La Segunda Guerra Mundial, la Constitución de 1947 y la Guerra fría
La Guerra del Pacífico (1941-1945) terminó con los bombardeos nucleares a Hiroshima y Nagasaki, la rendición japonesa y la ocupación de las fuerzas americanas de sus territorios dirigidas por el general Douglas McArthur. Con la finalidad de enterrar la ideología que había llevado a Japón a la situación en la que se encontraba, juristas y militares estadounidenses escribieron un proyecto de constitución en 1946; el texto fue aprobado con unas pocas reformas por la Dieta japonesa y se promulgó en 1947.
Con esta constitución, se buscaba desmantelar la estructura militar japonesa y democratizar el sistema imperialista descrito en la Constitución Meiji de 1890 que le había otorgado gran poder a los militares. De igual forma, se debilitó el nacionalismo japonés llamado kokutai que había servido para unificar e inspirar bajo la idea de soberanía nacional y de una monarquía constitucional. Una de las reformas más importantes que se realizaron con la Constitución de 1947, sería el artículo 9 que explica la renuncia a la guerra armada:
“Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido.”
Se lograron los dos objetivos principales: desmovilizar y democratizar. Una vez que las tropas japonesas eran interrogadas, sus miembros podían ser enjuiciados y en ciertos casos, ejecutados. Se comenzaron a promover mayores libertades: “de prensa, reunión, asociación y religión; igualdad jurídica de las mujeres; amplia reforma de la propiedad de la tierra; liberalización del trabajo” (Álvarez, 2004, p.10).
Aunado a esto, las autoridades americanas consideraron que había claras evidencias de tendencias autoritarias en el liderazgo militar japonés debido al poder que el ejército y los samurái habían tenido, por lo que también decidieron eliminar el derecho a un ejército. Se le llamaría “Paz Constitucional” a estas condiciones antimilitaristas que garantizaron los derechos individuales y despojaron de su poder al antiguo Imperio japonés; los japoneses nacidos en la posguerra, ya no aceptarían otro sistema constitucional que no fuese el de la Constitución de 1947.
A partir de ese momento, se crearía una alianza entre Japón y EE. UU, que se evidenciaría lo largo de los años. Con el inicio de la Guerra Fría, las autoridades estadounidenses permitieron el resurgimiento de la antigua élite empresarial japonesa y de los centros industriales, convirtiéndose en aliados naturales que les proveyeron de armamento. Durante la Guerra Fría, tanto la ciudadanía como las autoridades japonesas preferían una estrategia pacifista, por lo que el Primer Ministro Eisaku Sato impuso una prohibición de exportar armas, mientras que el Primer Ministro Miki Tadeo estableció un límite del 1% del PIB en gasto de defensa.
Creación de las FAD
Más adelante, en 1954, se promulgó la Ley de las Fuerzas de Autodefensa para establecer las bases jurídicas sobre las cuales se crearían las Fuerzas de Autodefensa (FAD). Según la Ley, estas Fuerzas debían mantener la seguridad e independencia de Japón, defendiéndola de amenazas directas o indirectas a través de tierra, aire o mar; para evitar que surgiera el mismo liderazgo militar, se estableció que las FAD estarían bajo la Agencia de Defensa. Esta última, formaría parte de la Oficina del Primer Ministro, por lo que las FAD se encontraban completamente bajo el control civil y el encargado de la Agencia también sería un ministro; finalmente, la figura con mayor poder sobre las FAD sería el Primer Ministro que responde ante la Dieta.
La idea de crear una Agencia para la Defensa, en lugar de un ministerio, pretendía que esta estuviese más controlada, tanto por el Primer Ministro, como por la Dieta y los demás ministerios. Las FAD se crearon siguiendo el modelo estadounidense, dividiéndolas en tres ramas: Las Fuerzas de Autodefensa de Tierra (GSDF), las Fuerzas de Autodefensa Aérea (ASDF) y las Fuerzas de Autodefensa Marítima (MSDF). Para las FAD no existe una Ley de secretos militares y los crímenes cometidos son juzgados como cualquier otro crimen civil.
Evolución y Nuevos alcances de las FAD
En 1976 a través el Programa de Defensa Nacional, se buscó delimitar con más precisión la estrategia para la defensa de la nación. Se estableció que en ataques de menor escala, las FAD responderían de forma inmediata, mientras que en ataques a mayor escala, como podría ser un ataque nuclear, Japón solicitaría la ayuda de EE. UU.
Años después, en 1982, el Primer Ministro Yasuhiro Nakasone se encontró bajo presión por parte de EE. UU y otras naciones que deseaban que Japón adoptara una posición más firme en relación a su defensa. Tomando en cuenta el pasado militar de Japón, la población y la oposición no apoyarían un cambio muy drástico, por lo que Nakasone decidió aumentar de forma gradual el poder de las FAD así como el gasto en defensa. En 1987, Nakasone informó que el presupuesto militar para ese año estaba ligeramente por encima de las cantidades anteriores (1,004% del PIB); en ese mismo año un 80% de los encuestados apoyaban el aumento del gasto, con lo cual ya se observaba que comenzaba un rechazo al aumento del poder de las FAD.
Posteriormente, en el período de 1986-1995 se observaría una ampliación y modernización de las FAD que traería avances en la tecnología y en las capacidades defensivas; al mismo tiempo se mantenían acuerdos de seguridad entre EE. UU y Japón. Durante este periodo, fue importante la Guerra del Golfo (1990-1991) ya que las autoridades japonesas comenzaron a estar más a favor de la normalización de las fuerzas armadas y de su acción en el mantenimiento de la estabilidad internacional. En 1992 se promulgó la Ley de apoyo de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que estableció condiciones para los movimientos de las FAD:
“Debían darse cinco condiciones para despachar tropas al exterior: 1) debe existir un cese del fuego viable; 2) las partes en conflicto deben dar su consentimiento a las Naciones Unidas para sus operaciones de mantenimiento de la paz; 3) dichas operaciones deben ser neutrales; 4) Japón puede retirar inmediatamente sus tropas si cualquiera de las tres condiciones anteriores se rompe; y 5) el personal de las FAD puede usar armas ligeras sólo en caso de autodefensa.” (Álvarez, 2004, p.16)
De igual forma, en 1999, la Dieta promulgó unas leyes promovidas por el Gobierno y un acuerdo japonés americano que estableció las Directrices de Cooperación Defensiva entre Japón y los EE. UU. Con este acuerdo se fijó la garantía de la paz en Japón y sus alrededores, así como un nuevo marco de colaboración en la seguridad entre ambos países.
Luego de la promulgación de estas leyes, las FAD comenzaron a actuar junto a las Naciones Unidas en diferentes países, en su mayoría africanos, sin embargo, en general la participación de las Fuerzas consistía en un despliegue simbólico. Según las encuestas, el 80% de los japoneses apoyaba estas medidas.
En el 2001 y 2002 las FAD prestaron ayuda directa a los EE. UU en campañas militares en Afganistán e Irak de una forma más activa y en el 2002, solo un 40% de los encuestados estaban de acuerdo con estas medidas. De igual forma, en ese año la Dieta promulgó una ley para permitir el despliegue de tropas japonesas en Irak para su reconstrucción y la cantidad alcanzó los 1.000 efectivos en el 2004. En el 2006, se crearía oficialmente el Ministerio para la Defensa que controlaría a las FAD en lugar de la Agencia para la Defensa.
Posteriormente, las FAD han participado en diferentes operaciones de mantenimiento de la paz con la ONU, de asistencia humanitaria y en desastres naturales; para el 2014, habían participado en 27 operativos de esta naturaleza. Sin embargo, las FAD seguían siendo fuerzas de defensa propia y bajo el marco legal no podían defender a sus aliados.
Relación con Estados Unidos y amenazas recientes
La relación entre los EE. UU y Japón ha sido fundamental para la defensa de Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los EE. UU tiene el beneficio de una base en el Pacífico mientras que Japón ha tenido un importante aliado frente a diferentes situaciones. El Ministerio de Defensa de Japón señaló en el 2018 que la administración de Trump tenía planeado mantener la alianza con Japón frente a las tensiones con China, Rusia, Corea del Norte, Irak y los terroristas yihadistas. En ese año, las preocupaciones de Japón se centraban en la ampliación de las fuerzas militares de China, la intensificación de las actividades de Rusia y el desarrollo de armamento militar y nuclear de Corea del Norte.
En el 2019, el Primer Ministro Shinzō señaló que se enfocarían en la defensa en el espacio a través de satélites y su monitoreo; de igual forma estarían alertas con los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. A inicios del 2020, se celebró el aniversario N° 60 del tratado de seguridad entre los Estados Unidos y Japón, por lo que los gobiernos de ambos países dieron declaraciones que mostraron la continuación de una fuerte alianza entre ellos. Aunado a esto, Japón buscará mejorar sus capacidades defensivas para estar al nivel de los desafíos actuales y seguir modernizando sus fuerzas. Prueba de ello son dos documentos importantes del 2018: la Guía del Programa de Defensa Nacional y el Programa de Defensa de Mediano Plazo, a través de los cuáles, Japón señala los pasos que seguirá durante los próximos cinco años en temas de defensa. A pesar de que surgió una preocupación del público debido a las intenciones de Japón de obtener armamento misil de largo alcance y aeronaves, los documentos muestran que las prioridades de Japón se enfocan en el espacio, el ciberespacio y el espectro electromagnético.
También se mencionó que el gasto en defensa ha aumentado constantemente con el gobierno de Shinzō Abe y que puede ser mayor de lo necesario para los avances que se están realizando. Además, existen barreras legales, políticas y sociales en lo que se refiere a las FAD, por lo que la evolución de sus capacidades defensivas sigue encontrando diferentes limitantes.
Los impedimentos legales y la voluntad de los japoneses
Inicialmente surgieron debates en la Dieta antes de aprobar el artículo 9 de la constitución, ya que algunos consideraron que el mismo dificultaría la defensa del país ante amenazas, sin embargo, la población japonesa lo aceptó considerando los desastres que había causado el militarismo en el país.
Debido a la falta de especificidad en el artículo 9, este ha sido reinterpretado en diferentes ocasiones. Algunos señalan que el mismo prohíbe que el gobierno lance un ataque armado pero no impide la defensa propia o la participación en misiones de las Naciones Unidas. El gobierno japonés ha señalado durante décadas que Japón tiene el derecho a defenderse según leyes internacionales pero que su constitución no ha permitido el libre ejercicio de este derecho.
La primera vez que se interpretó de otra forma la constitución fue con la doctrina Yoshida, cuando este primer ministro permitió la creación de las FAD y reconoció el derecho a la defensa propia de Japón luego del inicio de la Guerra de Corea (1950-1953). Recientemente, el Primer Ministro Shinzō Abe ha intentado expandir la capacidad militar de Japón y ha solicitado varias veces una reinterpretación de la constitución para permitir la defensa propia colectiva que incluye un papel militar más activo; esto con la finalidad de integrarse mejor a la alianza con los Estados Unidos y que juntos puedan tomar un papel más importante como defensores internacionales de la paz. En Japón este sigue siendo un tema bastante sensible que genera debate.
Uno de los intentos para llegar a una nueva interpretación de la constitución por parte de Shinzō Abe tomó lugar en el 2007, cuando convocó a una comisión de 13 expertos para que analizaran el tema. Esto fue criticado ya que todos los miembros de la comisión estaban a favor y entre ellos sólo había un experto en derechos constitucional; se creyó que el comité había sido elegido de forma preferencial.
Los argumentos legales de la comisión no fueron suficientes para convencer a los parlamentarios. Señalaron que la carta de las Naciones Unidas destaca el derecho de cada uno de sus miembros a la defensa individual o colectiva en el caso de que un agresor realice un ataque armado. Sin embargo, esto no resultó convincente porque las naciones pueden renunciar a estos derechos y en el caso de la defensa propia colectiva, Japón siempre había interpretado el artículo 9 como una renuncia al mismo.
En el 2012, Abe renovó la comisión y en 2014, logró que la reinterpretación fuese aprobada por el Gabinete de Ministros como una política pública y después fue aprobado como una ley por el parlamento. Con esta ley, Japón si podía defender activamente a sus aliados, si estos han sido amenazados y en ese año, esto fue promovido debido a los avances militares de China y Corea del Norte en la región y para establecer una alianza más fuerte con los Estados Unidos frente a estos países. Estas medias despertaron protestas sociales, ya que aproximadamente más del 60% de los japoneses no estaban de acuerdo con ello.
No obstante, Abe todavía considera que el artículo 9 sigue siendo un impedimento legal y que el papel de las FAD debería colocarse de forma explícita en el artículo para que sus miembros puedan defender a la nación de forma libre y con orgullo. Sin embargo, para cambiar la constitución necesitaría realizar una consulta popular.
Desde la época de la posguerra ha aumentado cada vez más el apoyo popular por mantener la Constitución de 1947 intacta. Esto se debe a varias razones: las experiencias de miseria vividas en las guerras, la prosperidad que trajo la nueva constitución, la ausencia de una mejor alternativa y el largo periodo de paz que ha vivido Japón sin una gran amenaza militar externa. Además, mantener la militarización del país bajo control también significó disminuir las probabilidades de un golpe de Estado. Pareciera que los japoneses han asumido la Constitución de 1947 como una guía de valores ya que reconoce las libertades y la dignidad de la persona y ha ejercido un importante cambio en la concepción de la libertad para los japoneses, que no pueden evitar comparar su vida a la que se vivió antes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso un parlamentario del Partido Democrático Liberal, Hajime Funada expresó: “Para los japoneses, la constitución es algo parecido a una Biblia.”
Conclusión
En términos generales, se puede considerar que la cultura política japonesa cambió con la promulgación de la Constitución de 1947, ya que con ella los japoneses asumieron sus derechos y libertades como irrevocables, así como la idea de que el militarismo japonés es peligroso y debe ser cuidadosamente limitado. Pareciera que se ha formado una triada ideológica, entre los derechos y libertades individuales, el antimilitarismo y la paz y por esto, los japoneses se han resistido a ceder o a modificar el artículo 9, a pesar de que la autodefensa colectiva está permitida en la Carta de las Naciones Unidas y que la colaboración militar con otros países podría traer beneficios. De igual forma, se puede destacar, que la Constitución de 1947 no concibe establecer un Estado de excepción en Japón, condición que tampoco ha sido modificada desde su promulgación.
Tomando en cuenta la experiencia japonesa, no solo en relación a la limitación del poder militar, sino también al asumir la forma de monarquía parlamentaria bajo las condiciones de la Constitución de 1947, podríamos preguntarnos si existe una correlación entre estos factores y la democracia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Emperador y el ejército tenían un gran poder político, no se aseguraban las libertades de los ciudadanos y parece que limitar en gran medida el poder de ambos ha formado un sistema político mucho más democrático, tomando en cuenta que según el Democracy Index (2019) Japón obtuvo un puntaje considerablemente alto de 7.99. De igual forma, hay muchos otros factores que se deben revisar en un análisis de esa naturaleza y que no se han esbozado en este artículo.
La relación con el antimilitarismo despierta también la interrogante de si existen algunos rasgos de las instituciones militares que llevan a tendencias más autoritarias, considerando que varios países de Latinoamérica han experimentado esto. Además, surge la pregunta de qué tan necesario es tener un ejército con todas las capacidades de acción, es decir, que no sólo defienda a su país sino que también se involucre en los conflictos de los demás. ¿Cómo cambiaría el panorama mundial con un menor grado de militarismo?
Por último, se puede mencionar que la influencia ideológica norteamericana en Japón es innegable ya que la relación entre estos países, más allá de establecer una alianza militar defensiva se caracterizó por la adopción de ideas liberales por parte de los japoneses y el apego a la Constitución de 1947 es una prueba de ello.
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