembros. Todos estos cambios, tuvieron lugar en medio de las más enconadas protestas de la oposición, y dentro de un clima de grandes tensiones en el país.
La Constitución de 1999
La Constitución Nacional de 1999 introduce cambios importantes en relación con la de 1961. Desaparece la bicameralidad del parlamento, y pasa a llamarse Asamblea Nacional, con una sola cámara. Los militares adquieren la posibilidad de votar. El período presidencial se extiende a seis años con una reelección inmediata, mientras el período de los diputados se mantiene en cinco años, hasta con dos reelecciones inmediatas. A los gobernadores y Alcaldes se les extiende el período a cuatro años con reelección. La democracia que persigue el texto constitucional deja de ser Representativa y pasa a ser “Participativa y Protagónica”, vocablos que no se sabe con exactitud qué significan en la práctica. Se debilita el control civil sobre el estamento militar al despojar al Poder Legislativo del análisis de los ascensos militares. Se establece la posibilidad de convocar a Referéndum Revocatorio a mitad de mandato de todos los cargos electos por voluntad popular y, además, la república pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela. A los clásicos tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la Constitución le sumó el Ciudadano y el Electoral. El primero está integrado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, la carta magna creó la figura del Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Presidente de la República.
El Referéndum en el que se consultó sobre la aprobación o no de la nueva Constitución Nacional tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, en medio de la tragedia del deslave de estado Vargas. La abstención fue del 55,63 % según datos oficiales del CNE, de modo que el 44 % de los electores aprobaron con 71,78 % la Constitución mientras el 28,22 % dijo No. Repito, el 55,63% se abstuvo de votar.
Sobre la base del nuevo texto constitucional se convocaron a elecciones presidenciales, de gobernadores y alcaldes, y de diputados a la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2000. La oposición halló en el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el contrincante de Chávez. Se dio la circunstancia de que los dos candidatos que polarizaron los comicios, eran hijos de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Cifras muy similares a las de 1998 arrojaron las elecciones: Chávez 59,76 %, Arias Cárdenas 37,52 %, Claudio Fermín 2,72 %. La abstención ascendió a 43,69 %. En el universo regional el cuadro cambió notablemente: el MVR obtuvo 11 gobernaciones, el MAS 4, el PPT 2, lo que sumaba un total de 17 gobernadores a favor del gobierno. AD alcanzó 2, Proyecto Venezuela 1, COPEI 1, Convergencia 1, y Un Nuevo Tiempo 1. Permanecían los liderazgos locales, y desaparecían los menos fuertes. La Asamblea Nacional estaría a partir de ahora compuesta por el 44,38 % de diputados de los partidos de gobierno, el 16,11 % de AD, el 6,94 % de PV, el 5,10 % de COPEI, el 5,03% del MAS, entre otros. A todas luces, venía construyéndose una nueva hegemonía política, integrada por las fuerzas afectas al proyecto político del presidente Chávez.
En la Alcaldía Mayor era elegido Alfredo Peña con el apoyo del MVR. Este partido, por cierto, fue creado con motivo de la contienda electoral de 1998, después de que Chávez se convenció de que el camino para llegar al poder era electoral. El Movimiento V República (MVR) alude desde su denominación a la llegada de la V República. Las cuatro anteriores fueron, según esta tesis, las siguientes: La República de 1811, que se pierde en 1812; la República de 1813, que se pierde en 1814; la República de Colombia (usualmente llamada “Gran Colombia”, aunque esa denominación jamás existió) en 1819, que se pierde con la separación en 1830, y la cuarta, que funda el general Páez en 1830 y que, según la versión oficial, sería sustituida por la V República, nacida en 1999. Esta periodización es caprichosa, lo cierto es que la república de Venezuela se funda en 1811 y experimentó interrupciones y cambios hasta que se consolida en 1830.
Habiéndose juramentado Chávez de nuevo el 19 de agosto de 2000, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el 4 de abril de 2001 que el período de seis años comenzaba el 10 de enero de 2001. Así fue: el sexenio se inició ese día, y concluiría en enero de 2007, con elecciones presidenciales en diciembre de 2006.
El precio del petróleo comienza a subir
Comienza un nuevo período presidencial de seis años con los precios del petróleo en franca recuperación en los mercados internacionales. Son varias las causas que los analistas han apuntado como explicación al aumento de los precios a partir de 1999, muy similares a las esgrimidas para los aumentos de 2004, 2005 y 2006, cuando el precio del crudo llegó a sus más altos niveles en la historia. En todo caso, si el precio promedio del barril de petróleo venezolano fue de 20,25 $, lo que significaba un aumento en relación con años anteriores, en particular con los años 1997 y 1998 donde cayó por debajo de los 10 $ por barril, este incremento le permitió al gobierno engrosar las Reservas Internacionales, y contemplar planes de mayor intervención estatal en el economía, ya que se contaba con mayores recursos para ello.
La Asamblea Nacional a solicitud del Ejecutivo le aprobó una Ley Habilitante para poder legislar promulgando cerca de 49 leyes. Entre ellas la de Tierras y la de Hidrocarburos. La oposición, muy debilitada en sus estructuras partidistas, se reunió alrededor de la fuerza sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), presidida por Carlos Ortega, y de Fedecámaras, presidida por Pedro Carmona Estanga, y también los medios de comunicación social adversos al proyecto político del gobierno. El 10 de diciembre tuvo lugar un Paro General convocado por ambas organizaciones y el respaldo de la población fue significativo. Luego, el 23 de enero de 2002, con motivo de la celebración de los 44 años de la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, la oposición organizó una marcha multitudinaria, en la que se recogía un consistente descontento de parte de un nutrido sector de la población en contra de la política del gobierno.
El ambiente político nacional venía caldeándose por distintos frentes. La crisis avanza hacia un desenlace. Se formula un acuerdo nacional por parte de diversos sectores y el gobierno no forma parte de él. La gerencia meritocrática de PDVSA se rebela ante la nueva Junta Directiva de la empresa, presidida por Gastón Parra Luzardo, aduciendo que se viola el principio de no politización de la compañía. El 4 de abril se inicia un paro de actividades. La CTV se suma al paro el 9, después de que el 7 el presidente Chávez despidiera por televisión, y usando un pito de árbitro de fútbol, a la plana mayor gerencial de la empresa. Este hecho, nunca antes visto en nuestra historia, fue reconocido por el propio Chávez, en entrevista publicada con Marta Harnecker, como un exceso inexcusable y, sin duda, contribuyó con que se sumaran al paro sectores que habían permanecido al margen de la situación. El 8 y el 9 el gobierno insiste en que la situación del país es normal, pero la calle y los medios de comunicación dicen algo distinto.
Los hechos del 11 de abril de 2002
La marcha del 11 de abril de 2002 convocada por todos los sectores de oposición parte del Parque del Este, en Caracas, y se espera que concluya en Chuao, en una de las sedes de PDVSA. La concentración alcanzó, según cifras autorizadas, cerca del millón de personas, que se dispusieron a llegar hasta el Palacio de Miraflores, con el objeto de presionar al gobierno. El presidente Chávez, desde la sede del poder Ejecutivo, ordenó la activación del Plan Ávila, protocolo militar defensivo, diseñado para enfrentar situaciones de alta peligrosidad. El general encargado de recibir la orden del Presidente desatendió la instrucción, con lo que la cadena de mandos se deshizo y el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, el Presidente de la República, quedó desautorizado. Mientras tanto, los enfrentamientos armados en las inmediaciones del Palacio Presidencial iban dejando su saldo de alrededor de 20 muertos y más de cien heridos.
El no acatamiento de la orden presidencial de implementar el Plan Ávila desata una crisis militar a partir de la tarde del 11 de abril. En la madrugada del 12 el Ministro de la Defensa y general de Tres Soles, Lucas Rincón Romero, le informa al país por cadena de televisión que el Alto Mando Militar le ha solicitado la renuncia al Presidente de la República y éste ha renunciado, y que ellos mismos ponen sus cargos a la orden. No obstante lo afirmado por el general Rincón, la renuncia escrita y firmada por parte del presidente Chávez no había tenido lugar. Al parecer, el Presidente estuvo decidido a hacerlo, pero exigió que se le permitiera salir del país con su familia y allegados, pero los generales reunidos en Fuerte Tiuna no accedieron a la petición, y prefirieron dejarlo detenido en el territorio nacional, a la orden de la custodia militar. Al no recibir respuesta afirmativa a sus peticiones, Chávez no firmó la renuncia, con lo que creaba un problema constitucional del que no se advirtió su magnitud, ya que al no hacerlo, y no haber abandonado el país, no podía invocarse su abandono del cargo como expresión de renuncia.
En este limbo constitucional, asumió la Presidencia de la República, sin que nadie lo hubiera elegido para ello, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga. Desde el palacio de Miraflores disolvió a la Asamblea Nacional y al resto de los poderes públicos, rodeado por el Alto Mando militar que había desatendido las órdenes de implementación del Plan Ávila. La situación era a todas luces inconstitucional. La carta magna dice que ante la ausencia del Presidente de la República asume el Vicepresidente, que entonces era Diosdado Cabello, y éste estaba obligado a convocar a elecciones en treinta días. Si el Vicepresidente no asume por cualquier motivo, la soberanía popular pasa a la Asamblea Nacional que, como ocurrió en el pasado, podría haber tomado la determinación de designar a un presidente interino y convocar a elecciones. Nada de esto ocurrió. Por lo contrario, Carmona Estanga incurrió en una extralimitación inconstitucional, sobre la base de la información dada por el general Rincón, en la que informaba de la renuncia del Presidente de la República.
El general Raúl Isaías Baduel, al mando de fuerzas leales al gobierno en Maracay, comenzó a presionar para que se respetara el hilo constitucional, y los generales que habían roto la línea de mando no hallaron mejor restitución del hilo constitucional que aceptar el regreso del presidente Chávez al poder. Entonces, fue traído desde la base naval de la isla de La Orchila y le fue entregada la Presidencia de la República por parte del Vicepresidente, Diosdado Cabello. Este hecho, por cierto, es muy discutido por constitucionalistas, ya que señalan que una vez asumida la Presidencia por el Vicepresidente, no es posible retornarla de la manera en que se hizo, sino mediante otros pasos constitucionales no previstos. El 14 de abril Chávez retorna al Poder Ejecutivo ante el desconcierto de la oposición y la alegría de sus seguidores.
El 14 de agosto de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en torno a los hechos, indicando que no había tenido lugar un golpe de Estado sino un vacío de poder. Sin embargo, en 2005 la sentencia se hizo revisar, una vez que la correlación de fuerzas en el Tribunal varió, y la sentencia fue anulada, apoyándose el criterio del Ejecutivo de que se trató de un golpe de Estado y no de un vacío de poder. Los muertos se los atribuyen unos a otros. El gobierno inculpa a la Policía Metropolitana, entonces al mando del Alcalde Alfredo Peña, mientras la oposición inculpa a fuerzas militares y francotiradores apostados en azoteas de edificios aledaños al palacio de Miraflores. En todo caso, la Comisión de la Verdad que se buscó crear no se conformó como tal, y será difícil que los hechos se esclarezcan en el futuro. Fue una jornada dolorosa para el país, una crisis a la que se llegó por evidentes deficiencias del liderazgo político de quien estaba en condiciones de evitarla.
El regreso de Chávez al poder lejos de conjurar la crisis la potenció. A la Plaza Altamira comenzaron a llegar militares activos y retirados a pronunciarse en contra del gobierno, mientras este formaba parte de una comisión presidida por el Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo, y representantes del gobierno y de la oposición. Los pronunciamientos de la Plaza Altamira fueron acompañados durante estos meses de 2002 con marchas y manifestaciones que hacían evidente el multitudinario apoyo de la oposición. Los resultados de la Comisión negociadora de la OEA no satisficieron al gobierno ni a la oposición. Quizás esto ocurrió porque se esperaba más de lo que ella podía dar.
El paro petrolero
El 2 de diciembre de 2002 comenzó un Paro Petrolero que buscaba la renuncia del Presidente Chávez, pero después de 62 días, esto no ocurrió. Al Paro Petrolero se sumó casi toda la industria nacional. La crisis era generalizada. La escasez de gasolina se tornó crónica, hasta que el gobierno pudo retomar la industria petrolera a finales de enero de 2003 y despidió a cerca de 20 mil trabajadores que se habían sumado al llamado de la huelga. Entre tanto, el país se dividía cada vez más, llegando a polarizarse de manera nunca antes vista. Los niveles de popularidad de Chávez habían bajado ostensiblemente. La oposición buscaba adelantar un Referéndum Revocatorio, pero este sólo pudo convocarse de acuerdo con lo pautado por la Constitución Nacional para agosto de 2004. El gobierno buscaba ganar tiempo.
Confesó el presidente Chávez por televisión que un encuestador de una firma norteamericana contratada por él, le señaló que si no hacía algo perdería el Revocatorio. Quizás por ello se diseñaron las Misiones y comenzaron a desarrollarse a mediados de 2003. Este sistema busca resolver cuellos de botella que la propia ineficacia burocrática del Estado va creando con el tiempo. La Misión Robinson, que enseña a leer y escribir a los analfabetos, es un reconocimiento de que el sistema educativo nacional ha fallado en este cometido. La Misión Ribas, que permite cursar la escuela primaria en tiempo reducido, reconoce que la deserción escolar sigue siendo altísima en el país. El programa Barrio Adentro, adelantado con médicos cubanos, es una aceptación tácita de que el sistema nacional de salud no funciona eficientemente. Otros programas, como la Misión Mercal, buscaban abaratar los productos alimenticios de la dieta diaria a través de una cadena de comercialización pública, sin márgenes de ganancia. Otras misiones, como Vuelvan Caras o Sucre, nacen de esta necesidad de hacerle llegar al pueblo bienes que de otra manera es difícil que lleguen hasta los más necesitados. Por otra parte, la necesidad y aceptación de las Misiones ha sido un reconocimiento a la urgencia con que se requiere una reforma del Estado, que lejos de mejorar se hace cada vez más inoperante.
Con mejores índices de popularidad, reflejados por las encuestas, el Referéndum Revocatorio tuvo lugar el 15 de agosto de 2004, y el resultado entregado por el CNE arrojó un 59,06% a favor de la permanencia de Chávez en el gobierno y un 40,64 % en contra. Un sector mayoritario de la oposición denunció un fraude electoral, pero hasta ahora no ha podido demostrarlo. El Centro Carter avaló la limpieza del proceso comicial. La desmoralización de la oposición fue total.
Con la sensación de haber sido víctimas de un fraude electoral la mayoría de la oposición se abstuvo de participar en las elecciones regionales de octubre de 2004, entregándole a las fuerzas políticas del gobierno 22 de las 24 gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. La abstención fue enorme. La oposición siguió denunciando infructuosamente un fraude electoral o la inexistencia de condiciones mínimas para asistir a los comicios. El proyecto hegemónico, nunca desmentido por Chávez, daba un paso hacia delante.
Para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005 la desconfianza de la oposición en el CNE no sólo se mantuvo sino que se incrementó. Esto condujo a que los partidos de la oposición no presentaran candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, produciéndose así la más alta abstención registrada en la historia del país, alcanzando cifras cercanas al 80%. La conducta de la oposición buscaba la deslegitimación del Poder Legislativo, ya que en ningún país del mundo funciona un parlamento en el que sólo están representadas las fuerzas que apoyan al gobierno, pero así es en Venezuela. A todas luces, los diputados de la Asamblea Nacional representan a un sector de la población, dándose así el caso de quedar amplios sectores nacionales al margen de las decisiones que toma el Poder Legislativo. Esta situación afectó notablemente el equilibrio democrático entre los poderes públicos, ya que el poder que por antonomasia recoge la variedad nacional, sólo expresaba a un sector de ella.
En este cuadro de crispación nacional en el año electoral de 2006 se dirimió la escogencia del candidato de oposición entre Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales, decidiéndose la candidatura a favor del gobernador del Zulia. El candidato-presidente Chávez ganó los comicios con cerca del 62,89 % de los votos, mientras Rosales obtuvo 36,85 %. Cifras muy parecidas a las arrojadas por las elecciones presidenciales de 1998 y de 2000, lo que indica la partición del electorado en dos toletes casi inamovibles. El período presidencial a ejercer por el presidente Chávez se inicia en 2007 y concluiría en 2013, de acuerdo con lo pautado por la Constitución Nacional de 1999.
Otro gobierno de Chávez
Con esta tercera victoria electoral (1998, 2000, 2006), Chávez se sintió fortalecido como para intentar una reforma constitucional (vía Referéndum) el año 2007. Con ella pretendía instaurar la reelección indefinida y apuntalar una economía todavía más estatista, que dejaba mínimos resquicios a la iniciativa privada, así como un proyecto político que comenzó a llamar “Socialismo del Siglo XXI”, coordinado por un nuevo partido que sustituiría al MVR: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El resultado del Referéndum de 2007 fue contrario a Chávez, gracias a la incorporación del movimiento estudiantil que adversaba sus políticas. Esta victoria de la oposición, cuando los precios del petróleo estaban en su punto más alto (2007-2008), fue un golpe que acicateó a Chávez para intentar otro Referéndum consultivo ceñido exclusivamente al tema de la reelección indefinida, en el 2009. En este año 2007, en muchos sentidos fatídico para la libertad de expresión en Venezuela, el gobierno no le renovó la concesión a RCTV, dejando fuera del aire a una planta televisiva que formaba parte de la cultura popular nacional, y era un baluarte de la libertad de expresión.
Durante el 2008, con las arcas llenas de dinero, Chávez estatizó todas las empresas de servicios públicos que se habían privatizado en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999), así como se dedicó a expropiar enormes cantidades de tierra útil, que hoy en día no producen prácticamente nada. El estatismo, gracias a la factura petrolera, estaba en su apogeo. También estatizó al sector cementero nacional en este año en que sostuvo no pocas desavenencias y encontronazos con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
En el año 2010 tienen lugar elecciones parlamentarias y la oposición se presenta, alcanzando 67 escaños, contra 98 del gobierno. La cifra revelaba que el caudal electoral del chavismo venía bajando. En junio del 2011 Chávez es operado en Cuba de un tumor canceroso de pronóstico reservado. Sin embargo, se presenta a las elecciones del 7 de octubre de 2012 con la salud seriamente deteriorada, y las gana con un margen menor al del 2006. Henrique Capriles Radonsky obtuvo el 44,31% y Chávez el 55,07% de los votos. Chávez fallece el 5 de marzo de 2013, después de padecer una larga agonía en medio del secretismo menos democrático concebible y se presenta el tema de la elección presidencial. La selección del candidato ya la había hecho el propio Chávez en alocución televisiva en diciembre de 2012, antes de partir a Cuba, cuando le pidió a sus seguidores que sí él faltaba, escogieran a Nicolás Maduro como candidato, y así fue.
El gobierno de Maduro
En las elecciones del 14 de abril de 2013 Nicolás Maduro obtuvo el 50,61% de los votos, mientras Henrique Capriles Radonsky el 49,12% con una abstención de 20,31%. La diferencia mínima (1,49%) condujo a que muchos electores creyeran que había ocurrido un fraude electoral, pero no pudo ser demostrado convincentemente. En todo caso, era evidente que el respaldo popular del oficialismo seguía bajando. Esta misma tendencia se manifestó en las elecciones a la Asamblea Nacional en el 2015, cuando la oposición obtuvo 112 escaños contra 55 del gobierno. La erosión electoral del chavismo se tornó en un deslave que los llevó a ser minoría.
El gobierno de Maduro comenzó muy pronto a experimentar la caída de la producción petrolera nacional, lo que fue dejándolo con un margen de maniobra muy reducida. Por supuesto, la caída de la producción petrolera es atribuible exclusivamente a los errores en el manejo de las políticas públicas durante del gobierno de Chávez y el de Maduro que comenzaba. Algo similar ocurrió en el sector eléctrico: no se hicieron las inversiones que había que hacer y el sector colapsó. ¿Por qué no se hicieron las inversiones en PDVSA y Corpoelec? La respuesta es multifactorial: corrupción, incapacidad técnica y, sobre todo, el desvío de las partidas de inversión hacia el gasto social no reproductivo. En otras palabras, transferencia de recursos a través de las Misiones y descapitalización sostenida, y muy particularmente, en la única fuente de divisas con que contaba el país: su industria petrolera.
La caída de la producción habla por sí sola, según informes de la OPEP: abril 2013: 2.774.000 b/d; abril 2016: 2.490.000 b/d; abril 2017: 2.194.000 b/d; este año comenzó la caída estrepitosa de la producción, ya en noviembre de 2017 se ubicaba en 1.621.000 b/d, y un año después, en noviembre 2018, estaba en 1.137.000 b/d, y en diciembre de 2019 bajó a 720.000 b/d, y en junio de 2020 en 440.000 b/d. ¿Es necesario decir algo más?
En el año 2014 el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, encabeza una protesta denominada “La salida” y es hecho preso. La represión por parte del gobierno para mantener el orden público deja cerca de 40 fallecidos. López es condenado a 14 años de prisión. El año siguiente (2015) es detenido el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y permanece casi tres años en prisión domiciliaria, hasta que logra escapar y se va al exilio.
Justo antes de que entregara la Asamblea Nacional saliente a la entrante, en diciembre de 2015, la primera procedió a designar a los magistrados del TSJ, impidiendo que ocurriera lo natural, que la nueva Asamblea lo hiciera, siendo esta una de sus principales atribuciones. Luego, para impedir que la oposición tuviera mayoría calificada el CNE invalidó y dejó en suspenso la elección de tres diputados, que era lo necesario para que la oposición la alcanzara. No fue suficiente este abuso de poder, abiertamente ilegítimo, sino que el TSJ sentenció en 2016 la nulidad de las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional. La oposición intentó convocar un Referéndum para destituir a Maduro, pero el CNE no validó las firmas recogidas, a pesar de no haber sido ajeno al desarrollo del proceso.
Si bien para el año 2009 se calcula que cerca de un millón de venezolanos había emigrado, será entre 2012 y 2015 cuando la curva ascendente se pronuncie todavía más. Al año 2020, según la ACNUR y la OIM, han emigrado 4.933.920 venezolanos. Penurias económicas, inseguridad, persecuciones políticas son las causas de este fenómeno único en nuestra historia, y único en sus magnitudes en la historia de América Latina. Prueba irrefutable de que las condiciones de vida en el país se deterioraron severamente: nadie emigra de un país donde consigue lo que necesita para vivir dignamente.
En 2017 fue un año de protestas y la represión dejó una cifra de 125 fallecidos por obra de los excesos del gobierno. Este año el gobierno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente sin seguir los procedimientos constitucionales y la oposición la desconoce, y varios gobiernos del mundo también. A partir de 2017 los Estados Unidos aprueba sanciones contra el gobierno de Venezuela, y luego un vasto sector de la comunidad internacional toma medidas similares. Al año siguiente (2018) el gobierno convoca a unas elecciones presidenciales y la abstención rondó el 80%, deslegitimándose aún más el gobierno, al punto tal que a partir de enero de 2019 cerca de 60 estados del mundo no reconocen a Maduro como presidente legítimo, y sí reconocen al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó.
Por otra parte, la hiperinflación en Venezuela comenzó en noviembre de 2017 y, para diciembre de 2018 sumaba 1.698.488 %, siendo el año de mayor porcentaje. En el 2019 bajó a 7.374%, pero no ha podido ser abatida. La hiperinflación trajo la escasez de bolívares circulantes y dos consecuencias económicas: el abandono fáctico del control de precios y la consecuente desaparición de la escasez de productos, y la dolarización de la economía. Los estudios de Ecoanalítica informan que para junio de 2020 el 62% de las transacciones en el país se realizan en dólares. También en el 2019, en marzo, colapsó el sistema eléctrico nacional y en estados como Zulia el apagón eléctrico se prolongó por meses, impidiendo las transacciones bancarias y profundizándose el uso de dólares y pesos colombianos en la vida cotidiana. Como sabemos, y no es el lugar para ventilarlo, la hiperinflación es consecuencia de pésimos manejos de la economía y trae como consecuencia un empobrecimiento general de la población y enormes dificultades; tantas que han hecho aceptar al gobierno medidas anatemáticas para ellos: no controlar precios, dolarizar, abrir las importaciones de productos extranjeros sin aranceles, entre otras. También en 2019 estuvo en Venezuela Michelle Bachelet, Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y al cabo de unas semanas presentó un informe muy crítico acerca de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en particular los de los presos políticos, y las actuaciones de las FAES en los barrios de las grandes ciudades buscando delincuentes.
Hasta aquí la relación de los hechos. Ofrezcamos ahora algunas observaciones sobre este período de dramática destrucción de la capacidad productiva nacional, de profundización de la pobreza y de violación recurrente de los principios democráticos consagrados en la constitución de 1999.
Algunas observaciones
Es evidente que la democracia venezolana sufre una crisis de grandes proporciones que no parece tener fin. Es obvio que en ella nos han sumergido las políticas del gobierno que no ha habido manera de que respeten los equilibrios propios de la democracia, y se han negado de todas las formas posibles a reconocer que son minoría. Todo indica que la asesoría de la dictadura cubana ha sido determinante en el rumbo de las decisiones que ha tomado Maduro. El resultado de toda esta situación lleva a señalar que la democracia venezolana no cumple con los parámetros básicos para ser considerada como tal. Su deterioro se ha pronunciado enfáticamente a partir de 2014, pero ello no significa que durante los años de gobierno de Chávez no se hubieran disminuido ostensiblemente los equilibrios democráticos. En verdad, a juzgar por lo dicho por el propio Chávez en diversos espacios antes de asumir el poder, no era la Democracia Liberal su paradigma, sino algo que él mismo no sabía delinear, pero que a partir del año 2006 se pareció mucho al régimen cubano, solo que la realidad venezolana ha sido terca, y por más que se ha buscado implementar, no ha sido del todo posible. También, a partir del 2007 el gobierno estampó la consigna “Socialismo del Siglo XXI” que, la verdad, se parecía mucho al del siglo XX, como si las experiencias que dieron al traste con éste no hubieran tenido lugar.
La animadversión de Chávez hacia la Democracia Liberal estaba presente desde temprano. En una larga entrevista sostenida con Agustín Blanco Muñoz en 1998, Habla el comandante, lo señala en varias oportunidades, escojo una sola cita: “Pero en cuanto al concepto de esta democracia liberal, creo que pasó su tiempo y es un fenómeno que se presenta en algunos países con unos picos más altos que otros. Creo que es el fin también, de un paradigma, la democracia liberal y su época.” (Blanco Muñoz, 1998:121). En esa entrevista ya alude al sociólogo argentino Norberto Ceresole y su teoría Líder-Ejército-Pueblo, una tesis con rasgos fascistas evidentes, que buscaba destruir los mecanismos de representación para instaurar una relación directa entre el Líder y el Pueblo, con la sola bisagra del Ejército.
Como vemos, desde temprano la negación de la Democracia Liberal fue abriéndole espacio a todo el arsenal antidemocrático. Tiempo después, ya en el poder, comenzó a hablar de hegemonía, un concepto que es abiertamente antidemocrático y la negación palmaria de los Derechos Humanos. Este ímpetu hegemónico fue el que trajo una división de la sociedad que se extiende hasta el presente. Chávez nunca ocultó que gobernaba para sus seguidores, no para sus opositores, a quienes dejaba de lado de los beneficios del Estado. Es difícil imaginar algo menos democrático que esto.
En suma, en estos 21 años se ha tratado de llevar a cabo un proyecto socialista autoritario y hegemónico, alimentado por la factura petrolera, con la que se acorraló a la iniciativa privada, buscando instaurar una sociedad estatizada, que dependía del ingreso petrolero; pero pasó lo que era previsible que ocurriera: se destruyó a PDVSA asignándole tareas diversas para las que no estaba preparada, e impidiendo su capitalización indispensable para la inversión que requería la industria. Los resultados están a la vista.
Todo esto se ha hecho de la mano del sector militar, que ha respaldado la destrucción de valor en el país llevando a la desaparición de cerca de 10 mil empresas en 21 años, produciéndose una caída severa en la producción nacional en todas las áreas de la economía. Tan aguda ha sido la destrucción de valor que la sociedad venezolana tiene enormes dificultades para proveerse los bienes básicos para su vida cotidiana, empezando por el deterioro inimaginable de los servicios públicos (agua, luz, teléfonos, transporte, gasolina) que hacen prácticamente imposible una recuperación económica sin que ocurra un cambio de 180 grados en las políticas públicas del país.
Por último, no falta quien señale que lo que ha ocurrido en Venezuela es resultado de la corrupción, las mafias y la criminalidad, y que esto no es socialismo. Olvidan que cuantas veces se ha intentado el socialismo, los países donde se implanta terminan empobrecidos, en manos de oligarquías arbitrarias, y limitadas o extinguidas las libertades políticas y económicas. No hay un solo ejemplo histórico distinto. Ni uno.