El término populismo llena hoy titulares de prensa y anaqueles de librerías. Ha pasado de ser un oscuro concepto de uso para politólogos para convertirse en arma arrojadiza de debates en países tan disímiles como Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido o Hungría. Como fenómeno parece encarnar, con el mismo vigor, tanto esperanzas como miedos. Es enfrentado por las elites políticas y académicas con actitudes de van del desprecio al terror, pasando por la condescendencia y la curiosidad.

La actual marea populista, que se inicia con posterioridad al fin de la Guerra Fría, tras el derrumbe de los grandes “meta-relatos”, puede ser entendida como un llamado de alerta, un fuerte aldabonazo a la puerta de las democracias liberales. De ser un fenómeno concebido como periférico, como excentricidad de “sociedades atrasadas” y “sistemas democráticos incipientes” y de escasa institucionalización, se ha colocado en el centro, rugiendo en los despachos de los grandes poderes.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de populismo? Este artefacto es una lógica de acción política, de construcción discursiva de identidades políticas colectivas, basado en el conflicto polarizado, entre “los de abajo” y “los de arriba”, “los de dentro” contra “los de fuera”, que hace posible una movilización que confronta a las instituciones. Así, es una manera de estructurar el campo político, entendido como un campo de confrontación social por el poder.

El pueblo y lo popular, todos y ninguno…

Hay una larga literatura desde que fue referida su primera aparición a fines del siglo XIX. Los narodniksrusos y los populistas americanos tenían poco en común, salvo su carácter eminentemente rural, su discurso anti-elite y su invocación de ser expresión del “pueblo real” frente a los detentadores tradicionales del poder. Los primeros tuvieron una difícil supervivencia bajo la opresión del absolutismo zarista, hasta ser despreciados y fulminados bajo el comunismo leninista. Los populistas americanos fueron un fenómeno de relativa importancia hasta que el sistema democrático estadounidense los fue licuando a principios del siglo XX.

La crisis de los regímenes liberales y de las repúblicas oligárquicas a fines del siglo XIX incrementó la presión de nuevos sectores exigiendo la ampliación de la ciudadanía democrática, el paso de un Estado oligárquico, liberal y/o republicano, hacia uno democrático y social. La aparición de los radicales en el Cono Sur de América Latina, como radicalización de jóvenes liberales ante las promesas incumplidas de los liberales tradicionales, quienes devinieron conservadores, se expresó en la aparición de nuevos movimientos políticos. La Unión Cívica Radical argentina constituye, junto con el Partido Radical chileno, última expresión viva de ese proceso. ¿Era eso populismo? ¿Podemos considerar este reto institucional a los regímenes oligárquicos un “momento populista”? Depende del acercamiento y de la noción de pueblo…

Desde el último tercio del siglo XIX la aparición del movimiento obrero, de los partidos socialistas y socialdemócratas, nos hablaba también de una creciente presión democratizadora. Los obreros, quienes habían crecido en número y en importancia debido a la revolución industrial, habían permanecido sin derecho al sufragio en muchos regímenes liberales. La disputa por la expansión de la ciudadanía política, el derecho al sufragio, se dio al unísono que la emergencia de nuevas exigencias de ciudadanía, cambios igualitarios en la distribución de la propiedad, de la renta y del bienestar, en acceso a los servicios y a la calidad de vida. La disputa por la democratización de la propiedad se vinculaba con la de la expansión del sufragio y la ciudadanía, porque ambas se vinculan con la noción de autonomía, independencia, libertad política y civil.

“El Estado, con la industrialización, había acumulado una inmensa capacidad técnica de control sobre la sociedad, lo que permitió que aparecieran los terribles fenómenos totalitarios del siglo XX: los fascismos desde la derecha y el comunismo en las izquierdas”.

La I Guerra Mundial representó una ruptura civilizatoria profunda. Las ideas tradicionales de progreso del siglo XIX se vieron puestas a prueba. Los años entre 1917 y 1945 fueron de brutal experimentación. El Estado, con la industrialización, había acumulado una inmensa capacidad técnica de control sobre la sociedad, lo que permitió que aparecieran los terribles fenómenos totalitarios del siglo XX: los fascismos desde la derecha y el comunismo en las izquierdas. El liberalismo parecía estar en quiebra.

Los fascismos, como exacerbación radical del nacionalismo, siendo el nazismo alemán su superlativo, resignificaron una noción de pueblo en un ejercicio totalitario sin precedentes. Enemigos de cualquier expresión de la modernidad ilustrada y de la Revolución Francesa, aplastaron con idéntica saña a comunistas, socialdemócratas, socialistas, liberales, republicanos, demócratas, imponiendo una noción homogénea de pueblo construida sobre discursos raciales y etnocéntricos. El pluralismo desaparecía dentro de un discurso de lo popular que no aceptaba matices y que rompía por completo con la democracia.

El comunismo totalitario montó su estructura de control sobre parámetros clasistas, sobre una retórica universalizante, heredera de la razón ilustrada moderna y de sus mitos revolucionarios. La noción de “lo popular” en el discurso comunista descansaba sobre la política de dominio de una clase sobre las otras, hasta hacer desaparecer cualquier pluralismo económico, lo que implicaba la erradicación de lo político, la desaparición de la diversidad social y cultural, y la ruptura completa respecto a la democracia.

Frente a esto, en el seno de regímenes liberales y/o democráticos, apareció una nueva manera de entender “lo popular”, políticamente hablando, como una especie de sustento social de una gran coalición policlasista contra la amenaza del fascismo. Los Frentes Populares integraban al espectro político de las izquierdas durante el período de entreguerras, donde coexistían socialistas, comunistas, socialdemócratas, liberales, republicanos, demócratas, en un ejercicio de coalición contra el fascismo. Esto tampoco puede ser considerado populismo en el sentido contemporáneo pero trae una reminiscencia de la presencia de la invocación al pueblo en la política democratizadora.

En América Latina emergieron movimientos nacional-populares retando a las viejas instituciones, como expresión policlasista, con campesinos, obreros, intelectuales, pequeños comerciantes y funcionarios, intelectuales, presionando por la democratización de los sistemas políticos, por la expansión del sufragio donde éste existía, por su establecimiento como efectivamente universal donde se encontraba ausente. A esta presión se le agrega la agenda de la justicia social, con la emergencia de los derechos sociales y económicos. De igual manera se agregó la reivindicación nacionalista de lo popular, que adquiere en el discurso un carácter más defensivo que ofensivo, mezclado en la reivindicación del Estado nacionalista y democrático, frente a fuerzas externas a toda legitimidad democrática.

De esta manera la noción contemporánea de democracia implicaría, al menos en América Latina, tanto el sufragio universal, las libertades políticas y civiles,  como los derechos sociales, lo que incluye salud, vivienda, educación, salarios, derechos laborales. El APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela, podrían ser considerados expresiones acabadas de estos movimientos.

Mención aparte merece la Revolución Mexicana (1910-1920) que se nutrió de muchas agendas, desde la agrarista, la indigenista, hasta la emergente del socialismo. La Constitución de 1917, aún vigente, expresa la mixtura que le dio forma a la Revolución, que a su vez le dio forma al México contemporáneo. Lo popular mexicano envuelve todo este proceso y lo supera. De allí que el gobierno de Lázaro Cárdenas es señalado como populista, por reeditar una narrativa popular-revolucionaria.

“El populismo latinoamericano, al ser fundamentalmente policlasista, se percibía entonces como enemigo de la política clasista de los comunismos ortodoxos”.

Por otro lado, emergieron también en América Latina, liderazgos personalistas con influencias fascistas, que usaban invocaciones recurrentes al pueblo, hasta llegar a darle forma a una imagen de lo que hoy entendemos por populismo. El argentino Juan Domingo Perón, militar de derechas, impulsor de un poderoso movimiento de masas con una base obrera importante, que llegó al poder en 1945 para impulsar de manera autoritaria un proceso de movilización y transformación del Estado argentino incorporando a masas de población empobrecida a los beneficios de la civilización moderna. Getulio Vargas, dictador brasileño, quien creó su Estado Novo de corte fascista negando cualquier atisbo de pluralismo. Con personajes como estos el populismo, la invocación a lo popular como reto a las instituciones, quedó atado a la idea de personalismo político y liderazgo carismático. El populismo latinoamericano, al ser fundamentalmente policlasista, se percibía entonces como enemigo de la política clasista de los comunismos ortodoxos.

Un matrimonio de a tres… liberalismo, democracia y socialismo

Tras la derrota de la Alemania nazi y del imperio japonés en 1945 se inician treinta años de crecimiento en la economía mundial. Crecimiento que tendrá diferencias sustantivas respecto a episodios precedentes.

El crecimiento económico no solo fue absorbido por las capas superiores de la población, sino que se extendió a través de las sociedades en términos más igualitarios que nunca antes. Lo que derivaba fundamentalmente de la existencia de un nuevo rol en el Estado capitalista que emergió de la contienda. En Europa occidental la reconstrucción económica se dio de la mano de un Estado social y económicamente activo, el Estado de Bienestar, que sostenía su política sobre grandes acuerdos sociales y políticos: el denominado consenso socialdemócrata.

Este consenso de postguerra es la última metamorfosis de la relación entre la democracia y el liberalismo. Esta democracia liberal contemporánea se nutre de tres tradiciones políticas distintas. Primero, de la tradición liberal que pone límites legales al ejercicio del poder político, fijando un Estado de derecho con un sistema de garantías individuales y libertades, con separación de poderes y clara distinción entre lo público y lo privado. Segundo, la tradición democrática que sostiene la legitimidad del poder sobre el sufragio universal, reconociendo a la soberanía popular como origen último de toda autoridad, es decir al pueblo soberano como gran decisor. Y tercero, sobre la tradición socialista, en su versión socialdemócrata, que incorporó no solo los derechos sociales y económicos –la salud, educación, seguridad social, pensiones, vivienda– a los nuevos pactos constitucionales, sino que potenció el moderno Estado de Bienestar, reconociendo también la legitimidad de fuerzas sociales colectivas, como los sindicatos y el movimiento obrero, en el funcionamiento del poder.

Aunque estos consensos tienen su expresión más completa en las instituciones democráticas que se consolidan luego de 1945 en Europa occidental, sus parámetros funcionan como marcador para exigencias y ambiciones de los grandes reformistas democráticos en América Latina, en los países asiáticos y africanos, en progresiva descolonización desde 1947, incluso en Estados Unidos, hasta mediados de los años setenta del siglo XX.

“…el crecimiento económico también incorporó al mundo socialista y al mundo de países “en vías de desarrollo”, y segundo, que la competencia contra el comunismo tuvo un efecto disuasorio (o moderador) en actores tradicionales del capitalismo”.

Efectivamente, era un mundo partido en dos. La bipolaridad le dio forma a la política y a la economía mundial entre 1945 y 1991. La Guerra Fría derivó en una brutal carrera armamentística que marcó parte de los ritmos de crecimiento. Pero no podemos soslayar dos elementos a considerar en este proceso, primero, que el crecimiento económico también incorporó al mundo socialista y al mundo de países “en vías de desarrollo” (conocido como Tercer Mundo), y segundo, que la competencia contra el comunismo tuvo un efecto disuasorio (o moderador) en actores tradicionales del capitalismo.

Una democracia tomada por el liberalismo…

Ese triángulo de poderes limitados para garantizar libertades, soberanía popular y derechos sociales no tenía garantía de perdurabilidad. Hay tensiones intrínsecas en su funcionamiento, que requiere una creciente tecnocratización del Estado, pero también contención en los actores políticos y sociales, en empresarios, políticos y dirigentes sindicales.

Ese acuerdo se sostenía sobre unos pocos sentimientos fundamentales. El primero era el miedo al caos, es decir, el temor a una nueva “Gran Depresión” (como la de los años treinta) seguida de una nueva guerra. El segundo, era el miedo al comunismo, que se mostraba en un mundo polarizado como una amenaza terrible de opresión. El tercero, era la promesa del bienestar y la riqueza estable, que pareció funcionar hasta la crisis petrolera de 1973. El cuarto era la esperanza, casi certeza, de que era posible planificar racionalmente el futuro de las sociedades a través de un nuevo sector tecnocrático y burocrático que se nutría de nuevos conocimientos.

Luego, hubo signos preocupantes de que se avecinaba una crisis. El año de 1968, con el mayo francés en París, las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam, la matanza de Tlatelolco en México, el aplastamiento de la Primavera de Praga por los tanques soviéticos, parecía presagiar una ruptura generacional, lo que traía consigo la pérdida de legitimidad en los consensos moderadores de la posguerra.

Paradójicamente, el inicio de la crisis en el modelo de desarrollo coincidió con la tercera ola democrática. En 1974 la vieja dictadura portuguesa se derrumbó tras una Revolución radical. Un año después muere el viejo dictador Francisco Franco en su cama, iniciándose la transición a la democracia en España. En 1978 se abren paso los procesos de democratización de América Latina: primero Ecuador y Perú, luego Argentina en 1983, Uruguay y Brasil en 1985, Chile se retrasa pero Pinochet es derrotado y el país conquista recibe su democracia en 1989.

“Sobre el remate de los restos del comunismo se desarrollaron otros procesos de transición, aún cuando sus destinos parecían ser democráticos no todos llegaron a ese puerto, decantándose por nuevas formas de autoritarismo”.

Ese mismo año de 1989 se vino abajo el Muro de Berlín y se inició el desmontaje del comunismo, arrastrado sobre la acumulación de sus propios errores, contradicciones y tragedias. Constituyó el fracaso histórico más estrepitoso de la modernidad. Sobre el remate de los restos del comunismo se desarrollaron otros procesos de transición, aún cuando sus destinos parecían ser democráticos no todos llegaron a ese puerto, decantándose por nuevas formas de autoritarismo.

Acá podemos percibir una nueva metamorfosis. Desde 1979 varias transformaciones se estaban ejecutando en la relación entre democracia y liberalismo. La democracia liberal, con las políticas impulsadas por los neoconservadores, parecía cada vez más liberal y menos democrática.

El cambio tecnológico contribuía sin duda alguna a acentuar este patrón. Las nuevas tecnologías de información y comunicación alteraron sustancialmente las maneras de organizar el trabajo y la producción, trayendo consigo la progresiva decadencia de la anquilosada clase obrera, tras la desaparición del campesinado, mientras el trabajo interconectado e individualizado aseguraba máxima eficiencia en menor tiempo y con menor costo.

El Estado nacional moderno, que había sido el protagonista político central desde el siglo XVII, que había sido el escenario de la “nacionalización” de la política en el siglo XIX, y de la “democratización” en el siglo XX, empieza a ser incapaz de administrar los flujos que le daban relevancia socioeconómica y que le permitía crear coberturas de protección a sectores sociales vulnerables.

Entraba en crisis también la capacidad de que la acción colectiva, y sus expresiones institucionales (partidos políticos, sindicatos, iglesias tradicionales, etc.), le permitieran al ciudadano decidir su destino común. Acá se puede percibir la brecha creciente entre la política del ciudadano, como dueño de sí mismo, típica de la democracia, y la existencia económica del consumidor-cliente, cada vez más dominante en el discurso liberal de fines del siglo XX y principios del XXI. El símil de la vida como un gran supermercado de opciones individuales (políticas, religiosas, de creencias, de productos) se hizo recurrente. Pero la ausencia de la invocación a un destino común, colectivo, empezó a hacer mella en el “compromiso cívico” necesario para la pervivencia democrática.

De la apatía al desafío…

Las primeras evidencias de este debilitamiento, desconsolidaciónse le ha llamado en los países desarrollados, fue el incremento de la apatía que se expresaba en la abstención electoral. Muchos lo leyeron como un proceso normal en democracias maduras. La apatía del ciudadano sería el correlato de la existencia de una elite política profesional consolidada, que sabría gestionar lo público con eficiencia, y a la que el ciudadano delegaría su destino político, mientras dedicaba su vida a ser un consumidor-cliente satisfecho. La antigua “ley de hierro de la oligarquías”, de Michels, parecía confirmada, ya no como un problema sino como una sana garantía para evitar la volatilidad caprichosa del demos.

Pero  de aquella confianza vienen las actuales incertidumbres y temores. Había que excavar dentro de la desafección pública y la apatía cívica. Las instituciones políticas que, de acuerdo al principio de representación, debían responder a las necesidades y exigencias de la ciudadanía, fueron adquiriendo tal nivel de autonomía que el ciudadano creyó quedar desvalido en su vocería, lo que rompió el “encantamiento” que hace posible el principio de “representación”. Muchos percibieron que se rompió un pacto social previamente construido, probablemente heredado, y nadie respondía por ello.

“Se percibe a unos “más iguales que otros”, porque hay unos pocos que parecen tener más poder efectivo que cualquier ciudadano, lo que va más allá de la igualdad legal y de la “de oportunidades”…”

Algunos hacen hincapié en la desigualdad económica, pero esta no es una explicación suficiente, debiendo analizarse el traslado de la brecha económica a una desigualdad percibida en términos de poder. Se percibe a unos “más iguales que otros”, porque hay unos pocos que parecen tener más poder efectivo que cualquier ciudadano, lo que va más allá de la igualdad legal y de la “de oportunidades”, llegando a expresarse en una ruptura de lo que se percibe y reconoce como un proyecto de vida en común.

Aquí  tenemos el caldo de cultivo para la generación de una identidad política colectiva que exige una ruptura, que expresa un disenso y que choca contra instituciones que no reconoce como propias.

Efectivamente, los movimientos que hoy apelan al populismo como lógica de acción política principal y dominante frente a las democracias consolidadas, pueden representar una amenaza para la sociedad abierta y el pluralismo, así como para el sistema de libertades que sostiene nuestra vida civilizada. Pero este reto “populista” puede ser visto desde dos perspectivas distintas con consecuencias políticas disímiles.

Visto desde arriba, desde las elites, se hace hincapié en la amenaza del líder autoritario y manipulador que promete (y seduce) a unas masas débiles o vulnerables para que lo sigan en su deriva autoritaria. Desde esta mirada la mejor defensa es incrementar el tamaño de las barreras, bloquear al líder e impedir que las “cuestiones a ser decididas” pasen a manos de gente “incapaz de decidir”. Se va por allí a un tobogán que conduce a una mayor tecnocratización y a un retroceso de la democracia.

Pero visto desde abajo se puede hacer hincapié en responder a los cambios sociales que han hecho posible una percepción de impotencia en el ciudadano. El problema es que la percepción de la pérdida de poder del ciudadano no se relaciona con la promesa concreta de algún político específico, sino con la ruptura de la promesa fundamental de la democracia: el poder del “hombre común” sobre su propio destino colectivo. No es la crisis de los políticos, es la crisis de la política sustituida por la “gestión”. Es la crisis de lo público, entendido como algo distinto a un agregado de intereses privados, sino que constituye la razón de ser de la sociedad: el famoso “bien común”.

Responder desde la ciudadanía democrática

La tradición democrática es fruto de una pasión plebeya, recordando a Tocqueville, por lo que es implícito su carácter anti-elitesco, vinculado a su vocación igualitaria que lo enlaza con la tradición socialista. Esa pasión se apaciguó tras su enlace con la tradición liberal, que se construyó sobre una defensa de la libertad contra el abuso del poder. Por eso es interesante traer a colación la reacción de Francis Fukuyama a la victoria de Donald Trump, cuando dijo que “la parte ‘democrática’ de la democracia liberal está ahora sublevándose y tomándose la venganza sobre la parte ‘liberal’” (2016, “America: the Failed State”).

Al reto que representa la emergencia de movimientos y líderes que usan el artefacto populista para desafiar a las instituciones democrático-liberales hay que responderle desde los componentes que le han dado forma a esta coalición histórica. Eso implica tanto limitar los componentes liberticidas existentes en la pasión democrática, como limitar el carácter inequitativo del desenfreno liberal.

Para eso es necesario separar el liberalismo político, que cuenta con una larga tradición que va de John Stuart Mill a John Rawls, de los limitados parámetros del liberalismo económico de nuevo cuño, hegemonizado últimamente por la escuela austriaca, es decir, limitar lo que Benedetto Croce llamó en su momento liberismo, criticado también por Karl Polanyi en su obra La Gran Transformación.

Una vez hecho esto el centro de la respuesta se encuentra en fortalecer el poder del ciudadano, su autonomía, no solo desde la perspectiva del cliente-consumidor, sino también desde su construcción como sujeto político de la democracia. Dotar de herramientas al ciudadano para tomar decisiones, para deliberar, también para actuar colectivamente, para organizarse y movilizarse, reconociendo el carácter conflictivo de toda contienda política, así como el lugar que tiene la emocionalidad, los afectos y sentimientos, en la construcción de las identidades políticas.

La tensión entre comunidad e individuo tuvo en el Estado nacional contemporáneo la territorialidad de su equilibrio inestable, fue el espacio de la construcción de las identidades políticas, de la nacionalización y democratización de las sociedades.

El traslado de la desigualdad económica al ámbito del poder sociopolítico fue uno de los factores que impulsó, primero la impotencia ciudadana, y luego la reacción contra-institucional.

“La separación entre la acción política del ciudadano, circunscrita al Estado, y la acción agregada del “mercado”, constituido por acciones globales como cliente-consumidor, tiene que lograr resolverse en un punto de equilibrio que no es técnico, sino político”.

La profundización de la separación entre la política y la economía, vinculado con el proceso de “globalización”, agravó la dislocación entre el espacio de constitución de lo político y los flujos económicos que dan forma a las condiciones de vida material de los ciudadanos. Así, la separación entre la acción política del ciudadano, circunscrita al Estado, y la acción agregada del “mercado”, constituido por acciones globales como cliente-consumidor, tiene que lograr resolverse en un punto de equilibrio que no es técnico, sino político.

Lo político requiere de una territorialidad, de un espacio para su ejercicio, y también de un ámbito de vida común (unas esferas de lo común) que, para que sea democrático, debe ser tan igualitario como libre. Preservar la vida de los ciudadanos de las consecuencias de esta dislocación, en términos de precariedad, de vulnerabilidad, finalmente, de pérdida de poder, es una decisión que la comunidad puede preservar para sí en términos de política democrática.

El Estado de bienestar, y el compromiso explícitamente político con alguna forma de justicia social, construida colectivamente, siguen siendo la vía más eficaz para evitar una ruptura del equilibrio entre estas dos pasiones fundamentales: la pasión plebeya democrática, igualitaria, y la pasión libertaria contra la opresión y los abusos de los poderosos. Así el pluralismo y la sociedad abierta pueden transformarse para superar los retos del presente, como ya lo hicieron antes.