Los ciudadanos siempre serán enemigos para quienes deseen imponerse sobre la sociedad y socavar sus libertades. Desde hace semanas se han intensificado las protestas en contra del proyecto de ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocido también como la “ley madre”. En este caso, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió a los manifestantes como el “enemigo” durante un discurso hacia su partido, Movimiento al Socialismo (MAS).
El rechazo hacia esta legislación se debe a que permite que el Ejecutivo pueda intervenir capitales privados y empresas a través de decretos, lo cual genera las condiciones idóneas para que el Gobierno pueda realizar persecuciones políticas controlando las finanzas de quienes se le opongan, proponiendo un “totalitarismo económico y financiero”. Las movilizaciones llegaron a intensificarse hasta el punto de que el presidente tuvo que anunciar que se derogaría la ley, sin embargo, las protestas no se han detenido.
Miles de ciudadanos pertenecientes a sectores gremiales y del transporte han anunciado que mantendrán un paro definitivo hasta que se abrogue oficialmente desde la Asamblea Legislativa la ley madre, lo cual ha sido señalado por Arce como un intento de “desestabilizar a su gobierno”. Ahora bien, ¿Los ciudadanos deben velar por la estabilidad de Arce? La respuesta es no. La sociedad civil tiene la labor de defender sus derechos y proteger sus libertades, como también de preservar la estabilidad de las instituciones democráticas y no necesariamente responder a los objetivos de los funcionarios de turno.
De esta forma, los ciudadanos sí pueden ser “enemigos” de su Gobierno en medida que este no responda a sus intereses y a sus demandas. El hecho de que el Jefe del Ejecutivo los reconozca como tal indica que su gestión no está enfocada en los intereses de su ciudadanía, ni mucho menos tiene una proyección democrática. El anuncio de la anulación del proyecto de ley madre fue una victoria para la sociedad civil boliviana y demuestra el alcance que pueden llegar a tener las protestas como formas de manifestación popular.
En el caso de Bolivia, se tiene presente la importancia de las manifestaciones porque estas fueron protagónicas luego de los resultados electorales del 2019 que finalizaron con la salida de Evo Morales del poder y con el desconocimiento de los comicios por parte de la OEA y países de todo el mundo. Este precedente tan reciente advierte a los funcionarios actuales, pertenecientes también al partido de Morales, que por presión popular pueden perder el poder.
En su libro Una Teoría de la Justicia, John Rawls señala que las instituciones sociales que no sean justas deberán ser abolidas o reformadas puesto que la libertad de cada ciudadano posee una inviolabilidad que debe ser prioritaria para una democracia. Pareciera manifestarse esta noción de la justicia rawlsiana en los ciudadanos bolivianos que han protestado en contra de la injusta ley madre y ha mantenido la presión hacia el Gobierno en defensa de sus libertades, siendo este un impulso que toda sociedad debe siempre tener presente.
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