El último gobierno signado por la presencia de un partido político que hubo en Venezuela fue el de Lusinchi. Fue el último en elegir a dedo a los gobernadores de los estados nacionales. También fue el primero en gobernar en medio de la caída de los precios internacionales del petróleo después del alza inusitada entre 1973 y 1982. Además, fue el gobierno que creó la COPRE (Comisión para la Reforma del Estado), cuando ya era evidente que el tamaño del Estado era insostenible, y que las reformas democráticas eran inaplazables, pero no fue su gobierno el que las implementó, le dejó esa bisagra histórica a su sucesor.

Presidencia del doctor Jaime Lusinchi (1984-1989)

El médico pediatra Jaime Lusinchi asume la Presidencia de la República el 2 de febrero de 1984. En su discurso de toma de posesión estableció tres líneas de trabajo para su gobierno: el pago de la deuda externa hasta el último centavo, la necesaria reforma del Estado, y un Pacto Social para la gobernabilidad. También, al designar su Gabinete Ejecutivo y a los gobernadores de los estados, que entonces los designaba el Presidente de la República, a los venezolanos nos quedó claro que se trataba de una administración de Acción Democrática. Muy pocos nombramientos de personalidades fuera del partido, y muchos gobernadores de estado nombrados que, a su vez, eran Secretarios Generales de AD en su región. Nada que extrañar: el respaldo que recibía la socialdemocracia era contundente. Quizás el elector pensó que lo apropiado era entregarle todo el poder a un equipo que diera respuestas para la Venezuela de “vacas flacas” que se anunciaba. Las perspectivas no eran fáciles: una deuda externa cuyo servicio se llevaba casi la mitad del presupuesto nacional, y los precios del petróleo bajando.

La crisis de la deuda externa

El cambio diferencial se diversificó aún más, y RECADI estableció un dólar a 4,30, otro a 6,00, otro a 7,50 y otro al dólar libre, mientras Lusinchi declaraba en septiembre de 1984 en la ONU, que se llegaría a un acuerdo con la banca internacional. En efecto, el acuerdo de refinanciamiento de la deuda externa se alcanzó en febrero de 1986, pero ese año los precios del petróleo bajaron tanto (12,82 $) que la República no pudo honrar la deuda y se tuvo que negociar otro esquema, que se firmó en febrero de 1987. Sobre este acuerdo de refinanciamiento el Presidente Lusinchi tuvo que declarar que la banca lo había engañado, ya que se trataba de un esquema notablemente peor que el alcanzado por México, es decir, con un menor período de gracia, y con intereses mayores.

Todo esto ocurría sin que el gobierno se decidiera a desmontar el modelo económico, mientras mantenía los subsidios, favorecía arancelariamente la producción nacional, en busca de otro propósito de su gobierno: mantener la paz social. Esto se logró, pero a un costo muy alto, ya que al no hacerse las reformas económicas que se requerían, se estaban sacrificando las reservas internacionales, que lejos de crecer decaían, dado que los ingresos petroleros también lo hacían y, además, se estaban acumulando presiones en la sociedad, que eran producto de no enfrentar la raíz de los problemas sino de buscarle salidas que propendieran a la paz social, pero sin tocar el fondo del asunto. Es decir: sin enfrentar el nudo que representaba seguir con un modelo económico para el que no se contaba con suficientes recursos petroleros. En otras palabras, el costo del Estado empresario seguía igual, pero con menos de la mitad de los recursos para mantenerlo, y sin posibilidad de endeudarse, ya que las líneas de crédito internacionales para Venezuela estaban cerradas.

La reforma del Estado

Junto con este panorama complejo, era vox populi que el aparato del Estado no funcionaba, y que se hacía necesario una reforma de todos los poderes públicos. Por ello el 17 de diciembre de 1984 el gobierno creó la COPRE (Comisión para la Reforma del Estado), presidida por Ramón J. Velásquez y con Carlos Blanco como Secretario Ejecutivo. La COPRE comenzó su trabajo reuniendo a universitarios de todos los sectores y todas las corrientes políticas, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer el Estado por la vía de su reducción, así como de la necesidad urgente de modificar el Poder Judicial, y avanzar en la descentralización del poder central. A medida que se iban entregando los trabajos de la Comisión, pues iban encontrando mayor resistencia en el partido de gobierno, y en un amplio sector del COPEI, ya que sentían que las reformas vulneraban las bases sobre las que se habían levantado sus proyectos políticos y sus organizaciones, aunque no lo manifestaban abiertamente. Tanto fue así, que ambos partidos hallaron la excusa para retrasar las reformas en la llegada del año electoral, mientras el propio gobierno le ponía muy poco cuidado a lo que hacía la Comisión. Todo este cuadro revela que en el momento de reformar el sistema político para preservar su existencia, los factores fundamentales prefirieron postergar las decisiones, de modo tal que le tocara al próximo gobierno tomarlas. Así fue como con habilidad política, la COPRE logró un acuerdo en 1988 entre los entonces candidatos principales de AD y COPEI (Pérez y Eduardo Fernández) para la firma de un acuerdo para impulsar la aprobación de la Ley de Descentralización Política y Administrativa, que crearía la posibilidad de elegir a gobernadores y alcaldes de forma directa, universal y secreta. Así se implementó en 1989, cuando otro gobierno administraba el Estado.

Las elecciones de 1988 arrojaron un resultado polarizado todavía mayor que el de los anteriores comicios. Carlos Andrés Pérez (AD), que se le sobre impuso a su partido como líder nacional, obtuvo el 52,88% de los votos, mientras Eduardo Fernández (COPEI) alcanzó el 40,39% de los sufragios. Petkoff (MAS), como tercera opción obtuvo apenas el 2,71%. El esquema bipartidista estaba en su apogeo, presentándose dos fenómenos a señalar: el voto cruzado y la economía del voto. El partido de Petkoff (MAS) obtuvo el 10,14% de los votos para el parlamento, mientras su candidato la cifra señalada, lo que indica que muchos de los votos del MAS para el Congreso Nacional, migraron hacia una de las dos opciones de triunfo en las presidenciales, por razones de economía del voto o, dicho de otro modo, de búsqueda de hacer efectivo el voto, más que simbólico o doctrinario.

Es necesario señalar que el elector no identificó plenamente al candidato Pérez con el gobierno de Lusinchi, ya que Pérez tenía vida política propia, dado que su liderazgo no dependía de su partido y, en verdad, si AD no lo hubiera apoyado sus posibilidades de triunfo igual eran muy altas. Ya vimos como en su primer gobierno Pérez privilegió a independientes en su Gabinete Ejecutivo, y ahora se esperaba lo mismo. Además, en el imaginario colectivo se asociaba a Pérez con la abundancia, “las vacas gordas”, de su primera administración, y fueron innumerables los votos que obtuvo fundado en este recuerdo de abundancia, que brillaba mucho en tiempos de escasez. En muchos sentidos, este fue el recuerdo que invocó Pérez durante su campaña, muy distinto al que tuvo que implementar al no más llegar al gobierno: una política severa de ajustes macroeconómicos, no anunciados antes, que veremos luego.

Segunda Presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993)

La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez comenzó con un acto de toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño el 2 de febrero de 1989, y no en el Capitolio Federal, como había sido costumbre. Así ocurrió porque el número de invitados internacionales sobrepasaba la capacidad del viejo Capitolio. Esto, además, señalaba que las relaciones internacionales de Pérez, lejos de disminuir desde que concluyó su primer mandato, habían crecido notablemente. Sin embargo, mucho se dijo entonces que la fiesta de asunción del cargo por parte de Pérez, contrastaba con la situación del país, que sobrevivía con dificultad con los precios del petróleo deprimidos.

Cambio del modelo económico

El 16 de febrero el gobierno en alocución pública estableció las coordenadas del nuevo modelo económico que imperaría en el país, sustituyendo el que contaba con años de vigencia, el de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Para quienes no habían leído el Plan de Gobierno presentado por Pérez en la campaña, es decir la mayoría de los venezolanos, el llamado “Paquete Económico” fue una sorpresa. Sobre todo para aquellos que votaron por Pérez creyendo que “por arte de magia” volverían las “vacas gordas” de su primer mandato.

El cambio en el modelo económico era sustancial. Si antes las tasas de interés las fijaba el Banco Central de Venezuela, ahora serían liberadas para que las determinara el mercado. Si antes el Estado era el gran empresario, constructor y comerciante diverso, ahora se privatizarían todas aquellas empresas de servicios públicos que pudieran estar en manos privadas prestando un servicio más eficiente. Si antes se subsidiaba la gasolina, ahora se incrementaría su precio, con miras a llegar a un precio internacional. Si antes se protegía a la industria nacional fijando aranceles muy altos a los productos importados, ahora se eliminarían los aranceles y se abrirían totalmente los mercados, con ello se obligaba a las empresas venezolanas a competir en igualdad de condiciones con las foráneas que quisieran establecerse aquí, o traer sus productos desde fuera.

El conjunto de medidas económicas diseñaba el cuadro de una economía liberal ortodoxa, en perfecta conjunción con las medidas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitaba de los países que acudían ante sus taquillas para solicitar un préstamo, y esa era la situación de Venezuela, ya que durante el gobierno anterior se habían agotado las Reservas Internacionales, y para poder intentar un modelo de economía de mercado, era necesario disponer de un número más elevado de reservas, que permitieran el libre juego de la economía. No obstante y la lógica de estos planteamientos, lo cierto es que Pérez había afirmado durante su campaña que no acudiría ante el FMI, mientras el diseño del Paquete Económico indicaba todo lo contrario, cosa que decepcionó muy rápido a los electores que habían oído sus discursos de campaña, pero no habían leído el Programa de Gobierno.

En el fondo, lo que buscaba el cambio de modelo económico era una revolución en el papel del Estado en la dinámica económica, pasando la iniciativa a la esfera privada, dado que los precios del petróleo habían bajado notablemente, y era imposible que el Estado cumpliera con su rol paternalista, cuando no disponía de los recursos para ello. Una vez más, Venezuela se veía obligada a cambiar de rumbo en razón de la dinámica de los precios del petróleo. Además, la modificación se inscribía dentro de un cambio general en el planeta, ya que ese mismo año el socialismo real desaparecía, con la caída del Muro de Berlín, y la convicción de que el socialismo era incapaz de generar riqueza era generalizada, y prácticamente unánime. De tal modo que muchos países del mundo pasaron a desmontar sus sistemas estatistas. Venezuela no fue la excepción.

El estallido social de 1989: “El Caracazo”

La medida que tocó más sensiblemente el bolsillo de la gente de manera inmediata fue el aumento del precio de la gasolina, que incidió en el costo del pasaje del transporte colectivo. En Guarenas Guatire se produjeron las primeras protestas en la mañana del 27 de febrero, pero muy pronto se extendieron a toda Caracas y a otras ciudades del país. Ya en la tarde los saqueos de comercios habían comenzado, y la televisión retransmitía las escenas de vandalismo y violencia, en la noche la situación ya era de emergencia nacional, por lo que el gobierno le solicitó a las Fuerzas Armadas que restablecieran el orden. Luego, se suspendieron las garantías constitucionales, se declaró el toque de queda, y el Ejército y la Guardia Nacional reprimieron duramente a los saqueadores, con un resultado lamentable de centenares de muertos, muchos de ellos inocentes que no participaban de los actos vandálicos.

Nunca antes se había vivido en el país una situación como esta, que además comprometía los planes de un gobierno que estaba comenzando. Mucho se ha especulado acerca de si se trató de un estallido espontáneo o de algo inducido a partir de un plan. Algunos militantes de la izquierda radical de aquellos años se han atribuido el origen del estallido, pero los hechos indican que la espontaneidad también estuvo presente. Quizás, como suele suceder, fue una combinación de espontaneidad con mínima planificación. En cualquier caso, el resultado fue el mismo: una gran revuelta social, que colocó al gobierno en una posición muy difícil para implementar un nuevo modelo económico, que para hacerlo se necesitaban grandes sacrificios de la población.

La descentralización política y administrativa

El 3 de diciembre de 1989 tuvieron lugar las elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales. Se daba entonces el paso democrático más importante desde los tiempos de la firma del Pacto de Puntofijo, ya que la elección directa de las autoridades locales era lo mínimo que podía aspirarse en un sistema democrático. A partir de esta fecha el cuadro político venezolano comenzó a cambiar. AD obtuvo el 39,37% de los votos en la elección de gobernadores, COPEI el 32,85 %, el MAS el 17,69 % y la Causa R el 2,62 %, con lo que quedaba claro que habían liderazgos regionales que el elector reconocía. En Aragua comenzó a gobernar Carlos Tablante (MAS), en Bolívar, Andrés Velásquez (La Causa R), en Carabobo, Henrique Salas Römer (Copei e independientes), en el Zulia, Oswaldo Álvarez Paz (COPEI), en la Alcaldía de Caracas, Claudio Fermín (AD), casi todos ellos, en el futuro, candidatos presidenciales. Se trasladaba el liderazgo de las cúpulas de los partidos políticos al desempeño administrativo en las gobernaciones y alcaldías. Este cambio fue un golpe mortal para los organismos centrales de los partidos políticos, ya que la fuente del poder se trasladó de estas cúpulas a los electores, y los líderes comenzaron a rendirle cuentas a sus bases. Este paso, que no se ha valorado suficientemente, suponía un cambio de conducta y de estrategia de los partidos políticos establecidos, pero esto no se dio en la magnitud requerida, y seguramente fue una de las causas que trajo como consecuencia la decadencia del sistema bipartidista.

Para el año 1990 comenzaron a verse los primeros resultados al crecer la economía en 5,3%, bajar la inflación a 40,7% y ascender las Reservas Internacionales a 11.700.000 millones de dólares. Además, el Ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, anunció una reducción de la deuda externa del 20%, con una disminución de 50% en el pago de intereses. Al año siguiente la economía creció en 9,2% y se inició el proceso de privatizaciones de empresas del Estado que prestaban servicios públicos, fue el caso de CANTV y VIASA, que al ser compradas por consorcios extranjeros en asociación con empresas venezolanas, trajeron un ingreso extraordinario al fisco nacional.

A la par de este proceso económico otro político venía avanzando. No sólo las relaciones entre AD y el gobierno eran sumamente débiles, sino que los ajustes económicos fueron notablemente severos para los estamentos sociales más pobres, que se sintieron desasistidos, creándose allí un vacío político. Además, un conjunto de venezolanos presididos por Arturo Uslar Pietri, a quien la prensa llamaba “Los Notables”, pedía reformas en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, se quejaban del cuadro de la corrupción administrativa, y enfrentaban a las políticas del gobierno. Este grupo, junto con el desprestigio creciente de los partidos políticos, fue horadando la base de sustentación del gobierno de Pérez y, sin proponérselo, fue animando a un conjunto de conjurados militares que venían conspirando desde hace años dentro de las Fuerzas Armadas, a intentar un golpe de Estado. En diciembre de 1991 Uslar Pietri declaró en entrevista en El Nacional que no le extrañaba que ello ocurriera.

Las intentonas militares de 1992

La noche del 3 de febrero en que el presidente Pérez regresaba de Davos, en Suiza, fue el día escogido por los conjurados para la insurrección militar. Comandada por tenientes coroneles, e integrada por mayores, capitanes, tenientes y tropa, se alzaron en los cuarteles de Maracay, Maracaibo y Valencia. Al teniente coronel Hugo Chávez, a quien le correspondía tomar el Palacio de Miraflores, después de haber tomado el cuartel de La Planicie, no le fue posible hacerlo. Fue entonces cuando por televisión, en la mañana del 4 de febrero, llamó a sus compañeros de armas a entregarse, señalando que “Por ahora” no se habían logrado los objetivos. Se entregaron Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz, todos ellos integrantes del comando de conjurados. El intento había fracasado, pero el país asistía atónito a un hecho que pensaba había quedado en el pasado: el golpe de Estado y, también, había observado con estupor y hasta con admiración a un hombre que se hacía responsable por su fracaso, cosa infrecuente en la vida pública venezolana de entonces.

Una vez sofocada la rebelión se reúne el Congreso Nacional para debatir sobre los hechos, en la mañana del 4 de febrero, y pide la palabra el senador vitalicio Rafael Caldera. Entonces, condenó el intento de llegar al poder por las armas, pero justificó comprensivamente los motivos que llevaron a los insurrectos a ello. A partir de entonces, la candidatura de Caldera para las elecciones de 1993 tomó mayor cuerpo, y muchos dicen que esa mañana ganó las elecciones. En verdad, con olfato político, supo interpretar el sentir de la gente, que rechazaba el golpe, pero que quería un cambio de rumbo, y él se ofreció para encarnarlo.

En entrevista sostenida con el profesor Agustín Blanco Muñoz, publicada en 1998 (Habla el comandante), Hugo Chávez señala que comenzaron a conspirar en serio cuando juraron ante el Samán de Güere, el 17 de diciembre de 1982. De modo que les tomó diez años ir ascendiendo dentro de las Fuerzas Armadas, hasta tener mando de tropa y poder ejecutar una acción armada. La existencia de estos conjurados se la advirtió la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) al presidente Pérez, pero éste la desestimó. Incluso en alguna oportunidad les quitaron mando de tropa ante los indicios, pero al tiempo el Ministro de la Defensa de entonces, el general Fernando Ochoa Antich, no halló nuevos indicios conspirativos y les devolvió el mando de tropa. No puede decirse, entonces, que la intentona los tomó completamente por sorpresa.

Si el gobierno de Pérez tenía problemas, ahora tenía más, a tal punto que el presidente se propuso atemperar la política de ajustes, con base en lo escuchado en el Congreso Nacional, y el apoyo de la calle manifestado a los golpistas. Se creó un Consejo Consultivo, integrado por ilustres venezolanos, presidido por Ramón J. Velásquez, e integrado por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo F. Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez. Este Consejo hizo sus recomendaciones muy pronto, y muchas de sus propuestas iban a contracorriente de lo que venía haciendo el gobierno. A la vez, Pérez cambió su gabinete, de manera de satisfacer los reclamos e integrar a diversos sectores en la conducción del Estado, buscando con ello un mayor piso político para su debilitado gobierno. Entonces, militantes de COPEI integraron el gobierno, por algunos meses.

Por su parte, otro grupo de conjurados militares organizó su revuelta, que se expresó el 27 de noviembre de 1992, pero esta vez involucraba especialmente a la aviación, con lo que los caraqueños tuvimos el triste espectáculo de un bombardeo sobre lugares estratégicos de la capital y, de nuevo, el fracaso de los golpistas. Esta vez comandados por el general Francisco Visconti Osorio y el contralmirante Hernán Grüber Odremán. Cinco días después tuvieron lugar las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. AD bajó su votación porcentual (37,81 %), COPEI subió (34,35 %), el MAS bajó (12,48 %) y la Causa R duplicó su votación (4,73 %), incluso ganó la Alcaldía de Caracas con Aristóbulo Istúriz, quien desplazó a Claudio Fermín. Repetían los gobernadores Velásquez, Tablante, Salas Römer, Álvarez Paz, entre otros. Paradójicamente, en 1992 la economía venezolana creció cerca del 10 %, pero los beneficios de ese crecimiento no se sentían plenamente en los estamentos más débiles de la sociedad.

La separación del cargo

El 11 de enero de 1993 el periodista y ex candidato presidencial José Vicente Rangel denuncia ante la Fiscalía General de la República el mal uso de la partida secreta, por un monto cercano a los 250 millones de bolívares, y solicita ante el Fiscal un antejuicio de mérito contra el presidente Pérez. El Fiscal General, Ramón Escovar Salom, el 11 de marzo interpone ante la Corte Suprema de Justicia, cuya composición había cambiado, gracias a las presiones del grupo de “Los Notables”, la acusación contra Carlos Andrés Pérez, el ministro de Relaciones Interiores cuando sucedió el hecho, Alejandro Izaguirre, y el ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República del mismo momento: Reinaldo Figueredo Planchart. Se les acusa de peculado y malversación de fondos al hacer uso de la partida secreta.

El 20 de mayo de 1993 se conoció la ponencia solicitada por la Corte Suprema de Justicia al presidente del máximo cuerpo colegiado del Poder Judicial, el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro. Entonces, se declaró con lugar la solicitud de ante juicio de mérito. Al día siguiente se reunió el Congreso Nacional y autorizó el juicio, separándose a Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República. A partir de entonces, en razón de que la soberanía reside en el Poder Legislativo, el Presidente del Senado, Octavio Lepage, asumió la Presidencia de la República. Sin embargo, el Congreso Nacional nombró el 5 de junio de 1993 al senador Ramón J. Velásquez Presidente de la República, para que culminara el período constitucional 1989-1994. Gobernaría entre esta fecha, 5 de junio,  y el 2 de febrero de 1994. Ocho meses exactos.

Es evidente que la segunda Presidencia de la República de Pérez fue intensa en cambios políticos (la descentralización) y económicos (el paso de una economía con fuerte presencia del Estado a otra de libre mercado), además de lo imprevisto para la mayoría: la insurgencia de una conjura militar. A esto se suma que nunca antes un presidente en ejercicio había sido separado del cargo con fundamento en el Estado de Derecho, aunque no podemos dejar de señalar que respetadísimos juristas afirman que se cometió un abuso de derecho, tanto en la solicitud de ante juicio de mérito como en la sentencia. Como vemos, la estructura política del país cambió, la democracia de partidos políticos entró en crisis y, como veremos luego, el bipartidismo desapareció. A todo esto se suma la insurgencia de nuevos actores políticos: los jóvenes militares insurrectos, que con el tiempo llegarían al poder por la vía pacífica, después de haberlo buscado por las armas.

Presidencia de la República del doctor Ramón J. Velásquez (1993-1994)

El primer problema que confrontó Velásquez al no más asumir el mando fue uno vinculado con el proceso electoral. Los partidos políticos iban a enfrascarse en una contienda, y no estaban dispuestos a formar parte de un gobierno de poca duración, que podía incidir en la percepción de los electores sobre sus organizaciones. De tal modo que Velásquez no tuvo apoyo de los partidos políticos para gobernar, aunque si le otorgaron en el Congreso Nacional una Ley Habilitante que le permitía administrar en materia económica y financiera por decreto. De hecho, gracias a ella se aprobó el IVA (Impuesto al Valor Agregado), en noviembre de 1993, tributo que el mismo parlamento le había negado a Pérez, en medio de la confrontación política que tenía lugar entre éste y AD.

El Gabinete Ejecutivo de Velásquez estuvo integrado por una mayoría absoluta de independientes y el impulso a la Descentralización, con la creación del Ministerio de Estado para la Descentralización, a cargo de Allan Brewer Carías. También tuvo que enfrentar acciones terroristas de grupos desestabilizadores, como los que colocaron bombas en el estacionamiento de un conocido centro comercial caraqueño, así como el saboteo interno dentro del Palacio de Miraflores, donde le colocaron a Velásquez una carta para ser firmada, donde se indultaba al narcotraficante Larry Tovar Acuña, hecho que causó conmoción en la opinión pública.

El espíritu dialogante y conciliador de Velásquez lo llevó a intentar la conformación de un acuerdo nacional, motivo por el cual tuvieron lugar innumerables reuniones en el Palacio de Miraflores, pero no se alcanzó ningún acuerdo. La circunstancia electoral pesaba demasiado en el ánimo de las fuerzas políticas.

Las elecciones de 1993 y el fin del bipartidismo

Aunque la candidatura de Caldera lucía ganadora, las cifras de las encuestadoras reflejaban un cuadro extraño, que no se observaba desde las elecciones de 1968, cuando el electorado se dividió en cuatro partes similares. La situación era impensable años antes: Caldera había sido lanzado por el MAS y un partido creado para la ocasión: Convergencia, mientras el partido histórico que había fundado en 1946, lanzaba su propio candidato: Oswaldo Álvarez Paz. La crisis de los partidos políticos ya era profunda.

Aunque Caldera ganó con el 30,46 % de los votos, el partido que más sufragios recibió fue AD, con 24,07 %, mientras Convergencia obtenía 13,43 %, el MAS 10,87 %, COPEI 22,80 %, la Causa R 20,78 %. Después de Caldera llegaron Claudio Fermín (AD), Oswaldo Álvarez Paz (COPEI) y Andrés Velásquez (LCR). Como vemos, los integrantes del Bipartidismo, AD y Copei, obtenían juntos el 46,87 % de los sufragios, mientras la izquierda del MAS y LCR sumaban juntas el 31, 65 %, dejando el centro a Convergencia. A todas luces, había ocurrido un desplazamiento de los favores electorales, dividiéndose el país en tres: la suma de los dos partidos tradicionales; una excepción temporal: Convergencia; y el crecimiento de la izquierda en dos factores: LCR y el MAS. El Bipartidismo había llegado a su final. La composición del Congreso Nacional con que gobernaría Caldera obligaba a nuevas combinatorias.

Tanto la alta abstención como la reducción de la votación de los partidos AD y COPEI señalan claramente que el período del Bipartidismo culminó con las elecciones de 1993. Entonces, la antipolítica y el rechazo a los partidos del sistema, tomaba la agenda pública. La democracia fundamentada en partidos políticos comenzaba a manifestar una crisis aguda, que venía incubándose desde años antes. Paradójicamente, a uno de los artífices de la democracia pactada en Puntofijo, le tocaba hacer la transición hacia otro horizonte, encarnando la idea de la voluntad suprapartidos que solicitaba la población. Luego, en las elecciones de 1998 los dos candidatos que polarizaron en la contienda, venían de las canteras de la antipolítica, aunque de signo muy distinto: Henrique Salas Römer y Hugo Chávez Frías. 

Segunda Presidencia del doctor Rafael Caldera (1994-1999)

Rafael Caldera alcanzaba la Presidencia de la República por segunda vez en medio de un cuadro electoral cuatripartito, y con un elemento nuevo de significativa importancia: la abstención. Según la Comisión Nacional de Totalización del Consejo Nacional Electoral (CNE) la abstención a partir de 1958 se comportó de la siguiente manera:

1958: 6,58% 1963:7,79% 1968:3,27% 1973:3,48%

1978:12,45% 1983:12,25% 1988:18,08%  1993:39,84%

Casi el cuarenta por ciento de los electores no concurrieron a votar en 1993. Esta cifra ya hizo de la abstención un actor político fundamental, sin duda indeseable para el sistema democrático, pero inevitable en los análisis. Como vemos, ya en 1988 el electorado dio su primera campanada, absteniéndose el 18,08% de los votantes, pero aún no llegaba a los niveles de 1993. Era evidente que el sistema político no gozaba del respaldo que tuvo hasta las elecciones de 1973, siempre y cuando consideremos a la abstención como un índice de falta de respaldo del sistema. En todo caso, a la dificultad política que implicaba gobernar sin mayoría en el Congreso Nacional, se sumaba la abstención, de modo que el respaldo popular con que contaba Caldera para comenzar a gobernar no era el mayor, evidentemente.

La crisis bancaria estalló antes de asumir la Presidencia de la República el yaracuyano, y tomó todo 1994 y parte de 1995 superarla. El Estado tuvo que respaldar a los ahorristas, que habían visto como los bancos salían de la cámara de compensación y su dinero se volatilizaba. Fueron intervenidos trece bancos, y la crisis se convirtió en la más severa que había tenido lugar en el sistema financiero venezolano. El gobierno optó por respaldar a los ahorristas, lo que supuso una erogación de grandes proporciones, que comprometió severamente el presupuesto nacional de 1994 y 1995. Los bancos que pasaron a manos del Estado, muy rápidamente fueron vendidos a empresarios financieros globales o nacionales, y todo ello se hizo dentro del marco de la Ley de Emergencia Financiera, que el Congreso Nacional le autorizó al Ejecutivo para enfrentar la crisis. Este año, además, a partir de la reforma tributaria, se creó el SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Atención Aduanera y Tributaria), designándose al frente del organismo a José Ignacio Moreno León. Se buscaba incrementar la recaudación tributaria, para lo que era necesario modificar la conducta del venezolano en relación con los impuestos. El gobierno comprendía perfectamente que era imposible mantener un presupuesto nacional sano con los ingresos por petróleo que se tenían entonces, por lo que era indispensable recaudar más impuestos. Al cabo de pocos años, lo cierto es que el ingreso por tributos se tornó mayor que el petrolero, que no pasó de 15 $ por barril en promedio, durante el quinquenio 1994-1999.

Caldera implementó una política similar a la de pacificación que había adelantado en su primer gobierno y sobreseyó la causa que se seguía contra los militares insurrectos de febrero y noviembre de 1992. Así salieron de la cárcel de Yare los “comacates”, con diferentes proyectos políticos personales. Arias Cárdenas se incorporó al gobierno de Caldera en un cargo de importancia media, mientras Chávez inició su recorrido por Venezuela llamando a no participar en los futuros procesos electorales. En las encuestas de entonces contaba con un respaldo ínfimo, que no pasaba del 2% de reconocimiento.

En diciembre de 1995 tuvieron lugar elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. En ellas se manifestó un aumento considerable de las gobernaciones y alcaldías que pasaron a manos de AD, se consolidó el poder del MAS en cuatro estados, y el de COPEI en igual número. Se manifestó la fuerza de Convergencia en el estado natal de Caldera, donde Eduardo Lapi ganó las elecciones, mientras Henrique Salas Feo, hijo de Salas Römer, ganaba en Carabobo con un proyecto político propio, y Francisco Arias Cárdenas obtenía la gobernación del Zulia con el apoyo de La Causa R. Muchos de los gobernadores electos en 1989, que repitieron en 1992, no podían presentarse de nuevo porque la ley se los impedía, pero en algunos casos partidarios suyos obtuvieron los votos necesarios. 

La apertura petrolera y la Agenda Venezuela

La política de abrir la industria petrolera venezolana a empresas extranjeras que, en asociación con PDVSA, pudieran invertir para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco, y otros campos, se basaba en la evidencia de no contar PDVSA con los recursos para hacerlo, ya que los precios del crudo no se lo permitían. No adelantar esta política condenaba al país a no poder explotar unos recursos que estaban en el subsuelo. Se buscaba con esto incrementar la explotación petrolera venezolana, y se preveía alcanzar la cifra de casi 6 millones de barriles diarios para 2005. Se licitaron los campos en un acuerdo de participación, en la mayoría de los casos, a medias entre PDVSA y las concesionarias. En 1996 ingresó al Fisco Nacional una cantidad considerable por este concepto, y comenzó una nueva etapa en la industria petrolera nacional.

Pocos meses después de decidido el proceso de apertura petrolera se puso en movimiento la llamada Agenda Venezuela, de ella el principal vocero y entusiasta fue el Ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, quien presentó el nuevo esquema el 15 de abril de 1996. El período iniciado en 1994, signado por un control de cambios en paralelo a la crisis del sistema financiero, cambiaba a la luz de un acuerdo con el FMI, acuerdo que brindaba confianza a los inversionistas, y permitía comenzar a superar la difícil situación económica en que se encontraba el país. Sobre la base de esta Agenda la economía nacional mejoró considerablemente durante 1996 y parte de 1997. En los meses finales de este año los precios del petróleo comenzaron a bajar estrepitosamente hasta tocar el piso de los 9 dólares por barril. Como puede imaginarse, las consecuencias para una economía petrolera como la nuestra, fueron severas, y se reflejaron de inmediato en el cuadro electoral.

Las elecciones de 1998: la apoteosis de la Anti-política

En septiembre de 1997, justo antes de que comenzaran a bajar los precios del petróleo, la anti-política tenía en la alcaldesa de Chacao, Irene Sáez, a una candidata que figuraba muy alto en las encuestas. Tan alto estaba el favor popular hacia ella, que parecía imposible que perdiera las elecciones de 1998, ya que el apoyo rondaba el 70 % del electorado. A partir de la caída de los precios se desplomó su candidatura, mientras subían las de dos adalides de la anti-política: Hugo Chávez y Henrique Salas Römer.

El discurso en contra de los partidos políticos, que fue campaña permanente de algunos medios de comunicación, había tenido resultados, con ello contribuyó decididamente la misma conducta de los partidos políticos: no era un invento que muchos de sus dirigentes se habían distanciado de sus electores, que no estaban en sintonía con el pueblo. A Salas Römer lo respaldaba su gestión de gobernador en Carabobo, y a Chávez la oferta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y de encabezar una revolución. Lo acompañaban sectores de la izquierda y de la derecha militarista, algunos añorantes de la lejana dictadura de Pérez Jiménez. El descalabro de AD y COPEI en las elecciones fue abrumador, quedando el Bipartidismo en el olvido, aunque la polarización electoral no, ya que la mayoría de los votos se dividieron entre Chávez (56,20 %) y Salas Römer (39,97 %).

Comenzaba una nueva etapa para Venezuela. La crisis del sistema de partidos políticos era severa. Muchos creyeron que la mesa estaba servida para la reina de belleza y alcaldesa, pero en verdad lo estaba para el mito del caudillo del siglo XIX, quien de la mano de la vieja izquierda y cierta derecha autoritaria, alcanzaba el poder. La Anti-política le abrió el camino a la izquierda autoritaria, buscando lo contrario.