Sin instituciones no puede concebirse la democracia. Ningún país cuenta con instituciones plenamente sólidas, pues su naturaleza no es que sean perfectas, sino perfectibles. Ante la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero por parte del comité legislativo encargado, el ex-presidente Donald Trump solicitó que se bloqueara la divulgación de registros de la Casa Blanca respecto a los días previos a la insurrección y durante la misma, poniendo en tensión las instituciones estadounidenses.
Trump ha invocado el privilegio ejecutivo, el cual le podría permitir detener la investigación realizada por el Congreso bajo el argumento de “protección de información confidencial”. Este recurso se encuentra presente en la Constitución y permite que el Ejecutivo tenga la decisión final respecto a juicios hacia el mismo y también provisión tanto de documentos como de testimonios. Esta solicitud no garantiza que el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de Biden la vayan a conceder, de hecho es poco probable, pero sí garantiza que se tarde mucho más el desarrollo de la investigación, habiendo aún posibilidades de que los republicanos tomen la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones del 8 de noviembre del 2022 ante el descenso de la popularidad de Joe Biden.
¿Tiene sentido que exista este tipo de recursos? Resulta sencillo que a primera vista se considere absurdo tal tipo de poder, en el que el Ejecutivo es capaz de silenciar al Legislativo, surgiendo hasta una posible paradoja al parecer razonable demandar esto en una democracia paradigmática en la que debe haber separación de poderes y contrapesos. Biden ha rechazado la solicitud como jefe del actual Ejecutivo, argumentando la decisión bajo la defensa de los mejores intereses de Estados Unidos, sin embargo, en nombre de dichos intereses presidentes como Barack Obama y George W. Bush han utilizado dicho privilegio ¿Cuál es la diferencia en esta situación?
En este caso, el comité legislativo encargado de la investigación había solicitado testimonios por parte de miembros de alto rango de la gestión de Trump y de su antiguo asesor Steve Bannon, quien no era empleado de la Casa Blanca al momento del asalto de enero. Por su parte, Trump solicitó que no se citará a Bannon, quien es un ciudadano particular, siendo esto una irregularidad del privilegio ejecutivo pues involucra a un actor externo al Gobierno, haciendo inviable su solicitud. Otra característica que hace distinta esta situación es que Biden ha decidido no respaldar la demanda, lo cual no es común en este tipo de solicitudes pues arriesga la posibilidad de invocar el mismo privilegio en un futuro bajo su propia argumentación de que la misma no beneficia a los intereses del Estado.
El único interés que puede respaldar legítimamente este tipo de demandas es el institucional, preservando y protegiendo en este caso el Gobierno estadounidense, lo cual no sucedería en la situación de Trump, sino que se exoneraría al individuo frente a la rendición de cuentas. ¿Se debería juzgar a un ex-funcionario como a cualquier otro ciudadano? La respuesta obvia podría ser que sí, sin embargo, criticar este recurso solamente bajo la interrogante de si esto exonera a una persona o no sería reduccionista, pues el privilegio ejecutivo no tiene como fin proteger a alguien, sino a algo, específicamente a su democracia a través de sus instituciones políticas.
El privilegio ejecutivo no representa una contradicción por sí solo. La forma en la que se está empleando en esta situación es lo que pareciera carecer de sentido, sin embargo, políticamente el beneficio de esta solicitud no es el proteger los intereses nacionales, sino, como ya mencioné, ganar tiempo para ralentizar este proceso. Frente a dos solicitudes de impeachment, denuncias de fraude electoral y la actual demanda de Trump, las instituciones políticas estadounidenses se han enfrentado a grandes retos que ponen en tensión la democracia del país. No obstante, estas dinámicas forman parte natural del fenómeno político que prueba la estabilidad y la elasticidad de las instituciones, las cuales deben adaptarse al contexto y responder de la mejor forma posible a la demanda de la población en beneficio de la democracia, en este caso prosiguiendo con la investigación y evitando que instituciones como el Capitolio sean violentadas y tratadas de ser tomadas por la fuerza.
La esencia democrática no radica en los instrumentos o en las forma de las instituciones, pues Venezuela, Cuba, Nicaragua, y muchos otros países tienen elecciones periódicas, como también cuentan con recursos legislativos, tribunales y jefes de Estado, sin embargo, todos estos son usados para violentar las libertades, atentar contra los derechos de sus ciudadanos y suprimir los niveles democráticos en estos países. En el caso de Estados Unidos, el privilegio ejecutivo no está pensado para atentar contra la democracia, así como las elecciones tampoco lo están para legitimar regímenes autoritarios. La tarea se encuentra en la defensa de dichos instrumentos y espacios de la mala praxis de algunos políticos, pues bajo su uso las instituciones, y recursos como el privilegio ejecutivo, carecen de sentido y de su esencia democrática.
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