En Venezuela, desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, pero, sobre todo, desde que Nicolás Maduro ascendió a la presidencia de la república en 2013, el gobierno ha utilizado diversas tácticas para limitar los derechos civiles y políticos indispensables para el funcionamiento de un sistema democrático, entre ellos los contenidos de los Artículos 18, 19, 20 y 21 de la Carta de los Derechos Humanos[1], relativos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y participación en el gobierno. En democracia, estos derechos son piedra angular para garantizar el debate público, el cual se entiende, siguiendo a Robert Dahl[2], como la posibilidad de hacer oposición pública al gobierno sin temor a represalias.
El cierre del debate público venezolano se evidencia en las diversas estrategias y tácticas que usa el gobierno del PSUV para restringir el acceso de la ciudadanía a información crítica, de calidad e independiente, entre las que destacan: la censura, la intimidación y persecución de periodistas, líderes de la sociedad civil y disidentes políticos, restricción al acceso a portales informativos, persecución administrativa a medios de comunicación o sus propietario, falta de transparencia y limitación al acceso a la información pública.
El Proyecto Variedad de las Democracias (VDEM) ha llevado a cabo mediciones que evidencian el deterioro de estas dimensiones. En el caso del debate público, podemos utilizar como indicador el Índice de Fuentes Alternativas de Información[3], que mide de forma agregada la parcialidad-imparcialidad en la cobertura mediática de los grandes medios impresos y audiovisuales a la oposición, su capacidad para ser críticos ante las decisiones de gobierno y la existencia de una pluralidad de perspectivas sobre los acontecimientos que ocurren en el país.Como muestra el Gráfico 1 para el caso de Venezuela, en 1998 dicho Índice de Fuentes Alternativas de Información era de 0.98, mientras que en 2022, ese índice fue de 0.35. Es decir, en 25 años de gobierno chavista, el debate público ha sido severamente limitado, ya que los medios han perdido imparcialidad, capacidad para ser críticos con el gobierno y amplitud de perspectiva. Cabe señalar que este decrecimiento fue especialmente pronunciado en los años de elecciones presidenciales posteriores al fallecimiento de Hugo Chávez. Entre 2012 y 2013, el índice pasó de 0.64 a 0.47, mientras que entre 2017 y 2018 cayó de 0.42 a 0.31.
Gráfico 1. Índice de Fuentes Alternativas de Información
Los datos previamente expuestos también se evidencian en los informes de diversos organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el 22 de marzo de 2023, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIV)[4] informó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre la precariedad de la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Según la MIIV, el año 2022 marcó un récord en el cierre de emisoras de radio en todo el país. La organización no gubernamental Espacio Público registró el cierre de 227 emisoras de radio en 2022, elevando el total de emisoras cerradas desde 2003 a 4934, de las cuales el 71% (3497) fueron clausuradas desde 2013[5]. Además, se ha documentado la persecución y acoso a periodistas y ciudadanos que buscan informar. En 2022, Espacio Público registró 468 violaciones a la libertad de expresión en el país, siendo el 42% de ellas censura directa, como los cierres previamente mencionados, el 19% restricciones administrativas y el 18% actos de intimidación. Además, se reportaron 17 detenciones arbitrarias como resultado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
En este orden de ideas, Transparencia Venezuela[6] señala que la falta de certidumbre sobre la reacción de las autoridades venezolanas ante el contenido publicado ha traído como consecuencia un incremento de la autocensura, lo que va en detrimento de un debate público genuino en el que la información, ideas y críticas al gobierno están severamente limitadas o son, simplemente, inexistentes en algunas regiones del país. Este último fenómeno ha sido denominado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) como desiertos informativos, es decir, “localidades, rurales o urbanas, que no son cubiertas por medios de comunicación y por tanto sus habitantes no tienen acceso a noticias relacionadas con su realidad geográfica específica”[7]. Según la investigación de IPYS “de los 317 municipios del país que fueron estudiados, 90 de ellos son desiertos de noticias, 122 son desiertos moderados, y 105 no son desiertos”[8]. Es decir, que 67% de los municipios, con una población estimada de 5.2 Millones habitantes del país, padecen de algún nivel de sequía informativa.
Pero al problema de la ausencia de información independiente, crítica y plural se le suma las campañas desinformación promovidas desde Estado venezolano. Según la Asociación Civil Medianálisis[9] existe una red de portales pseudo- informativos con diseños, nombres y estéticas similares a los medios legítimos, pero que en el fondo son forman parte de una red de propaganda y desinformación que promueve información favorable al gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que difunde noticias falsas sobre la oposición política y la sociedad civil crítica hacia el gobierno. Estas páginas funcionan como una red que comparte publicaciones, reporteros, blogueros y expertos que se intercambian los roles dependiendo del medio del que se trate pero que replican la narrativa progubernamental. Posteriormente, los medios oficiales comparten las noticias creadas en estos portales como provenientes de fuentes independientes.
Adicionalmente, las nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa[10] y sus usos perversos han entrado en el pobre ecosistema informativo venezolano. Recientemente, se ha señalado la creación de canales pseudo- informativos en YouTube que utilizan tecnología de DeepFake o para crear contenido sesgado, tendencioso o falso, pero siempre favorable al gobierno venezolano[11]. Este contenido se difunde a través de cuentas falsas, bots y supuestos influenciadores en diferentes redes sociales, lo que contribuye a posicionar estas noticias falsas como verdaderas.
Además, el gobierno ha utilizado la legislación como un instrumento para amenazar y reprimir a quienes difunden información o expresan opiniones contrarias a los intereses del gobierno. Un ejemplo de esto es la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que fue aprobada en Venezuela en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020).
A lo anterior se le suma la presión sobre el espacio cívico. Desde el gobierno sean llevado a cabo iniciativas que tienen como fin reducir, limitar, controlar y/o eliminar la acción de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de aquellas que denuncian y evidencian las violaciones de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales de la ciudadanía. Incluso, las organizaciones que brindan ayuda humanitaria, y sus miembros, a poblaciones en situación de vulnerabilidad han sido objeto de acoso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
De hecho, la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, dominada en 100% por el oficialismo, y partidos cooptados por este, han promovido dos iniciativas legislativas cuyo propósito es restringir el trabajo que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. En el año 2022, esta AN llevó a discusión plenaria el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, la cual tenía como finalidad imponer un registro para las ONG y concentrar todos los fondos de cooperación internacional en una oficina dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.[12].
En este contexto, tanto el debate público como el espacio cívico han sido sistemáticamente objeto de ataques con el objetivo de debilitar la capacidad de la sociedad civil y de los ciudadanos para disfrutar plenamente de sus derechos civiles y políticos. Uno de los factores fundamentales detrás de estas acciones es la restricción del debate público, la disminución de la presencia de medios de comunicación independientes y la autocensura que surge como resultado de la persecución a periodistas, líderes y activistas. Estas prácticas impiden que la ciudadanía acceda a información de calidad que le permita ejercer su derecho a exigir rendición de cuentas a nivel nacional, estatal y municipal. En última instancia, esto tiene un impacto perjudicial en el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la salud de la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
1 Ver: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
2 Dahl, Robert. La poliarquia. Participación y Oposición. Madrid: Tecnos Editorial S A, 2009.
3 “¿En qué medida los medios de comunicación (a) son imparciales en su cobertura o falta de cobertura de la oposición, (b) están autorizados a ser críticos con el régimen y (c) son representativos de una amplia gama de perspectivas políticas?” . Sus valores oscilan entre cero (bajo) y uno (alto).
6 Ver: https://transparenciave.org/las-ong-toma-la-palabra-ante-desinformacion-regional/
7 Ver: https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/
8 Ver: https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/acerca-de/
10 https://www.forbes.com.mx/deepfakes-el-lado-oscuro-de-la-inteligencia-artificial/
11 Ver: https://www.cazadoresdefakenews.info/revolucion-ai-marzo-2023-el-alzamiento-de-los-deepfakes/