Entrevista
Los acontecimientos de los últimos días han movido la política venezolana de un aletargamiento demoledor. La sensación de “mejora económica” de los años post Covid ya ha desaparecido y vuelve a invadir la incertidumbre y la intranquilidad. Sin embargo, las negociaciones de Barbados y la Primaria opositora irrumpieron la parálisis vigente y, por primera vez en mucho tiempo, se observa cómo la política empieza a moverse. De este movimiento me surgen muchas dudas, pues no es la primera vez que una negociación o una elección lleva al venezolano a una inevitable sensación de derrota. Y es que la experiencia venezolana reciente es traicionera; llena a cualquiera de expectativas para luego arrebatarle, de un solo golpe, cualquier ápice de esperanza.
Conociendo la historia yo me pregunto ¿por qué esta vez habría de ser diferente? Quizás no lo sea, pero la pregunta no está demás. Y es en la pregunta obstinada, esa que repetimos hasta el cansancio porque nada satisface nuestra curiosidad, donde conseguimos alguna pista de lo que estamos buscando.
En este texto no solo estoy buscando comprender la situación, que sin duda es algo primordial, sino entender la posibilidad real de una transición hacia la democracia. Nuestro perenne tormento como sociedad es que aspiramos a una vida mejor y vemos en un cambio de gobierno la posibilidad de cumplirlo, pero esto no termina de materializarse. Es por ello que la discusión de cómo hacer la transición no es trivial.
Gran parte del conflicto interno entre los actores opositores siempre ha sido la falta de consenso sobre cómo lograr esta transición: mientras unos han sido defensores de las elecciones y negociaciones, otros defienden la protesta en la calle y la desobediencia civil. O visto de otra forma, unos están dispuestos a negociar algunos principios para ir gradualmente consiguiendo lo que buscan, mientras que los otros afirman que los principios no se negocian, no importa la circunstancia. Es decir, la típica división entre idealismo y pragmatismo. ¿Cuál es el camino correcto? O mejor dicho, ¿cuál de los dos nos lleva al escenario deseado?
En esta búsqueda de respuestas acudí a Laura Dib, experta en Derechos Humanos, y actualmente directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), porque su perspectiva puede dar luces sobre el momento en el que estamos.
En este momento hay dos procesos en paralelo que están marcando la pauta política en Venezuela. Por un lado están las primarias y por el otro está la negociación. ¿Qué buscan ambos procesos? ¿Y cómo se influyen?
Las elecciones y las negociaciones tienen una relación directa y es que las negociaciones son el único mecanismo que tiene la oposición para tratar de buscar mejores condiciones electorales. Y digo mejores condiciones a pesar de que en principio estoy en desacuerdo con hablar un poco de este lenguaje que hemos visto desde DC de “freeish and fairish elections”, porque realmente lo que buscamos es que haya elecciones libres y justas.
Ahora, desde una perspectiva más realista, sabemos que nos enfrentamos a un gobierno autoritario en donde las condiciones electorales no van a ser fáciles de obtener. La semana después de la primaria, el gobierno demostró que la ruta para el 2024 va a ser dura y cuesta arriba. En ese contexto, las negociaciones permitirían el establecimiento de una ruta para utilizar el voto como herramienta de transformación del conflicto político en Venezuela, que es más fácil dicho que hecho. Hay muchas limitaciones políticas para llegar a esa transformación del conflicto y parte de eso pasa por el hecho de que no hay suficientes incentivos para que Maduro abandone el poder.
Hablando del tema de las negociaciones, también es importante mencionar que existen dos procesos en paralelo. El primero es un proceso formal entre las partes en conflicto dentro de Venezuela, es decir gobierno y Plataforma Unitaria, con la participación de Noruega como facilitador. El segundo es el proceso que sucede directamente entre los Estados Unidos y el gobierno de Maduro; lamentablemente la Plataforma Unitaria no recoge una representación integral de la oposición, ya que esta última es profundamente heterogénea y desarticulada, y las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos son en donde hay ventaja con la que negociar, que son las sanciones.
La Plataforma Unitaria tiene poco con lo que negociar y además tiene poco también en qué comprometerse, porque si miras los acuerdos parciales ¿sobre quién recae la carga de garantizar la actualización del registro electoral? ¿Sobre quién recae la carga de permitir que se levanten las inhabilitaciones para que las condiciones sean justas? Es decir, quien tiene la carga más fuerte del cumplimiento de los acuerdos es el gobierno.
Esto complejiza la situación porque, si bien las sanciones sectoriales han tenido un impacto negativo sobre la emergencia humanitaria que precede esas sanciones, también es cierto que son el principal mecanismo de presión que ha llevado a Maduro a la mesa de negociación.
Mencionaste que en Washington está este discurso de “Freeish and fairish elections” como objetivo. ¿Por qué no estás de acuerdo con esa postura?
Porque, desde una postura basada en principios, debemos buscar elecciones libres y justas. No es que queremos que la elecciones sean un poquito libres, no es que queremos que se torture un poquito menos. No tiene que haber tortura, y punto final.
«Una de las principales preocupaciones que yo tengo es que los intereses económicos estén por encima de la situación de derechos humanos y de la situación política.»
Laura Dib.
Uso este ejemplo porque es muy visual y muy claro, pero en el caso de las elecciones las personas suelen olvidar que, si bien son procesos electorales son de naturaleza política, el ejercicio del derecho al voto y la posibilidad de que una persona se pueda presentar a un cargo de elección pública son dos dimensiones del derecho humano a la participación política. Entonces, cuando hablamos de elecciones estamos hablando de derechos humanos; no puede haber democracia si no hay elecciones libres. La democracia, a su vez, es necesaria para que se garanticen los derechos humanos.
Por eso me hace mucho ruido cuando se dice que hay “mejores condiciones”, como si eso fuese suficiente. Como sociedad civil debemos buscar que las condiciones sean de elecciones libres y justas. En la práctica sabemos que ese camino es demasiado empinado. El hecho de que existan negociaciones y de que existan las sanciones como mecanismo de presión para el proceso de negociación no hace al gobierno de Maduro más democrático, demostrado con la sentencia emitida por el TSJ días después de la primaria, en el caso del amparo interpuesto por el diputado José Brito.
«(…)si bien las sanciones sectoriales han tenido un impacto negativo sobre la emergencia humanitaria que precede esas sanciones, también es cierto que son el principal mecanismo de presión que ha llevado a Maduro a la mesa de negociación.«
Laura Dib.
El camino es muy difícil. Va a estar en la oposición y en el equipo que compone la Plataforma Unitaria de cara a la negociación, la responsabilidad de articularse en torno a unos objetivos comunes para sacar un buen resultado de este proceso. Esa ha sido, creo yo, una de las grandes dificultades que hemos tenido como país: el cierre del espacio cívico y la persecución política, propia de los contextos autoritarios, y que hacen más compleja la coordinación.
¿Qué me puedes decir entonces de la sentencia del TSJ?
Frente al tema de la sentencia, lo primero que hay que decir es que se ha violado completamente el principio de publicidad, porque la sentencia no es pública. Solo tenemos acceso al decisorio. Ya a partir de ahí es un problema y demuestra de nuevo la naturaleza autoritaria del gobierno.
Esta sentencia suspende los efectos de las distintas fases del proceso electoral realizado por la Comisión Nacional de Primaria. En el decisorio se habla de delitos contra la Constitución, delito que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. También ordena la notificación a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de delitos comunes, criminalizando así el ejercicio del derecho a la participación política. Se exige además que se entregue todo el material electoral incluyendo cuadernos de votación y papeletas de votación, que es muy riesgoso desde el punto de vista de seguridad de quienes participaron en un proceso abiertamente opositor.
Adicionalmente, y una vez más, en el decisorio se ratifica la inhabilitación de María Corina Machado. El quid del asunto de la coordinación de la oposición actualmente. Como vimos, se retiraron varios candidatos, entre ellos Henrique Capriles que también está inhabilitado, con el mensaje de que hay que votar por una persona que efectivamente se pueda presentar en el 2024. Es un dilema, incluso ético, para Maria Corina Machado de decidir: ¿Se sigue peleando por la habilitación, porque efectivamente es una violación de derechos y una inhabilitación sin sentencia firme, o escoge un candidato que la suplante y que pueda participar?
En el caso que le dé su apoyo a otra persona, ¿cómo lo van a recibir los 2.3 millones de personas que votaron por ella en la elección primaria? ¿Y si el gobierno igual presenta una inhabilitación a esa persona? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta aún y no pueden olvidarse en el marco del proceso de negociación.
¿Cuáles pudieran ser los próximos pasos para esta oposición que no está coordinada?
Hay que reconocer que la oposición sí ha logrado unirse en torno a una estrategia electoral. Hace aproximadamente dos años todavía había un gobierno interino, y más recientemente la elección primaria fue demostración de un esfuerzo coordinado de la oposición, en torno a una estrategia democrática y pacífica que hace unos años no hubiese sido posible ver. La propia Maria Corina Machado en otras oportunidades cuestionaba la ruta electoral.
Sobre los próximos pasos, pienso que la ruta tiene que ser democrática, y hay países que nos lo están mostrando, a pesar de que también son contextos muy complejos. El caso de Guatemala da luces de que se puede ganar una elección incluso con un gobierno autoritario. No es imposible, en la medida de que la oposición genere espacios de articulación, participación masiva, y logrando también que se respeten algunas garantías mínimas.
«(…) las negociaciones permitirían el establecimiento de una ruta para utilizar el voto como herramienta de transformación del conflicto político en Venezuela, que es más fácil dicho que hecho.»
Laura Dib.
Hay opiniones encontradas en torno a los acuerdos, y personas que piensan que no se debería negociar con dictadores, sin embargo, no se puede negar lo que se ha logrado: Maduro se sentó en una mesa de negociación, y Jorge Rodríguez firmó un documento en donde dice que la elección va a ser en el segundo semestre del 2024, que se va a actualizar el registro electoral, que reconocen la necesidad de que la diáspora pueda votar, y además que existe una Constitución que ellos no cumplen desde el 99. Ya eso es una ganancia importante.
Es una ganancia más simbólica que efectiva, ¿no crees? Porque al final esto lo debía garantizar el gobierno desde antes.
Por supuesto que sí. Es claro que es una obligación constitucional, pero de nuevo, no se nos puede olvidar que estamos lidiando con un régimen autoritario que solo se sentó a la mesa y accedió a cumplir requisitos básicos bajo una enorme presión. Creo que en ese contexto no se puede perder de vista el contexto geopolítico global.
A este punto tenía mucho interés en llegar. ¿Cómo valora la comunidad internacional el acuerdo de negociación?
En acuerdos previos no había habido el acompañamiento de actores de la comunidad internacional como sí lo hubo en esta oportunidad en Barbados. Estuvieron Brasil, Colombia, Argentina, Francia, Países Bajos, Barbados, el representante de la Unión Europea, entre otros.
Pienso que los países que no reconocieron a Maduro en el 2018 y que reconocieron al gobierno interino han llegado a un punto en el que han comprendido que el contexto es muy diferente al del 2019. La política exterior de máxima presión contra Maduro no funcionó. Por el contrario, lo aisló y lo hizo más cercano a otras alianzas nocivas para el hemisferio: con Rusia y con Irán, en la búsqueda de recursos y de sobrepasar las sanciones de Estados Unidos. Es por esta razón que ahora estos países reconocen la importancia de los acuerdos y la valoración es positiva.
«(…) unos están dispuestos a negociar algunos principios para ir gradualmente consiguiendo lo que buscan, mientras que los otros afirman que los principios no se negocian, no importa la circunstancia.»
Rodrigo Gil.
Adicionalmente también considero que estos países tienen la responsabilidad de actuar como veedores de la rendición de cuenta de esos acuerdos que ellos apoyaron donde estuvieron presentes, porque realmente apoyan que haya elecciones libres y justas, donde se respeten los intereses de la nación.
Hay elementos que están presentes en la necesidad de entablar relaciones con esos Estados en la búsqueda de que haya esa presión internacional, pero no desde la perspectiva en que se hizo en el 2019. Lo que hemos escuchado constantemente de las representaciones diplomáticas es que quieren regresar a Venezuela. De hecho, ya algunas de ellas lo han realizado, como España y Portugal.
Y claro, se enfrentan al dilema de entablar relaciones reconociendo a un régimen al que no reconocían en 2018. Eso también tiene su propia dificultad. Parte del reconocimiento vendría dado de este nuevo proceso de elecciones competitivas, y si el gobierno no es capaz de cumplirlas, estos países entrarán en problemas de otra índole.
Exactamente. Cuando empezamos a hablar del tema geopolítico, no se puede perder de vista el aspecto económico. Rusia está enfrentando una guerra con Ucrania, Estados Unidos se enfrenta a un potencial conflicto de dimensión compleja en Medio Oriente, y sigue con una necesidad de petróleo. Venezuela disminuyó profundamente su producción petrolera por las sanciones.
Una de las principales preocupaciones que yo tengo es que los intereses económicos estén por encima de la situación de derechos humanos y de la situación política. Que se busque normalizar la situación por unas relaciones económicas que son importantes y necesarias para mejorar la situación humanitaria, pero no deberían estar por encima de los violación de derechos humanos.
¿Dirías que entonces los intereses de los países están más marcados por los intereses económicos, más que por un deseo profundo de cambio hacia la democracia?
Creo que depende. En el caso de Estados Unidos, la experiencia me dice que sí hay una preocupación profunda por la situación venezolana. Por supuesto que los intereses económicos están, pero el caso americano también lleva consigo la crisis migratoria, que marca fuertemente la agenda política y modifica totalmente las dinámicas en Estados Unidos.
En el mes de septiembre, la migración venezolana alcanzó un récord con más de 66 mil personas venezolanas llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, superando por primera vez el número de migrantes mexicanos en esa frontera. Esto modifica la manera en la que Estados Unidos se aproxima a la temática Venezuela, porque ya los efectos de la emergencia humanitaria tocaron a su puerta. Hace uno o dos años esa emergencia se quedaba prácticamente toda en Colombia, Perú, y Ecuador. Hay otros países como Noruega, por ejemplo, que tienen una política exterior muy marcada por la búsqueda de la paz y la reconciliación.
No creo que podría decir que en todos los casos hay únicamente un interés económico, pero sí creo que tiene un peso muy importante. Incluso, recuerdo la declaración del presidente de Barbados durante la negociación; cuando hace su intervención dice algo en la línea de “We are looking forward in the very near future to a Petrocaribe arrangement”. Hay una expectativa clara en la dinámica de recibir petróleo de Venezuela, aunque claro, como beneficio de los acuerdos.
Quisiera adentrarme en otras dos cosas. Lo primero es, ¿consideras que hay un límite democrático en el acuerdo? O sea, ¿hay algún límite que diga que hasta aquí no se puede seguir porque si no, no es democrático?
Voy a traer a colación una entrevista que se le hizo a Gerardo Blyde, que es muy iluminadora al respecto. Él dijo algo que es lógico en un contexto de negociación: el acuerdo tenía que ser lo suficientemente flexible para que las dos partes quisieran firmarlo. Me recuerda a aquello que Max Weber decía, que los políticos tienen el deber de balancear la ética de la responsabilidad con los principios éticos.
«Es un dilema, incluso ético, para Maria Corina Machado de decidir: ¿Se sigue peleando por la habilitación, porque efectivamente es una violación de derechos y una inhabilitación sin sentencia firme, o escoge un candidato que la suplante y que pueda participar?«
Laura Dib.
La ética de la responsabilidad nos invita a tomar decisiones en donde muchas veces tenemos que flexibilizarnos. Sin embargo, no significa comprometer principios. Porque si somos solamente principalistas nunca vamos a lograr la transición que hará posible que esos principios éticos sean prácticos. Ahora, esto es algo muy complejo. Muchos lo considerarán un “acuerdo de impunidad”. Pero, pregunto: ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo salimos de esto si no es buscando que ambas partes hagan concesiones? ¿Cómo va a ser sostenible una transición sin concesión?
Y lo segundo, desde una perspectiva más general, y fuera del acuerdo. ¿Dónde crees que hemos fallado para alcanzar nuestro objetivo para lograr una transición hacia un gobierno democrático? Al menos en los últimos 5 años.
Creo que ha habido muchas fallas. Las relaciono primero con eso que decíamos antes sobre la coordinación dentro de la oposición; la falta de una estrategia común sumado con la desaparición de la Mesa de la Unidad Democrática y de otros espacios de verdadera coordinación de acuerdos profundos.
Segundo, veo el aislamiento del país debido a la presión internacional que se tuvo durante el tiempo del interinato. Desde el punto de vista constitucional, le correspondía al presidente del parlamento adoptar o asumir la presidencia de la República en un escenario de usurpaciones, es decir, ahí había una teoría jurídica. El problema radicó en que no fue sostenible en el tiempo y no hubo la capacidad de transformarlo de manera oportuna.
«La política exterior de máxima presión contra Maduro no funcionó. Por el contrario, lo aisló y lo hizo más cercano a otras alianzas nocivas para el hemisferio: con Rusia y con Irán (…)»
Laura Dib.
Por último, creo que no comprometerse con la ruta democrática electoral ha sido un error. Dentro de la misma oposición se han boicoteado elecciones. Y esto quizás es más bien una consecuencia de los gobiernos autoritarios donde existe una ruptura del tejido social y se imposibilita generar alianzas de base. La democracia no se construye desde las élites, la democracia se construye desde abajo: en las comunas, en los vecindarios, en las juntas y las cooperativas. Esos espacios se han perdido en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Que no se nos olvide que hay zonas en donde la gente no puede llegar a una reunión porque no hay gasolina, o está más preocupada por conseguir la medicina para su hijo o la comida para su familia que en la participación política. Esto no lo digo desde el juicio, sino desde la realidad.
*Laura Cristina Dib Ayesta es la directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés). Abogada y licenciada en Estudios Liberales, egresada de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Obtuvo su LL. M. en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Sus áreas de experticia son migración, derechos humanos y justicia transicional.