Latinoamérica no es extraña a las transiciones políticas, a lo largo de su historia ha experimentado avances y retrocesos en cuanto al establecimiento y prevalencia de un ideal democrático en los países que la conforman. En el caso específico de Chile, luego de 17 años de dictadura precedida por el General Augusto Pinochet, se dió lugar a una serie de hechos que desde varios frentes contribuyeron al nacimiento de un nuevo sistema democrático, a pesar del inmenso poder y control ostentado por el General.
Así bien, “La Concertación” fue el primer paso emprendido por Chile para establecerse como una de las democracias más robustas de la región en la actualidad, demostrando que existen oportunidades para el cambio sin recurrir a la violencia y que ni las dictaduras más atroces logran ser eternas. En este artículo se busca describir los hechos que llevaron al surgimiento de la dictadura de Pinochet, las maniobras que esta utilizó para desmantelar la institucionalidad democrática y establecer un férreo control social; así como los factores que permitieron la realización de la transición política ocurrida en 1990, entre los cuales destaca el desempeño del primer gobierno democrático en el campo de negociaciones y manejo de las expectativas de la población. Asimismo, se brindará un acercamiento a las políticas implementadas durante el gobierno de Patricio Aylwin para lidiar con la reconstrucción económica y social del país y el manejo del componente autoritario que todavía hacía vida dentro de algunas de las instituciones más importantes de Chile.
Salvador Allende y la Guerra Fría
En 1970, Salvador Allende es electo democráticamente como el presidente de Chile para el período 1970 – 1976 con el 36.6% de los votos totales. Este porcentaje no fue suficiente para alcanzar el poder, ya que no demostraba una mayoría indiscutida; para ello, la Constitución chilena de 1925 establecía que el Congreso debía votar a favor de cualquiera de las dos primeras candidaturas y así, escoger a un ganador claro por mayoría. En esta primera encrucijada se empezó a notar recelo por parte de la clase política al proyecto de Allende, lo cual se materializó en el Estatuto de Garantías Democráticas, una reforma constitucional promovida por el Partido Demócrata Cristiano como condición para que sus congresistas apoyaran al candidato socialista, valiéndose de la no muy distante experiencia cubana. Este Estatuto, aceptado estratégicamente por Allende, apuntaba a asegurar las siguientes condiciones; garantizar libertades fundamentales (de reunión, de expresión, de pensamiento, entre otras) así como la libertad laboral para sindicatos y la empresa privada, asegurar el acceso a la educación y otros servicios sociales, el fortalecimiento de instituciones públicas para impedir el paramilitarismo, entre otros.
Así, Allende llegó finalmente al poder; su acercamiento marxista a la política buscaba establecer un Estado socialista en Chile aferrado a los principios democráticos. Este proyecto, bautizado “La vía chilena al socialismo”, se caracterizó por profundos cambios en el área económica y social. Entre las medidas tomadas destaca la nacionalización de empresas de relevancia, como las dedicadas al procesamiento del cobre, la expropiación de haciendas y el aumento del control estatal a las empresas y los bancos. Estas iniciativas llevaron, en pocos años, al aumento de la inflación, lo que generó un descontento social generalizado que se materializó en la huelga de camioneros de 1972, en la cual fueron rechazados los planes de nacionalización. La crisis económica causó un grave desabastecimiento de productos básicos en el país, provocando que los comerciantes y el resto de los ciudadanos se unieran a la protesta.
El descontento social contra las políticas de Allende hizo evidente su fracaso y rechazo nacional; sin embargo, en el ámbito internacional también se gestaban movimientos que apostaban por un cambio político en Chile. Estados Unidos, a través de su Doctrina de Seguridad Nacional enmarcada en el contexto de polarización de la Guerra Fría, buscó poner fin al gobierno socialista de Allende, con el objetivo de tratar de evitar el avance del comunismo en América Latina. Como prueba de ello, en documentos desclasificados en 2020 pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se puede evidenciar el rechazo del entonces presidente Richard Nixon al gobierno del “Presidente marxista”, y como este haría lo posible para derrocarlo.
The question, therefore, is whether we can take action—create pressures, exploit weaknesses, magnify obstacles—which at a minimum will either insure his failure or force him to modify his policies, and at a maximum might lead to situations where his collapse or overthrow later may be more feasible.
Henry Kissinger, ex Secretario de Estado (1970)
De manera discreta, Estados Unidos aplicó políticas que se opusieron a la consolidación del De manera discreta Estados Unidos aplicó políticas que se oponían a la consolidación del gobierno socialista chileno. Según documentos desclasificados, el acercamiento “correct but cool” buscó generar alianzas con gobiernos latinoamericanos, en específico con Brasil y Argentina, para oponerse a Allende, así como limitar el acceso del gobierno chileno a créditos internacionales y disminuir la presencia de empresas americanas en Chile.
Pinochet toma el poder
El descontento de la población hacia el gobierno de Allande no tardó en ser de interés para ciertos componentes de las Fuerzas Armadas. El 29 de junio de 1973 ocurre el primer intento de Golpe contra el gobierno de Allende, suceso que sería conocido como el “Tanquetazo”. Con la organización del Teniente Coronel Roberto Souper, tanques de guerra rodearon La Moneda (el palacio presidencial en Chile) y el Ministerio de Defensa; este intento, que dejó 22 fallecidos y 32 heridos, fue socavado por las Fuerzas Armadas, a cargo del General Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército, logrando que los insurrectos se rindieran.
Como mano derecha del General Prats, se encontraría Augusto Pinochet, quien ayudó a socavar el Tanquetazo y que pocos meses después, dada la renuncia de Prats a la comandancia del Ejército, sería la figura principal al mando del Ejército, así como el protagonista de otra sublevación, esta vez del lado de los insurgentes.
Consolidado este panorama, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas al mando del General Augusto Pinochet, lograron derrocar al Presidente Allende en un asalto al Palacio La Moneda, donde Allende resultó asesinado. Esta iniciativa supuso el comienzo de una dictadura que duraría 17 años, marcada por la represión, el autoritarismo y la restricción de las libertades políticas.
Con la llegada al poder de la Junta Militar, conformada por cuatro miembros del mando militar (que serían eventualmente desplazados del poder) y presidida por Pinochet, se prometió el establecimiento de medidas para garantizar una vuelta a la democracia en manos de las fuerzas militares. Sin embargo, paulatinamente la Junta Militar probó estar orientada hacia la consolidación de un régimen autoritario, siendo sus primeras medidas la clausura el Congreso Nacional, el receso a los partidos políticos y la instauración de un Estado de Sitio en todo el país.
Durante sus años en el poder, Pinochet creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), una policía política al servicio del General que se dedicó a perseguir y encarcelar disidentes como estrategia para erradicar cualquier intento de oposición en el país, y que llegó a ser responsable -entre asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y persecuciones- de amenazar la integridad personal de más de 40.000 personas. Además, varias funciones de otras ramas del gobierno fueron transferidas al Ejecutivo, hecho que le dio libertad absoluta a la Junta para consolidarse en el poder indefinidamente.
Al asumir el poder, la Junta Militar gobernó vía decretos, leyes que se consideraban como “normas modificatorias” de la Constitución Política de 1925, hecho que alteró el entramado institucional. Asimismo, dictó medidas concretas para concentrar en sí misma el poder; promulgó el Decreto Ley N° 27, del 24 de septiembre de 1973, que disolvió el Congreso Nacional y estableció el cese de las funciones de los parlamentarios; el Decreto Ley N°77, del 13 de octubre de 1973, que declaró como ilegales a los partidos políticos de izquierda y designó una comisión encargada de preparar un anteproyecto de una nueva Constitución Política –llamada Comisión Ortúzar-, la que quedó oficializada por el Decreto N° 1.064, del Ministerio de Justicia, del 25 de octubre de 1973.
Esto le permitió a Pinochet realizar dos grandes hitos que en la actualidad continúan siendo relevantes para la sociedad chilena; promulgar una nueva Constitución y enrumbar la economía hacia el neoliberalismo, una doctrina contraria a las políticas socialistas promovidas por Allende.
Las claves del control: La Constitución de 1980 y las reformas económicas de los Chicago Boys
En cuanto al proceso constituyente, este se encontró plagado de irregularidades. La participación de sectores distintos al gobierno fue inexistente y las discusiones sobre el establecimiento de directrices se llevaron a cabo a puerta cerrada a través de una Comisión Constitucional ilegítima. En 1980, la Junta Militar aprueba el anteproyecto constituyente y lo somete a plebiscito ante los ciudadanos chilenos con la finalidad de aparentar que el cambio de la Carta Magna era legítimo. En este sentido, la consulta se realizó con el fin de que la ciudadanía “ratificara su apoyo” al nuevo texto.
Este proceso también se desarrolló bajo un contexto falto de transparencia, caracterizado por la censura mediática y la inexistencia de registros electorales donde se pudiera comprobar la participación de los ciudadanos, además de la ausencia de fuerzas de oposición durante el proceso. De esta forma, lograron que la constitución fuera dudosamente aprobada el 11 de septiembre de 1980 con el 67% de votos afirmativos. Estos cambios legislativos asentaron importantes enclaves autoritarios en la política chilena, introducidos, en la mayoría de los casos, a través de artículos transitorios que le otorgaban a Pinochet mayores atribuciones y limitaban la participación ciudadana, ya que esta debería pasar por la aprobación del gobierno central. Sin embargo, si bien esto favoreció la longevidad de Pinochet en el poder, también creó la vía de escape hacia la consolidación de un régimen democrático, a través de la celebración de un plebiscito -el cual ratificaría o no, a Pinochet en el poder- a realizarse luego de 8 años de la entrada en vigencia de la Carta Magna.
Asimismo, el segundo gran hito de Pinochet que terminaría configurándose en su contra fue la entrada de los “Chicago Boys” al gabinete económico del gobierno. El objetivo de los tecnócratas formados en Chicago bajo los postulados de Hayek, era reestructurar la política económica chilena del modelo socialista heredado de Allende. El resultado de esta incorporación fue la implementación de un modelo económico neoliberal, en el cual el Estado no tendría una intervención relevante en la economía, e implementaría políticas inspiradas en el principio de subsidiariedad (intervención del Estado en ciertas actividades económicas en ausencia de actividad privada), orientadas por el libre mercado.
En 1975, el proyecto económico comenzó a rendir frutos, con un aumento de la prosperidad para el país, que se vería reflejado en los indicadores económicos.
Con el aumento de las libertades económicas, el anhelo por que éstas se transfirieran al ámbito político y social también se hizo presente. La situación en Chile estaba caracterizada por la represión, la persecución y la tortura a quien se opusiera al régimen dictatorial; esto era rechazado en silencio por gran parte de la sociedad, descontento que necesitaba encontrar una vía para consolidarse y poder hacer frente al control de la dictadura. En 1982, el modelo neoliberal implementado menos de una década atrás comenzaba a mostrar sus grietas; el desempleo alcanzó el 20% y los sueldos bajaron un 35% con respecto a 1970; y la pobreza llegó al 40% (CNN Chile, 2018) producto de la falta de diversificación de las actividades económicas, la alta dependencia a los mercados internacionales y la crisis de la deuda que afectó a toda Latinoamérica. Esto dio lugar a una ola de protestas que comenzaban a visibilizar nacional e internacionalmente, el rechazo de la población chilena hacia el mandatario.
El comienzo del cambio
Ante este panorama, la Iglesia Católica hizo un llamado, a través de la publicación de un documento público titulado “El Renacer de Chile”, a la resolución de los problemas económicos, sociales e institucionales y la reconciliación del país en una vuelta a la democracia. La Iglesia Católica representó una pieza fundamental en la transición chilena ya que a través de ella se consolidaron los primeros amagos de diálogo entre las fuerzas opositoras y el régimen dictatorial, hecho que le brindó la oportunidad a la oposición de organizarse e implementar un plan en conjunto hacia un objetivo común.
Así, el primer intento de diálogo se celebró en 1983, luego de un cambio de Ministro del Interior, quien concedió reunirse con el grupo opositor en una mesa de trabajo. La oposición, organizada entorno al dirigente Gabriel Valdés, y con apoyo del Cardenal Fresno, acudió al diálogo; encuentro que resultó infructuoso debido a que algunos integrantes sostuvieron que la única vía para una transición sería la salida inmediata de Pinochet del poder, postura rechazada por la contraparte oficialista.
Si bien este intento no arrojó los resultados esperados, sí les brindó la oportunidad a las fuerzas de oposición de seguir afianzándose alrededor de un candidato unitario y un plan único y claro. En 1985, esta oportunidad se materializa en la presentación al público de “El Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, el cual unió a fuerzas de izquierda y derecha, así como a exministros del gobierno de Pinochet, en la creación de una hoja de ruta ajustada a la realidad chilena para alcanzar la transición deseada. Este acuerdo establecía las condiciones fundamentales que debían establecerse en el ámbito económico, social, político y constitucional para no sólo hacer posible el tránsito a la Democracia, también para asegurar su estabilidad una vez que esté plenamente restablecida.
La oposición unitaria comenzó a obtener apoyo fuera de Chile, gracias a que la comunidad internacional comenzaba a estar al tanto de las violaciones de los derechos humanos que ocurrían bajo el régimen dictatorial, incluido Estados Unidos, quien bajo la administración de Ronald Regan impulsó la promulgación de una resolución en la Naciones Unidas que condenaba los actos de tortura realizados por el régimen de Pinochet. Del mismo modo, la celebración de diálogos internos con sectores disidentes, como las Fuerzas Armadas, comenzaron a articularse para brindar apoyo al grupo de políticos opositores de cara al venidero plebiscito. Esto se consolida en el movimiento político “Alianza Democrática”, el cual unió a las fuerzas de oposición bajo un solo nombre y mandato, y representó el antecesor directo de la Concertación de Partidos por la Democracia, la cual participaría en los comicios de 1988 en favor del “NO”.
La Concertación
Con la llegada del plebiscito, permanecía en incógnita si el régimen reconocería los resultados. Durante la campaña se pudo evidenciar como la Alianza Democrática, ahora bajo el nombre de “Concertación de partidos por el No”, se encontraba en desventaja, debido a que no se les concedía oportunidad de presentar sus políticas a través de los medios nacionales y se arrestaba a todo el que fuese sorprendido con material de campaña para el “NO”. En este plebiscito se ponía en juego, con la victoria del “SI”, el que el candidato único del gobierno, es decir, Pinochet, permaneciera en el poder hasta 1997, cumpliendo casi 25 años de mandato desde el golpe de Estado. Mientras que la victoria del “NO” conllevaba la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias al año siguiente, y con ello, el retorno a la democracia.
El 5 de octubre de 1988 el plebiscito transcurrió con normalidad, con un importante acompañamiento internacional y presencia de la prensa. Los resultados fueron anunciados al día siguiente, y con el 53,3% de los votos, el “NO” obtuvo la victoria; resultado que fue aceptado por el régimen, en parte por las crecientes grietas dentro de las filas de las Fuerzas Armadas hacia el liderazgo de Pinochet, hecho que se comprobó cuando el mandatario ordena la salida de las Fuerzas Armadas a la calle en rechazo a los resultados y el General Mattei lo impide al reconocer públicamente los resultados. Si bien esta fue la primera gran victoria de la Concertación, todavía se debía garantizar que el régimen estuviera dispuesto a celebrar elecciones presidenciales y que se le permitiera al candidato ganador gobernar; esto, no ocurriría sin negociaciones y la permanencia de ciertos enclaves autoritarios por un tiempo más.
El último año de la dictadura
Durante su último año de gobierno, Pinochet promovió ciertas medidas que aseguraron su influencia en el régimen venidero y cierta protección para sí mismo y algunos de sus colaboradores más cercanos frente a las denuncias por tortura, que ya habían alcanzado relevancia internacional. Pinochet designó Senadores fieles a él para evitar que ciertas leyes incómodas para el régimen fueran aprobadas por la Cámara Alta, estableció un sistema electoral binomial que le daba mayor representatividad y obligó, a través de sustanciosos beneficios, la jubilación de los magistrados más antiguos de la Corte Suprema de Justicia antes de 1990, para así llenar esas plazas con personas proclives al régimen.
Asimismo, ya celebradas las elecciones presidenciales el 14 de diciembre de 1989, donde resultó ganador Patricio Aylwin, frente a las candidaturas de Hernan Buchi, con apoyo de la derecha y sectores oficialistas; y la de Francisco Errázuriz, constituida por sectores de izquierda no participantes en La Concertación, se inició un proceso de negociación con las fuerzas todavía adeptas a Pinochet, para no perder los avances obtenidos. Entre las aspiraciones que se mantuvieron durante este primer gobierno de vuelta a la democracia se encuentran; la presencia de Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas y el mantenimiento de su influencia sobre la “Ley Reservada del Cobre”, la cual establecía que el 10% de los ingresos generados por la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) serían utilizados para financiar a los cuerpos castrenses. Mientras tanto, la contraparte opositora, ahora en el gobierno, promovió numerosas reformas a la Constitución en 1980, las cuales devolvieron ciertos aspectos democráticos a la vida política chilena, como la inclusión del pluralismo, la promoción de varios derechos constitucionales y la reforma de las normas de Estados de Excepción. Esto también fue aprobado en plebiscito con el 91% de los votos.
La transición
Durante el primer año de gobierno de transición, Patricio Alwyin tuvo que enfrentarse a un escenario lejos de lo ideal. Los enclaves autoritarios dejados por Pinochet, unos indicadores económicos desfavorables y la expectativa de la sociedad de vivir en libertad y obtener justicia, hicieron que la estrategia, la planificación y el manejo de expectativas estuvieran en el centro de sus políticas.
Esta transición política estuvo marcada por pactos; internos, al establecer una política única y de apoyo mutuo entre los distintos partidos de La Concertación, y con entes externos al Gobierno cercanos a Pinochet, para tratar de obtener ciertas certezas en el ejercicio del poder y evitar un nuevo levantamiento que comprometería el proceso democrático. Este fue uno de los entes de los entes con los que se tuvo que negociar a lo largo de todo el primer gobierno de transición. Para ello, se concedió que Pinochet permaneciera al frente de las Fuerzas Armadas; además, el Gobierno de Aylwin, pactó con otros entes involucrados en las fuerzas castrenses, como el General de la Fuerza Aérea Fernando Mattei, el Director General de los Carabineros (policía) Rodolfo Stange y varios comandantes de la Armada para socavar cualquier intento de rebelión.
Otro grupo crucial para el sostenimiento de la naciente democracia fue el de los empresarios, quienes buscaban obtener seguridad por parte de la coalición democrática para realizar sus operaciones con normalidad. A través de una serie de encuentros entre el Gabinete de Aylwin y el sector empresarial, se acordó continuar con los lineamientos económicos del régimen predecesor, mantener la estabilidad de todos los rubros y seguir guiando la economía bajo los postulados lógicos del libre mercado. De igual forma, Aylwin puso en marcha planes de apoyo a microempresas y desarrollo de servicios sociales a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social; así, por primera vez en largo tiempo, los empresarios contarían con el respaldo y la confianza necesaria para llevar a cabo sus operaciones y contribuir con la reconstrucción del país.
Por su parte, para saldar la deuda social dejada por la dictadura, el Presidente Aylwin procuró mejorar la calidad de vida de la población chilena por medio de varias medidas; aumentó el salario mínimo y las asignaciones familiares y propuso un plan de pago de deudas de servicios y la reprogramación de pagos de hipotecas en viviendas populares. Del mismo modo, en su segundo año de gobierno (luego de esperar la disponibilidad del presupuesto), aumentó en un 29% el gasto público, el cual fue dedicado a financiar planes de educación, vivienda, salud y desarrollo. En los cuatro años de gobierno de Aylwin, los indicadores económicos mostraron tendencias favorables, producto de una gestión orientada hacia la recuperación del sistema productivo nacional, la búsqueda de acuerdos de cooperación internacional y la creación de confianza para atraer la inversión.
El gobierno de Aylwin logró superar con creces el crecimiento logrado durante la dictadura de Pinochet. Esto demuestra que el verdadero “milagro económico chileno” ocurrió en democracia, desacreditando uno de los grandes logros de Pinochet y demostrando que bajo un esquema de libertades individuales, instituciones confiables y oportunidades, se puede lograr un desarrollo social y económico significativo y sostenible.
Por último, las violaciones a Derechos Humanos, uno de los asuntos más delicados heredados de la dictadura, también fueron gestionadas de manera paulatina, con el objetivo de asegurar cierta apacibilidad por parte de personas de la dictadura que todavía poseían cierta influencia y poder. El primer paso hacia la reparación fue la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, encargada de investigar los casos de violaciones a Derechos Humanos de manera privada y presentar un informe al gobierno luego de nueve meses de trabajo. En el informe se redactaron relatos sobre violaciones a los derechos humanos, en los que se señalan los métodos empleados, la selección de las víctimas, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables. Se recibieron poco más de 3.400 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2.279 personas. Luego, en 1992, a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con la ayuda de organizaciones civiles, se procedió a profundizar lo ocurrido en cada caso con miras a llevar a los responsables ante la justicia.
Asimismo, la liberación de los presos políticos también resultó central en cuanto a temas de reconciliación de la población, siendo uno de los procesos que más se dilató ya que la mayoría de estas víctimas estaban siendo juzgadas a través de Tribunales Militares durante el régimen de Pinochet. En este sentido, el procesamiento del sistema penitenciario a través de tribunales, se hacía por medio de estándares y métodos extraoficiales, lo que dificultó posteriormente la excarcelación y liberación de las víctimas.
Para construir estos apoyos, el Gobierno de Aylwin tuvo que priorizar e implementar paulatinamente sus políticas, siempre velando por mantener la recién fundada y frágil democracia. Para ello, ciertos aspectos de la dictadura militar tuvieron que trascender al primer período democrático, como la Constitución de 1980, redactada durante el régimen militar, la cual, si bien sufrió transformaciones a través de enmiendas, no pudo ser reemplazada de inmediato. Asimismo, se mantuvo la política económica neoliberal implementada por los Chicago Boys, con algunos ajustes para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población; en el ámbito electoral, se continuó utilizando el sistema binomial en los comicios electorales parlamentarios, el cual generaba una mayoría artificial que beneficiaba al régimen y, por último, se acordó mantener al General Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas por ocho años más, siendo este, el acuerdo más audaz emprendido por el grupo democrático.
Conclusiones
Negociación, transición y desarrollo económico y social. Esas fueron las claves de la transición hacia la democracia en Chile que inició con el plebiscito de 1988. Consulta pública en la que no solo se evidenció el rechazo hacia el régimen dictatorial de Pinochet, sino que la voluntad de la ciudadanía fue respetada por agentes del régimen, permitiendo de esta manera, la instauración de un gobierno legítimo. Este proceso político ha representado un hito importante tanto para la democracia chilena, como para la región latinoamericana.
En el ámbito político, es un caso a estudiar al analizar el paso de una dictadura a la democracia, especialmente por cómo se llevaron a cabo las negociaciones entre el gobierno de Aylwin y aquellos cercanos al régimen de Pinochet. En este sentido la estrategia fue permitir que este grupo político mantuviese el control sobre algunos espacios, mientras se iniciaba una transformación institucional general, que, eventualmente, pudiese generar la estabilidad necesaria para llevar a los allegados del régimen frente a la justicia.
En el ámbito económico, fue fundamental continuar con las políticas neoliberales iniciadas en la dictadura, consolidando dicho esquema económico que traería grandes beneficios para toda la sociedad chilena. Se evidenció una disminución de la pobreza, de la inflación y del desempleo, así como un aumento del PIB, la inversión y la calidad de vida de los chilenos por medio de programas sociales.
En el área social, además de la transformación de la instituciones, sus efectos en la población y un aumento positivo en indicadores sociales (con el desarrollo de la educación), es necesario destacar cómo se manejó el equilibrio de las expectativas por parte del presidente Aylwin, tomando en cuenta que la comunicación política y la estrategia del manejo de los diferentes sectores es fundamental para instaurar procesos políticos de este tipo.
Chile hoy en día sostiene índices democráticos altos, entre los que se puede mencionar, el Democracy Index (2020), según el cual, este país se encuentra entre los 15 más democráticos del mundo. Por estas razones este proceso hacia la democracia simboliza no sólo un conjunto de puntos clave a considerar para futuras transiciones, sino que representa esperanza para países con gobiernos autoritarios que difícilmente ven una salida de la realidad presente.
Referencias
Banco Mundial. (2021). PIB Chile. Recuperado de: https://datos.bancomundial.org/pais/chile
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s.f). El Congreso Nacional y sus edificios. Recuperado de: https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1973-1990
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s.f). Periodo 1973-1990. Recuperado de: https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1973-1990
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s/f). Patricio Aylwin Azócar: Intervención sobre Garantías Constitucionales. Recuperado de: https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/intervenciones/detalle.html?handle=10221.3/46926
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s/f). Período 1973- 1990 Régimen Militar. Recuperado de: https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1973-1990
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.(s.f). Diarios de Sesiones del Congreso Nacional: Intervenciones en leyes emblemáticas. Recuperado de: https://www.google.com/url?q=https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/intervenciones/detalle.html?handle%3D10221.3/46926&sa=D&source=editors&ust=1631899227703000&usg=AOvVaw19xBRdoj_Vu-8K8V6F1cJS
Biblioteca Nacional de Chile. (s.f) Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006). Recuperado de: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92402.html
Cardozo, E., Castañeda, C., Ramos, F, et.al. (2020). Transiciones políticas en América Latina: Desafíos y Experiencias. Recuperado de: https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2020/11/Transiciones-políticas-en-América-Latina.pdf
Centro de Estudios BIcentenario. (s.f) Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia (agosto de 1985). Recuperado de: http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:acuerdo-nacional-para-la-transicion-a-la-plena-democracia-agosto-de-1985&catid=16:pinochet-y-el-gobierno-militar&Itemid=9
CNN Chile. (13 de septiembre del 2018). Académico estadounidense derrumba el mito de que Pinochet mejoró la economía chilena. Recuperado de: https://www.cnnchile.com/economia/academico-estadounidense-derrumb
El Resumen. (22 de junio de 2021). Tanquetazo: Se cumplen 48 años del preludio al golpe de Estado en Chile. Recuperado de: https://resumen.cl/articulos/tanquetazo-se-cumplen-48-anos-del-preludio-al-golpe-de-estado-en-chile
Foxley, A. (2016). Lecciones del desarrollo en democracia. Recuperado de: https://www.cieplan.org/wp-content/uploads/2019/02/Lecciones_del_desarrollo_en_democracia_Ell_caso_de_Chile_en_el_gobierno_de_Patricio_Aylwin.pdf
González, A. (2020). Las paradojas del milagro chileno. Recuperado de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA30_2020ANDGON_Chile.pdf
La Vanguardia. (10 de septiembre 2018). El 11-S Chileno. La Vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130911/54380173263/golpe-militar-chile-salvador-allende-augusto-pinochet-dictaduras-latinoamerica.html
La Vanguardia. (3 de marzo de 2020). Las cigras de la dictadura chilena. Recuperado de:https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473795281381/dictadura-chile-victimas-asesinados-desaparecidos.html
Maira, L. (1991). Notas sobre la transición chilena. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqlIXJzobzAhX7TTABHYqrCZgQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27129.pdf&usg=AOvVaw2wzsLbOkTJDOInrxiIZ8bx
National Security Council. (1970). National Security Decision Memorandum 93. Recuperado de:https://www.google.com/url?q=https://nsarchive.gwu.edu/document/20601-national-security-archive-doc-5-nsc-national&sa=D&source=editors&ust=1631899227705000&usg=AOvVaw1ULx-VqQhs4llLZVg1Cf8z
Rumié, S. (2018). Chicago Boys en Chile: neoliberalismo, saber experto y el auge de una nueva tecnocracia. Recuperado de: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/61782
Valenzuela, S. (1997). La Constitución de 1980 y el Inicio de la Redemocratización en Chile. Recuperado de: https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/242_0.pdf
Viera, C. (2011). Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3869185.pdf