Las instituciones políticas chilenas están experimentando la transformación más importante en la historia democrática del país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Al plebiscito constitucional, la elección de los miembros constituyentistas, los comicios municipales y por primera vez regionales, ahora se le suma la aprobación del primer juicio político contra un presidente en ejercicio junto con las elecciones generales del próximo 21 de noviembre.
La Cámara de Diputados aprobó el martes pasado un juicio político contra Sebastián Piñera con el fin de que este sea destituido. La motivación detrás de esta decisión es la vinculación del mandatario chileno en irregularidades tras la venta del proyecto minero Dominga por 152 millones de dólares a un amigo del funcionario. Los Pandora Papers son la fuente de información de la oposición, siendo estos documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en los que se presenta que Piñera aprobó este proyecto bajo un precio mayor al previsto a cambio de que el mismo no tuviese restricciones ambientales en unas de las reservas más ricas en la región, en la cual habitan especies como el pingüino de Humboldt, estando esta en peligro de extinción.
El diputado Jaime Naranjo realizó un discurso de 14 horas y 20 minutos en el que presentó la acusación hacia el presidente, resaltando que había puesto en duda el honor de la Nación, siendo el primero en ser acusado de esto junto con violaciones de derechos humanos por las protestas del 2019. El jefe de Estado chileno ha negado las acusaciones, sin embargo la decisión final se encuentra en el Senado, en el que la oposición cuenta con 24 de los 29 votos que se necesita para aprobar el juicio. El abogado de Piñera deberá presentarse nuevamente ante el plenario de la Cámara Alta tan sólo 5 días antes de las elecciones generales para definir el cierre de la actual gestión.
Ante este juicio y los comicios presidenciales se encuentra en juego la estabilidad de las instituciones políticas chilenas, las cuales no sólo serán reformadas a través de la nueva Carta Magna, sino que estarán bajo la dirección de un político distinto a Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, los cuales han dirigido el país en los últimos 16 años. ¿Qué podría pasar si el presidente es finalmente llevado a juicio? El Gobierno tendría que ser sometido a una escrupulosa rendición de cuentas en la cuál se podría constatar el desempeño del mismo. Teniendo así la posibilidad de validar el principal argumento que impulsó a los chilenos a votar por la reforma constitucional, es decir, que sus instituciones políticas son herencia de la dictadura de Pinochet y que estas se complementan con problemas de corrupción que generan el descontento que causó el estallido social de hace dos años.
Si bien la violación de derechos humanos no tiene el mismo peso que la corrupción de un Gobierno, aún así estas pueden estar alarmantemente vinculadas. En el momento en el que se presentan irregularidades como en el proyecto Dominga, se abre paso para que los funcionarios cometan más ilegalidades en proceso vinculados al mismo, como sobornos, extorsión, administración desleal o apropiación indebida del patrimonio público. A su vez, ante la presión de periodistas y manifestantes esto puede llevar a que el Gobierno reprima y silencie los medios, lo cual comienza a aproximarse mucho más a la violación de derechos humanos.
Con este razonamiento causal no se aspira afirmar que el Gobierno de Piñera efectivamente haya violado derechos humanos, sino la importancia de este juicio y la necesidad de que se investigue a fondo la acusación que fue respaldada por la mayoría de los diputados chilenos contra el presidente, pues no es posible que la democracia y la corrupción convivan. En este momento, Chile se encuentra en su mayor punto de tensión política ante un futuro incierto, aún mayor que en el 2019, debido a que ahora se avecinan decisiones que determinarán el rumbo de sus instituciones políticas. La supervivencia, protección y prolongación de la democracia dependerá del debido proceso ante el plenario del Senado, la diligente observación de la ciudadanía sobre sus funcionarios públicos y su activa participación en las elecciones generales de este domingo.
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Estallidos Sociales en América Latina Vol 1: Bolivia, Chile & Ecuador