El período que se inicia el 24 de noviembre de 1948 y culmina el 23 de enero de 1958, está signado por la presencia militar, y por el origen ilegítimo de los gobiernos. El primero (1948-1950), presidido por Carlos Delgado Chalbaud, emana de un golpe de Estado militar en contra del gobierno electo de Rómulo Gallegos. El segundo (1950-1952), presidido por Germán Suárez Flamerich, no se fundamentó en ninguna elección, sino en la designación a dedo por parte de la Junta Militar de Gobierno. El tercero (1952-1958), surgió de un fraude electoral en contra de la voluntad popular, y lo presidió Marcos Pérez Jiménez. Como vemos, los tres gobiernos fueron de facto, nunca de iure, ya que en su origen no gozaron de legitimidad democrática. Gobernaron sin que nadie los hubiera elegido para la tarea. Por ello, puede hablarse de una dictadura militar al hacer referencia a la década de 1948 a 1958, pero también deben señalarse los matices que en esta década tuvieron lugar.

Golpe Militar del 24 de noviembre de 1948

Las investigaciones más recientes señalan que la iniciativa del golpe militar contra Gallegos la tuvieron Pérez Jiménez y Llovera Páez, mientras Delgado Chalbaud se sumó a última hora, y con muchas dudas. Se cuenta con testimonios que indican que si Delgado no se sumaba a la conjura sería dejado de lado, haciéndosele preso. De modo que su dilema era álgido: o se sumaba y encabezaba la Junta Militar de Gobierno, siendo Presidente, o se preservaba en honor a la legitimidad democrática y Gallegos, e iba preso.

La primera alocución del Presidente de la Junta Militar es, vista con la distancia del tiempo, francamente desconcertante, dice el 26 de noviembre: “La Junta Militar quiere dejar categórica constancia de que este movimiento no se orienta de ninguna manera hacia la instauración de una dictadura militar, ni abierta ni disimulada, a fin de exigir al pueblo que no debe dejarse engañar por quienes pretenden propagar lo contrario…No se ha asumido el poder para atentar contra los principios democráticos sino para obtener su efectiva aplicación y preparar una consulta electoral a la cual concurra toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.” Como vemos, la justificación del golpe se basaba en la democracia que, al parecer, los militares consideraban que no había tenido lugar en la elección de Gallegos. Esta argumentación se cae por su propio peso. En el fondo, lo que estaba en marcha era la ambición de un sector preponderante de los militares por el mando, y por ello dieron lo que se llamó un golpe “frío”. Es decir, sin armas, sin resistencia, sin heridos, ni enfrentamientos. El partido político que llevó a Gallegos a la Presidencia, AD, no tenía como enfrentar a los hombres armados. Concluía así un período de tres años en el que dos fuerzas convivieron enfrentándose subrepticiamente: las militares que dieron el golpe el 18 de octubre de 1945, y las civiles (AD) que también participaron del mismo hecho. Se imponían, otra vez, las tendencias militaristas en contra de las civilistas, dándose la extraña paradoja de ser el comandante Delgado Chalbaud un militar civilista. En este sentido, y en otros, el hijo de Román Delgado Chalbaud será un personaje trágico de nuestra historia.

Junta Militar de Gobierno, encabezada por el comandante Carlos Delgado Chalbaud (1948-1950)

Con la extraña aclaratoria según la cual la Junta Militar sustituye a un gobierno electo democráticamente, para disponerse a convocar elecciones en lo sucesivo, comienza el gobierno de Carlos Delgado Chalbaud. Entre sus primeras medidas está la de invalidar los juicios del Tribunal que condenó por peculado a los funcionarios de los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita. Muchos de ellos, entre otros Uslar Pietri, recuperaron sus casas. De inmediato, además, se ilegalizó a Acción Democrática, y muchos de sus dirigentes salieron al exilio o pasaron a la clandestinidad. Al año siguiente la Junta ordenó la disolución de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y la de las Federaciones sectoriales, con lo que se le asestaba un duro golpe a una de las instituciones fundamentales del proyecto político de AD. También de inmediato, la Junta desconoció las disposiciones de la Constitución Nacional de 1947, y afirmó que imperaría la de 1936, salvo en los casos en los que la de 1947 fuese “más progresista”, afirmación difícil de comprender en su extensión y sentido. Conviene recordar que la de 1947 fue el producto de una Asamblea Nacional Constituyente y consagró la elección universal, directa y secreta.

En mayo de 1950 AD, desde la clandestinidad, aupó junto con el Partido Comunista Venezolano (PCV) una huelga petrolera, y esto dio motivo para que el gobierno ilegalizara al PCV, que había logrado hasta entonces no correr la misma suerte de AD. Este punto, de nuevo, significó un desencuentro entre Delgado y los otros miembros de la Junta Militar de Gobierno. Como vemos, la realidad iba deslindando posiciones. Ya cerca del 24 de noviembre de 1950, a dos años del golpe militar, el comandante Delgado le propuso a sus compañeros que con ese motivo se designara a un Presidente de la República provisional y se convocara a elecciones en diciembre de 1952. Delgado Chalbaud había pensado en el doctor Arnoldo Gabaldón, un médico sanitarista de gran prestigio en el país. Algunos pensaron que el propio Delgado aspiraría a ser electo Presidente, pero no se tienen constancias documentales de este propósito. En todo caso, una vez formulada la proposición por parte de Delgado a sus compañeros, estos dijeron que habría que consultar con las Fuerzas Armadas tal proposición. ¿Guarda relación este hecho con el asesinato de Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950? No lo sabemos, pero no faltan analistas que señalan que podría haberla, ya que era evidente que Pérez Jiménez y Llovera Páez no tenían intensiones de convocar a elecciones, por ello le manifiestan a Delgado que consultaran con las Fuerzas Armadas, lo que para muchos pudiera ser interpretado que se preguntarían a ellos mismos. Por otra parte, para Delgado la consulta es innecesaria, porque él mismo la anunció cuando la Junta Militar dio el Golpe de Estado contra Gallegos. Pero estos dilemas desaparecieron de la escena con el magnicidio de Delgado Chalbaud: nadie desde el gobierno recordó que había que cumplir con la promesa de convocar a elecciones universales, directas y secretas.

Magnicidio de Delgado Chalbaud (1950)

Han corrido ríos de tinta analizando el episodio, y sus causantes, del único magnicidio que ha ocurrido entre nosotros. No es el momento de detenernos en el hecho fatídico. Testimonios de bando y bando abundan, pero lo único cierto es que el comandante Delgado murió y, de inmediato la Junta Militar comenzó a buscarle un sustituto, ya que Pérez Jiménez se cuidó mucho de no sucederlo él para no darle crédito a la hipótesis del interés en su muerte. En los días sucesivos, se pensó que el doctor Arnoldo Gabaldón sucedería a Delgado, como había sido su voluntad, y de hecho comenzó a despachar desde Miraflores a la espera de la confirmación en el cargo por parte de la Junta Militar, pero ello no ocurrió, sino que la Junta prefirió al doctor Germán Suárez Flamerich, entonces Embajador de Venezuela en Perú, quien tomó posesión el 27 de noviembre, modificándose entonces la denominación de la Junta, pasando a llamarse Junta de Gobierno, ya que el nuevo integrante era civil.

Aunque buena parte de la historiografía simplifica los años que van de 1948 a 1958 como los de la dictadura militar de Pérez Jiménez, la verdad es que hay matices que no deben soslayarse. Uno es el de Suárez Flamerich, por más que sea unánime la opinión según la cual quien ejercía el poder era Pérez Jiménez y no el designado; ya que se trataba de una Junta de Gobierno en la que las Fuerzas Armadas tenían el mayor peso. Lo que podía hacer el civil que la encabezaba era muy poco, además de que no se cuenta con pruebas que certifiquen que pensaba distinto a los otros integrantes de la Junta de Gobierno.

El tema de las elecciones presidenciales y de los representantes al Congreso Nacional, que estaba pendiente para diciembre de 1952, la Junta de Gobierno lo resolvió decidiendo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redactara una nueva Constitución Nacional, en vez de elegir nuevo mandatario. En abril de 1951 se aprobó el nuevo Estatuto Electoral, que impedía que AD y el PCV se presentaran con candidatos a la contienda, no así URD y COPEI, con Jóvito Villalba y Rafael Caldera a la cabeza. La mano militar apretaba cada vez más sobre el cuello de la disidencia, y las persecuciones contra los dirigentes de AD y el PCV arreciaban. De hecho, Alberto Carnevali, dirigente de AD, es hecho preso en mayo de 1951. Pero la escalada represiva de la Junta de Gobierno va a incrementarse a partir del nombramiento de Pedro Estrada al frente de la Seguridad Nacional el 31 de agosto de 1951. La experiencia policial de Estrada se inició durante el gobierno de López Contreras, en 1936, cuando es nombrado Jefe de la Policía de Maracay, para luego trabajar en la Policía de Caracas durante el gobierno de Medina Angarita. Vivió en los Estados Unidos hasta que regresó en 1949.

Para octubre de 1951 el número de presos políticos asciende a cerca de dos mil, en su mayoría dirigentes de AD y el PCV, encarcelados en la Cárcel Modelo de Caracas y en las de las capitales de los estados, en particular en la Penitenciaría General de San Juan de los Morros. El campo de concentración de Guasina, una de las islas del Delta del Orinoco, se abre en noviembre de 1951, habitándolo cerca de cuatrocientos presos políticos. La libertad de prensa no tenía vigencia en Venezuela, y los periódicos que se atrevían a publicar noticias contrarias a los intereses de la Junta de Gobierno padecían severos problemas de toda índole, de modo que de la permanente violación de los Derechos Humanos en Guasina, y en todas las cárceles del país, no se informaba regularmente, y la gente se informaba con base en relatos orales, que se pronunciaban en voz baja, y corriendo todos los peligros. Las denuncias sobre la insalubridad de Guasina fueron insistentes, hasta que el campo de concentración se cerró en diciembre de 1952, fecha en la que los presos políticos fueron trasladados a la cárcel de Ciudad Bolívar.

El año electoral de 1952 comienza con problemas en la Universidad Central de Venezuela, hasta que se suspenden las actividades, yendo a parar a la cárcel muchos alumnos y profesores, mientras otros lograban salir al exilio. Las detenciones no cesan, mientras el gobierno se prepara con su agrupación electoral FEI (Frente Electoral Independiente)  a participar en las elecciones de noviembre. AD y el PCV, que están ilegalizados, no pueden participar, mientras COPEI y URD deshojan la margarita en cuanto a hacerlo, hasta que optan por concurrir. Tienen lugar alzamientos puntuales en los cuarteles, a la par que el juego de inventos de atentados por parte del gobierno le da pie para seguir deteniendo a dirigentes, o asesinándolos, como fue el caso de Leonardo Ruiz Pineda, jefe de AD en la clandestinidad, el 22 de octubre de 1952 en San Agustín del Sur.

Las elecciones de 1952

Los comicios tuvieron lugar el 30 de noviembre de 1952, después de una campaña en la que URD recogió un apoyo notable, al punto que la concentración que logró en el Nuevo Circo de Caracas el 27 de noviembre es la más grande que se recuerda en aquellos años. Rafael Caldera y su partido COPEI recorrieron el país dando discursos. La asistencia del pueblo a las elecciones fue masiva, y las primeras cifras daban la victoria a URD, con una votación considerable de COPEI, mientras el partido del gobierno, el FEI, quedaba rezagado. El 1 de diciembre ya es evidente que URD ha ganado las elecciones, y que Jóvito Villalba es el diputado electo con mayor número de votos en la Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo convierte de hecho y derecho en el venezolano de mayor respaldo popular, pero el gobierno decide desconocer los resultados electorales. Se crea una crisis en el Consejo Supremo Electoral en donde los honestos se niegan a alterar los resultados a favor del gobierno y, su presidente, Vicente Grisanti, se refugia en la Embajada de Brasil. Once de los quince miembros del CSE renuncian junto a Grisanti, mientras el gobierno designa un nuevo CSE que si está dispuesto a falsificar el resultado.

El 2 de diciembre el nuevo CSE entrega unos resultados falsos, en los que gana por amplio margen el FEI. Marcos Pérez Jiménez asume la Presidencia Provisional de Venezuela el mismo día, mientras el gobierno hace esfuerzos por lograr que URD acepte el resultado electoral, en vista de que no lo hacen, son montados en un avión y expulsados a Panamá el 15 de diciembre, mientras COPEI no forma parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando en enero condiciona su participación, y el gobierno no responde sus peticiones.

Si la Junta Militar de Gobierno presidida por Delgado Chalbaud llegó al poder infringiéndole un Golpe de Estado a un Presidente electo por la mayoría, la Presidencia Provisional de Pérez Jiménez se impuso sobre un fraude electoral, perpetrado contra el mismo pueblo que veía burlada su voluntad. Habían pasado apenas cuatro años.

Dictadura del coronel Marcos Pérez Jiménez (1952-1958)

Una vez perpetrado el Golpe de Estado por parte de Pérez Jiménez -ya que desconocer la voluntad popular expresada el 30 de noviembre lo era-, la Asamblea Constituyente se instala el 9 de enero de 1953. De inmediato, ratifica la provisionalidad de la Presidencia de Pérez Jiménez y se enfrasca en la redacción del nuevo texto constitucional. El 15 de abril el Presidente Provisional firma el Ejecútese de la nueva carta magna y el 17 la Asamblea Constituyente designa a Pérez Jiménez Presidente Constitucional, para el período quinquenal que correría entre abril de 1953 y abril de 1958, con elecciones en diciembre de 1957.

En relación con el período presidencial la nueva carta magna de 1953, mantuvo el quinquenio y el sistema electoral de la Constitución de 1947, pero en otros aspectos regresó a lo pautado por la Constitución de 1936, en particular en lo relativo a los derechos de los ciudadanos. Cambió la denominación de Estados Unidos de Venezuela por República de Venezuela, con lo que se reconocía que el federalismo venezolano de mediados del siglo XIX no se había materializado. Concuerdan los constitucionalistas en que se trató de un texto diseñado para la dictadura militar que, sin embargo, recogió algunas de las pautas de la Constitución de 1947.

Al no más iniciar formalmente su mandato, que ya de hecho venía gobernando desde hace años, Pérez Jiménez habló de “El Nuevo Ideal Nacional”, suerte de espíritu programático que animaría a su gobierno, que colocaría especial énfasis en la “transformación del medio físico”. Esto es: obras de infraestructura.

Por otra parte, la persecución por parte de la Seguridad Nacional contra Acción Democrática recrudece notablemente. No sólo es detenido Eligio Anzola Anzola, Secretario General de AD en la resistencia, sino que Alberto Carnevali muere en la cárcel en mayo, mientras Antonio Pinto Salinas, es asesinado en junio. Quizás, ante el desconcierto de la población ante la política de terror, el gobierno decidió en enero de 1954 liberar a 400 presos políticos, dejándoles ir al exilio a la mayoría. Pero el hostigamiento no cesó, tampoco la censura severa. A don Mario Briceño Iragorry lo apalearon en Madrid, todo indica que en represalia por sus denuncias, con lo que la autocensura se instaló en la psique del venezolano. Para colmo, dentro del marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos condecora en octubre de 1954 a Pérez Jiménez con la Legión del Mérito, entendiéndose que sus “méritos” se refieren a su anticomunismo militante. En perfecta sintonía con su proyecto político, el gobierno se retira de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1955, luego de fricciones naturales entre dos instancias de poder tan disímiles. Como vemos, en estos años las tensiones entre el gobierno y la oposición siguen creciendo, así como las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos en contra de los presos políticos. Las torturas que muchos dirigentes de la oposición padecieron están suficientemente documentadas como para que el tema no esté en discusión.

El ingreso per capita venezolano en 1956 llegó a estar entre los primeros del mundo. Los recursos provenientes de la explotación petrolera eran cuantiosos para una población que no llegaba a los siete millones de habitantes. Esta fue una de las causas por las que los flujos migratorios hacia Venezuela, después de la segunda Guerra Mundial, fuesen notables, en particular los provenientes de Portugal, España e Italia. Venezuela, más allá de la represión política, era una tierra de oportunidades para el extranjero que venía a reconstruir su vida, después de que sus países habían quedado devastados por la guerra. Este mismo año el gobierno otorga nuevas concesiones a las compañías petroleras, que presionaban para que ello ocurriese, haciendo grandes inversiones en la industria petrolera en el país.

Las elecciones de 1957

El año comenzó con agitaciones, dado que sería electoral. El primer síntoma de que la dictadura no tenía a todos los factores de poder a su favor fue la Pastoral del Arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, el 1 de mayo. A ella la antecedían las reiteradas protestas estudiantiles durante los meses de febrero y marzo. La Pastoral de Arias Blanco se detiene en la reivindicación del movimiento obrero, de la necesidad de la sindicalización, muy a contracorriente de lo que pensaba la dictadura. De tal modo que el hecho fue interpretado como una delimitación franca entre el gobierno y la Iglesia Católica y, siendo esta la institución con más antigua tradición en el país, significó mucho para la disidencia, y para el gobierno mismo, al constatar que no contaba con el respaldo de la Iglesia. La Pastoral merece ser leída en su totalidad, ya que constituye una pieza doctrinal importante, además del significado político coyuntural que tuvo.

Al mes siguiente, en junio, se constituyó la Junta Patriótica. Por iniciativa de tres dirigentes de URD, José Vicente Rangel, Fabricio Ojeda y Amílcar Gómez, se reúnen con Guillermo García Ponce, del PCV, para formar la agrupación que se propone luchar por un “gobierno democrático, mediante elecciones libres, y el logro de una amnistía general en el país”. Luego, en agosto, se suman a la organización clandestina Moisés Gamero, por AD, y Enrique Aristeguieta Gramcko, por COPEI. Meses después es sustituido Gamero por Silvestre Ortiz Bucarán. Desde el comienzo se valen de la publicación de boletines y manifiestos que van marcando la pauta de la resistencia al régimen. En ellos hicieron énfasis en la fractura interna en las Fuerzas Armadas en relación con el apoyo al régimen dictatorial.

Esta separación entre Pérez Jiménez y los militares vino dándose marcadamente a partir de 1952, cuando el dictador comenzó a confiar particularmente en su jefe de policía, Pedro Estrada, y su Ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Planchart, ambos civiles, a quienes cierto estamento militar veía con recelo. Además, los jóvenes militares venían formándose sin la influencia de Pérez Jiménez y su generación, con lo que no podían señalarse vínculos particulares entre el Alto Mando Militar y la tropa. Como vemos, es casi una circunstancia de “manual de historia política” la de la relación estrecha que se da entre el jefe de policía y el tirano, que fundamenta parte sustancial de su apoyo en la represión y el espionaje. Esta relación fue determinante en las relaciones de poder de la dictadura perezjimenista.

Hacia el 23 de enero de 1958

En noviembre de 1957 anunció el gobierno que las elecciones tendrían lugar bajo la modalidad de un plebiscito, en el que los electores optarían por la continuación del gobierno de Pérez Jiménez o no. Por supuesto, el resultado de los comicios del 15 de diciembre fue abrumadoramente favorable a Pérez Jiménez, cosa que la resistencia denunció, de la manera que pudo en medio de la censura, como un fraude. El 21 de diciembre el Consejo Supremo Electoral proclama a Pérez Jiménez como Presidente de la República, y el 29 la Junta Patriótica llama a las Fuerzas Armadas a manifestarse a favor de la Constitución Nacional.

El 1 de enero de 1958 se alza la Fuerza Aérea acantonada en Maracay, con el coronel Hugo Trejo a la cabeza, mientras el 7 los estudiantes manifiestan en contra del gobierno. Trejo venía, desde 1955, tejiendo una red de conjurados que llegaba a casi cuatrocientos oficiales en contra de la dictadura. Es hecho preso, y sofocada la rebelión maracayera. Sectores de la Armada se suman a la protesta. La crisis está en marcha. El Gabinete Ejecutivo renuncia el 9 de enero, y el 13 Pérez Jiménez asume personalmente el Ministerio de la Defensa. Un sector importante de las Fuerzas Armadas le impone condiciones al gobierno, entre otras la salida de funcionarios públicos a quienes consideran inconvenientes. Salen del gobierno, y del país, Laureano Vallenilla y Pedro Estrada. A partir del 10 de enero en las cárceles no hay sitio para más nadie.

Los gremios profesionales, los intelectuales, y otros sectores de la vida nacional van manifestándose públicamente, reclamando el regreso de las formas democráticas de convivencia. El 21 de enero comienza una huelga de prensa y de inmediato una huelga general. El gobierno responde con un toque de queda. La crisis se precipita hacia su final. El 22, sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas se suman al clamor popular. Pérez Jiménez ha perdido todo apoyo, de modo que en la madrugada del 23 se dirige al aeropuerto de La Carlota, toma el avión que la conseja popular bautizó como “La vaca sagrada”, y alza vuelo hacia Santo Domingo: allí lo recibiría el dictador Rafael Leonidas Trujillo.

Antes de partir, los pocos militares fieles a Pérez Jiménez le manifiestan que ellos permanecerán al mando, a lo que el tachirense responde que nombren una Junta de Gobierno presidida por el oficial de mayor antigüedad y más alto rango: el contralmirante Wolfgang Larrazábal. Así fue.

Como es fácil advertir, estos diez años son sombríos para la democracia venezolana. La dictadura no tuvo otra alternativa que asistir a las elecciones pautadas por la Constitución Nacional, pero mediante subterfugios de diversa índole burló la voluntad popular. La caída del régimen se debió a un conjunto de factores, pero es evidente que el factor determinante fue el militar. Cuando Pérez Jiménez advirtió que había perdido apoyo decisivo en las Fuerzas Armadas, optó por abandonar el país con su familia y allegados políticos. Decir que la caída de la dictadura se produjo por una rebelión popular es inexacto. Si es cierto que en el ánimo de las Fuerzas Armadas el descontento popular incidía, pero es un hecho constatable que muchas tiranías se han mantenido en el poder con el solo apoyo militar, mientras padecen el repudio de la ciudadanía. Recordemos que la dictadura de Pérez Jiménez fue un gobierno de las Fuerzas Armadas, con sentido corporativo, y que al fracturarse el apoyo militar el dictador no contaba con otros respaldos significativos que lo apuntalaran en el poder.