En 1948 el precio promedio del barril de petróleo en Venezuela fue de 2,41 dólares, en 1958 estaba en 2,50, y en 1972 en 2,52 dólares por barril. De tal modo que estamos hablando de una estabilidad en los precios de 24 años y, en 1974 ascendió a 10,53 dólares y en 1981 llegó a 29,71 dólares de promedio. A todas luces un crecimiento en los precios enorme, aparejado con el crecimiento de la producción nacional. En 1948, la producción fue de 1.338.798 b/d, en 1958 de 2.604.840 b/d, en 1970 de 3.708.000 b/d. La pregunta de rigor: ¿era posible administrar esta montaña inimaginable de dólares con criterio de escasez? Era muy poco probable que eso ocurriera. Por lo contrario, en 1986, cuando los precios bajaron a un promedio anual de 12,86 $ ya la deuda contraída (que hizo crisis en 1983) era de cerca de 30 mil millones de dólares.

Por si fuera poco, Pérez en su primer gobierno (1974-1979) creó decenas de empresas del Estado y estatizó las empresas mixtas de la CVG, de tal modo que el Estado empresario comenzó su apogeo. Además de financiar y proteger a la industria privada por la vía de la ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones) desde 1946, el Estado se tornó en empresario con resultados económicos desastrosos, con muy pocas excepciones.

Desde el punto de vista de la democracia, era evidente que se estaba creando un desequilibrio enorme entre el Estado y la Nación, ya que cerca del 98% de las exportaciones del país eran petroleras, y a partir de 1976 la industria pasó a manos del Estado y la democracia nacional sufrió un cambio notable en sus factores de poder. Era imposible que no ocurriera. Se juntaron dos variables: aumento de los precios de manera estratosférica y control del 100% de la industria petrolera por parte del Estado. Lamentablemente, se profundizó el estatismo, no se enriqueció la Nación en la misma proporción que lo hizo el Estado. Veamos la coyuntura.  

Presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979)

Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones de 1973 con el 48,70% de los votos, también AD recuperó notablemente su caudal electoral, pasando de 25,57 % en 1968 a 44,44% de los sufragios en 1973. Este ascenso trajo como consecuencia que Pérez pudiera comenzar un gobierno el 12 de marzo de 1974 con gran apoyo popular, con definitivo respaldo en el Congreso Nacional, y con el impulso que traía de la campaña electoral, que se articuló sobre la base de un lema oportuno: “Democracia con energía”.

Pérez solicitó al Congreso Nacional en los primeros meses de 1974 “poderes extraordinarios” para gobernar por decretos y leyes en materia económica y financiera durante un año, y el parlamento le concedió la “Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera”. Esta concesión no sólo convertía al gobierno de Pérez en uno de los más poderosos de nuestra historia, hasta aquella fecha, sino que despertó muchas críticas de juristas que consideraban que el Poder Legislativo había claudicado sus atribuciones en el Poder Ejecutivo. En todo caso, el gobierno comenzó a hacer uso de estos poderes y a administrar el alza inusitada de los precios del petróleo.

La nacionalización del hierro (1975) y la del petróleo (1976)

El 1 de enero de 1975 se estatizó la industria de la explotación del mineral de hierro con un acto en Ciudad Guayana. Concluía un proceso que se había iniciado en mayo de 1974, mediante el cual las concesiones que detentaban las empresas extranjeras expiraron el 31 de diciembre de ese año. En paralelo, el gobierno fue adelantando la estatización de la industria petrolera que, dadas sus dimensiones, presentaba mayores desafíos para el Estado. Se adelantó exitosamente, y el 1 de enero de 1976 la industria petrolera pasó a manos de la República, para tal fin se creó la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), como empresa holding de las operadoras que sustituían a las empresas extranjeras.

Buena parte del año 1975 la agenda pública estuvo tomada por la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de la Nacionalización Petrolera. En particular se discutía el artículo 5 que le permitía al Estado adelantar asociaciones estratégicas puntuales con empresas extranjeras, en determinado aspecto de la industria petrolera. Los críticos del proyecto de Ley consideraron que esto le abría una posibilidad tan grande a las empresas extranjeras que desvirtuaba la nacionalización misma, de allí que comenzaron a llamarla “nacionalización chucuta” para señalar su insuficiencia. En el debate intervinieron muchos oradores, incluso ofrecieron discursos los ex presidentes Betancourt y Caldera, y el primero leyó un texto que ha quedado como una suerte de resumen de lo que Venezuela hizo con su principal industria desde 1936 y hasta el año de 1975. Finalmente, con los votos de AD, la Ley se aprobó y la industria petrolera pasó a ser gerenciada por venezolanos.

El Estado empresario

Durante el primer gobierno de Betancourt se creó la CVF (1946), como vimos antes, para que el Estado prestara labores de fomento de la industria privada nacional, y ahora no sólo se mantenía y se incrementaba el sistema crediticio del Estado para con los empresarios nacionales, sino que el mismo Estado creaba empresas públicas, en particular en áreas consideradas estratégicas o de las llamadas “industrias pesadas”. Todo esto se adelantaba dentro del marco de una política pública continental, la de Industrialización por Sustitución de Importaciones y, en el caso específico venezolano, dentro del V Plan de la Nación, diseñado por Cordiplan, y conocido como el plan de “La Gran Venezuela”.

El modelo económico establecido en Venezuela, fundado en el proyecto de sustituir importaciones por producción nacional, se apoyaba en políticas arancelarias que tendían a gravar al producto importado, en defensa del nacional, y todo ello dentro de un sistema de control de precios, fijados por el gobierno. Este modelo que venía funcionando desde finales de la década de los años cuarenta se vio repotenciado por el incremento de los precios del petróleo, cuando no sólo hubo recursos para prestarlos a empresarios privados, sino que el Estado mismo se dedicó a la creación de empresas. Con tales niveles de ingresos en el Fisco Nacional, y gozando todas estas empresas estatales de autonomía administrativa, muchas de ellas pidieron préstamos para su crecimiento, y los obtenían con facilidad por parte de la Banca Internacional, ya que el respaldo de Venezuela era suficiente por sus ingresos petroleros. Ya para finales del gobierno de Pérez, algunos economistas señalaron que el nivel de la deuda pública era muy alto, pero la crisis, como veremos, se presentó luego, en 1983.

Concluía el primer gobierno de Pérez y, la verdad, es que su permanente viajar por el mundo, acudiendo a foros internacionales, lo erigió como un líder latinoamericano importante, sobre todo del conjunto que geopolíticamente se identificaba como el Tercer Mundo. Pérez contribuyó decididamente con procesos democráticos en diversos países, y buscó entonar una voz propia en los escenarios internacionales, una voz que en el contexto de la Guerra Fría, representaba a los No Alineados: ni con un polo ni con el otro. Su visibilidad internacional se hizo clara en estos cinco años de gobierno, sobre todo desde la tribuna de la Internacional Socialista, a la que pertenecía su partido, y de la que luego llegó a ser Vicepresidente. Una vez abandonado el cargo, a los analistas políticos les quedó claro que era muy probable que Pérez aspirara de nuevo diez años después, como lo pautaba la Constitución Nacional de 1961. Así fue.

No cabe duda de que el país cambió en muchos órdenes durante su primer mandato. Quizás el más señalado con el paso del tiempo sea el del tamaño del Estado y las esferas de influencia de la acción estatal, siempre dentro de la órbita de asignarle mayor protagonismo dentro de la vida nacional, no sólo como actor político sino como factor económico principal. También, hay que decirlo, el país se aceleró: pasó de un ritmo presupuestario sosegado a otro, prácticamente vertiginoso, y las consecuencias de este impulso, dado por los precios del petróleo y la personalidad de Pérez, todavía se discute si fue conveniente o no. En cualquier caso, a la luz de los hechos posteriores, todo el proyecto de endeudamiento público fue desastroso para la economía del país, pero hay que señalar que cuando se cuenta con altos ingresos, son pocos los que piensan en qué ocurrirá cuando no se disponga de ellos. En cuanto al trasfondo político de su gobierno, salvo que no escogió a los más conspicuos dirigentes de su partido para todos los cargos de significación, cumplió con las líneas trazadas por AD desde su fundación, y le tocó cumplir uno de los mayores sueños de su partido: la estatización de la industria petrolera.

También, el mandato de Pérez marcó el distanciamiento de su mentor político: Rómulo Betancourt, quien consideró probables las hipótesis de corrupción del gobierno del tachirense, y se empeñó dentro de su partido en una cruzada de saneamiento administrativo, encabezada por el candidato presidencial que Betancourt había respaldado internamente: Piñerúa Ordaz. Este distanciamiento entre Pérez y Betancourt trajo hondas consecuencias dentro del partido. Además del tema de la corrupción administrativa, es cierto que Betancourt no se sentía cercano al equipo gubernamental que Pérez había escogido para la tarea, pero Pérez ya tenía fuerza propia como para imponer su voluntad. La tensa situación dentro de AD entre Betancourt y Pérez se prolongó después del gobierno durante dos años más, hasta que la muerte le salió al paso al fundador del partido, en 1981.

Presidencia del doctor Luis Herrera Campíns (1979-1984)

Luis Herrera Campíns asume la Presidencia de la República el 12 de marzo de 1979, y de inmediato conforma un Gabinete Ejecutivo en el que la mayoría de sus integrantes provienen de la región centro-occidental del país. Siendo Herrera uno de los fundadores de COPEI, desde el comienzo de su vida pública logró aglutinar en torno suyo un conjunto de compañeros de visión política, en su mayoría provenientes de su estado natal, Portuguesa, y de los vecinos Lara y Barinas. Este dato es significativo, porque desde los tiempos de la hegemonía tachirense (1899-1945), en ningún gobierno se había notado un sesgo regional como en este de Herrera Campíns que se inauguraba. Además, se trataba del primer dirigente de COPEI que alcanzaba el poder sin pertenecer a la corriente de allegados a su líder fundador: Rafael Caldera. En la matriz de opinión del venezolano, Herrera se ubicaba a la izquierda de Caldera, y se le entroncaba con tradiciones venezolanas más ligadas con el campo y el interior del país, que con la capital y sus prácticas palaciegas.

En el discurso de asunción de la Presidencia de la República Herrera manifestó que “Recibo un país hipotecado”, aludiendo a la deuda pública contraída por el gobierno de Pérez. Entonces, los venezolanos creyeron que comenzaba un gobierno austero, de prácticas más domésticas y menos internacionales, guiado por la doctrina de la Democracia Cristiana, pero los hechos al final de su mandato señalan otro resultado, como veremos luego.

El llamado “Viernes Negro” del 18 de febrero de 1983  

Por más que el gobierno de Herrera Campíns se propuso desacelerar la economía y bajar el ritmo de endeudamiento, la guerra en el Medio Oriente, entre Irán e Irak, disparó los precios del petróleo a niveles todavía mayores que los recibidos por el gobierno anterior. Si el precio promedio del barril venezolano en 1978 fue de 12,04 $, el de 1980 fue de 26,44 $ por barril. De tal modo que el ritmo de inversiones por parte del Estado, y la asunción de deuda, no se detuvo, hasta que México, en 1982, se declaró en mora para cumplir con sus pagos. Esto encendió la alerta roja en el mundo financiero, ya que temían que otros países comenzaran a manifestar lo mismo. La deuda en Latinoamérica más grande pesaba sobre México, Brasil, Argentina y Venezuela. Curiosamente, no son pocos los economistas que afirman que el origen de esta deuda está en los enormes recursos que los países árabes petroleros colocaron en la banca internacional, y esta tuvo que salir a buscar a quién prestárselos, y halló deudores en estos países citados. En el caso de Venezuela es irónico, porque el país fue beneficiario de los precios petroleros y, también, víctima del endeudamiento.

A la crisis súbita de la deuda externa se sumó la caída leve de los precios del petróleo que comenzó a manifestarse en 1982. Esto, más el pronunciamiento de México, condujo a que los venezolanos que tenían cómo hacerlo, comenzaran a comprar divisas, alcanzándose un monto de compra contra las reservas internacionales, que el Estado ya no pudo soportar, y se hizo necesario cerrar la venta de divisas el viernes 18 de febrero, y proceder a fijar un control de cambios diferencial y a devaluar la moneda. Entonces, se creó RECADI (Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales), que estableció un cambio a 4,30 por dólar y otro a 7,50, que luego fue moviéndose en el tiempo. Además, se le encomendó a una comisión ad hoc el trabajo de establecer el monto de la deuda externa venezolana, tanto la pública como la privada.

Era evidente que el modelo económico venezolano, fundado inicialmente en la Industrialización por Sustitución de Importaciones, luego con el añadido del Estado empresario, y siempre sobre las barreras arancelarias y los subsidios a los productos nacionales, había hecho crisis. La deuda y el comienzo de la caída de los precios del petróleo dejaban desnudo al modelo económico. Comenzaba otra era para Venezuela.

Mientras transcurría el gobierno de Herrera, el ex presidente Caldera fue haciéndose el candidato indiscutible de COPEI, al igual que Jaime Lusinchi se erigió como el candidato de AD. En las elecciones de 1983 el esquema bipartidista se mantuvo intacto. Entre Lusinchi, que obtuvo la más alta votación alcanzada hasta entonces por candidato alguno desde 1947, el 56,74%, y Caldera, con 34,54%, sumaron el 91,28% de los sufragios. Petkoff, por el MAS, y Rangel, por otros partidos de izquierda, obtuvieron cifras de 4,17% y 3,34%, respectivamente.

Fue muy difícil para Caldera recibir el respaldo de su partido y que los electores no le atribuyeran la crisis del “Viernes Negro”, y el desgaste del gobierno, de tal modo que nunca remontó en las encuestas, que desde el comienzo estuvieron a favor de Lusinchi. Concluía el segundo gobierno de un democratacristiano, y regresaba al poder la socialdemocracia, pero con una situación económica cada vez más comprometida, ya que los precios del petróleo no recuperaban sus niveles de años anteriores, y el país se había descapitalizado sensiblemente, con la fuga masiva de divisas.