En algunos países llega un momento en el que los ciudadanos comienzan a notar que se están tomando medidas que traspasan los límites establecidos en un marco democrático. Peruanos, chilenos, argentinos, paraguayos, cubanos y venezolanos se han encontrado en esta situación, preguntándose cuáles serán las consecuencias de acciones que luego serán catalogadas como autoritarias por analistas y cientistas políticos. Y si bien a corto plazo, en países como Perú y Chile, se ha recordado a Fujimori y Pinochet como los fundadores de modelos neoliberales que han permitido el posterior desarrollo de políticas económicas efectivas, no se puede negar que en los sistemas autoritarios la institucionalidad democrática se ve gravemente afectada.
Estos sistemas generan cambios que disminuyen el bienestar de los ciudadanos y transforman la cultura política, llevando en algunos casos a la adaptación de las personas a esta nueva manera de vivir en la que sus libertades son vulneradas. Por la necesidad de alejarnos como región de los sistemas autoritarios y de una realidad política en la que la “ciudadanía” es una mera formalidad y no una organización activa que participa en la defensa de una mejor forma de vida, es crucial hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos identificar a un líder autoritario o a un gobierno que busca intervenir poco a poco en el orden democrático de un país?
Para responder esta pregunta, vamos a analizar cuatro ejemplos de estos gobiernos que son generalmente vistos como procesos autoritarios en Latinoamérica, buscando dilucidar cuáles pueden ser las señales que muestran los gobernantes cuando han decidido alejarse de la democracia. Tomaremos en cuenta el gobierno de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), la Junta Militar en Argentina (1976-1983) y Fidel Castro en Cuba (1958-actualidad).
Un primer aspecto a destacar es que, durante su gobierno intervienen en la división tripartita del poder conformada por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En los cuatro casos, se disolvió el congreso y se hicieron cambios en las disposiciones de los órganos judiciales principales o se removieron a los magistrados que desempeñaban funciones en ese momento. Fujimori dio un golpe de estado en 1992, disolviendo el congreso (senado y cámara de diputados) e inició un proceso electoral para conformar una nueva asamblea llamada el Congreso Constituyente Democrático. De igual manera, Pinochet disolvió el congreso cuando llegó al poder después de su golpe de estado en 1973 y a partir de ese momento, las funciones del poder legislativo fueron ejercidas por la junta mientras que la Corte Suprema se vio influenciada por el gobierno. Lo mismo hizo la Junta Militar en 1976 en Argentina, inhabilitando al congreso y removiendo a los cargos judiciales máximos. Jorge Videla asumió el cargo de presidente dentro de un marco donde sus poderes incluían las facultades del poder legislativo y el ejecutivo y trabajó con una comisión de asesoramiento legislativo. Además, se conformó una nueva Corte Suprema con miembros afines al régimen. En Cuba, luego de consagrar una nueva constitución, Fidel Castro asumió los cargos de jefe del Consejo de Estado y Consejo de Ministros, concentrando en su persona una gran cantidad de facultades. Se estipuló que el Partido Comunista era el único partido legal en Cuba, conformando así la totalidad de los escaños en el congreso cubano. No obstante, la separación de poderes no es el único principio democráticos al que estos gobiernos se opusieron con sus acciones. Además de separar el poder, es necesario que haya una alternancia efectiva para permitir la renovación del liderazgo y la aplicación de políticas diferentes que resuelvan los problemas más actuales. Por lo tanto, la resistencia a la salida del gobierno que se evidenció en los cuatros casos también tuvo efectos negativos para la democracia en estos países latinoamericanos.
Fujimori se postuló para un tercer mandato presidencial, señalando que, al haberse promulgado una nueva constitución en 1993, esta candidatura sería la segunda bajo este texto constitucional. Aun cuando según los resultados oficiales este salió electo nuevamente, fue un proceso electoral con condiciones desfavorables para todos los candidatos y partidos que participaron. Por otro lado, si bien Pinochet permitió la celebración de elecciones en 1997 y dejó el gobierno, sucedió después de 13 años de gobierno. Además, después pasó a ser senador hasta que fue enjuiciado por violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su administración. La Junta Militar en Argentina determinó que gobernaría por 3 años con posibilidad de reelección, no obstante, no se realizaron elecciones, sino que la Junta Militar sustituyó al presidente en dos ocasiones. Luego del fracaso argentino en la Guerra de las Malvinas y al encontrarse en una situación económica difícil de manejar, Bignone llama a elecciones y así es elegido Raúl Alfonsín. Por último, luego de asumir el gobierno, Fidel Castro había notificado que se realizarían elecciones un año después, sin embargo, dejó a los cubanos esperando sin respuesta alguna por más de una década. En 1976 comenzó a realizarse un modelo de elecciones cuyas condiciones nunca han sido las necesarias para representar la opinión verdadera de la ciudadanía cubana.
Además de la separación y alternancia de poder, la democracia se basa en un esquema de libertades fundamentales para todos los ciudadanos; libertad de expresión de opinión, asociación, entre muchas otras. Estas libertades, suelen ser vulneradas en los gobiernos autoritarios que buscan acallar las opciones u opiniones políticas que difieran de las del régimen.
Durante el gobierno de Fujimori, se denunció la persecución, tortura y asesinato de personas que se opusieron al régimen, siendo las fuerzas armadas y el Grupo Colina del Servicio de Inteligencia los entes principales que se encargaron de estas acciones. Sin embargo, la magnitud de los crímenes cometidos por el gobierno de Pinochet alcanzó otro nivel. Según el informe Valech de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, se identificaron 33.221 detenciones y 27.255 víctimas. El gobierno de la Junta Militar en Argentina también utilizó la represión, tortura, asesinato e incluso apropiación de menores en contra de sus opositores. Se habla de un aproximado de 20.000 desaparecidos en este periodo. Por último, en Cuba no se han registrado cifras de genocidios en masa, sin embargo, se han evidenciado detenciones arbitrarias contra personas con una opinión política contraria a la del gobierno, especialmente activistas y periodistas. Un joven en Cuba lo describió con la frase “no te matan, pero no te dejan vivir” refiriéndose a que la ciudadanía ha sido silenciada por el miedo y yla no se organiza en mayor medida a favor de la recuperación de la democracia. Cuba es el único país de los anteriores en el que no se han realizado juicios por crímenes de lesa humanidad, mientras que en Perú, Chile y Argentina los antiguos gobernantes fueron sentenciados por sus métodos.
Ahora bien, si utilizamos estos tres puntos en común encontrados en los cuatro gobiernos autoritarios como una guía para identificar el autoritarismo y observamos bien a algunos líderes de la región, tenemos razones para preocuparnos. En Nicaragua el régimen tampoco ha seguido los principios democráticos mencionados y las instituciones democráticas han sido gravemente afectadas desde hace más de una década. Una situación más reciente alarma a la región: el panorama político en El Salvador muestra una inclinación hacia el autoritarismo por parte de Bukele. Desde la victoria en las elecciones parlamentarias su gobierno ha destituido a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema y este órgano, ahora de mayoría oficialista, ha emitido un fallo para permitir la reelección de Bukele a pesar de que la constitución lo prohíbe. Además, el presidente de El Salvador anunció que se inició una investigación judicial contra algunos medios de comunicación y periodistas críticos de su administración.
Si hay algo a lo que debemos aspirar como región, es a constituir una red promovedora del orden democrático, una sociedad internacional que observa atentamente los movimientos de los gobiernos. Luego de un pasado de dictaduras en la mayoría de los países latinoamericanos, esto es a lo que debemos aferrarnos para convertirnos en agentes de cambio: desarrollar una mejor cultura política que nos lleve a la incesable defensa de la democracia que todos queremos alcanzar.