Los firmantes de este acuerdo de gobernabilidad (no electoral, a diferencia del pacto del Frente Nacional en Colombia) fueron los representantes de Acción Democrática (Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios), Partido Social Cristiano COPEI (Rafael Caldera, Pedro del Corral, Lorenzo Fernández) y de Unión Republicana Democrática (Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel López Rivas) y el nombre del pacto se le debe más a los periodistas que a la determinación de los firmantes. Al no haber escogido nombre en particular para el acuerdo, los periodistas comenzaron a llamarlo con el de la casa de Rafael Caldera, lugar donde tuvieron lugar las deliberaciones y la firma del acuerdo de gobernabilidad. Esa casa se llamaba así: “Puntofijo”, de modo que así lo escribiré, de manera de no confundir la denominación con la ciudad falconiana de Punto Fijo.

Como veremos en líneas sucesivas, la importancia histórica del pacto de Puntofijo se hace cada día que pasa más evidente, al punto de que muchos estudiosos consideran, con razones valederas, que de no haberse firmado el ensayo democrático venezolano que se reinicia en 1958 no hubiese tenido éxito. En todo caso, un acuerdo de gobernabilidad era para el momento de su firma un procedimiento inédito en el país que, sin duda, arrojó resultados favorables para quienes lo firmaron, al menos en los primeros años de su andadura.

Antecedentes y contexto del pacto de Puntofijo

Los firmantes del pacto no pudieron invocar un antecedente histórico del pacto, ya que fue la primera oportunidad en que actores políticos venezolanos se sentaron en torno a una mesa para fijar unas reglas mínimas de convivencia, que garantizaran la vida democrática que se proponían iniciar. De modo que más que de antecedentes, en el sentido de hechos capitalizables, podemos hablar de experiencias de poder anteriores que indicaban, ahora, la necesidad del pacto. Es el caso del llamado trienio adeco, que incluye el primer gobierno de Betancourt (1945-48), y el primer gobierno que los venezolanos se dieron por vía de las elecciones universales y directas, el de Gallegos (1948).

Abundan testimonios críticos acerca del sectarismo con que gobernó Betancourt y, si bien es cierto que en su momento argumentó a favor de su decisión de hacerlo, también es cierto que años después reconoció como un error sustancial el iniciar un proyecto democrático con marcados acentos de exclusión. Es razonable pensar que la experiencia de aquel intento inicial, signada por el sectarismo, preparó el ánimo de los dirigentes de Acción Democrática para intentar ejercicios de gobierno incluyentes de fuerzas políticas distintas a las suyas.

Entre el golpe de estado perpetrado por Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez contra el presidente electo Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, y el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, median 10 años de exilio para los dirigentes de Acción Democrática, cerca de la mitad para los dirigentes principales de Unión Republicana Democrática, y unos cuantos meses para algunos de COPEI, de modo que espacio y tiempo para la reflexión hubo para los futuros firmantes del pacto.

Como vemos, el contexto en el que va a tener lugar el pacto es el de la reconstrucción de una democracia de partidos, de naturaleza representativa, que tiene en la acera de enfrente un poder militar que viene siendo decisivo desde los tiempos del general Gómez, y que de manera directa ha ejercido el poder desde el 24 de noviembre de 1948. Para colmo de adversidades, los partidos firmantes del pacto vienen de diez años de persecuciones (AD) o de muy poco crecimiento en un ambiente poco propicio (Copei), de modo que no son organizaciones enraizadas en el país, sino profundamente débiles en el tejido social, lo que las hace agrupaciones con un proyecto claro y adversarios nada desdeñables: su propia debilidad, el estamento militar, y un enemigo entonces no previsto: la extrema izquierda en armas en busca del poder, pero esto último va asomar su cabeza, como veremos, algún tiempo después.

Tres valoraciones del pacto.

El historiador Ramón J. Velásquez en su ensayo “Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo”, recogido en el volumen colectivo: Venezuela moderna (1926-1976), publicado por la Fundación Eugenio Mendoza en 1976, señala: “Ante la certeza del derrumbamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, los fundadores y máximos dirigentes de los partidos mayoritarios, en una oportunidad en presencia del ex presidente López Contreras, pasaron revista a la situación política venezolana, analizaron los graves errores y los aciertos del pasado y terminaron por aceptar la tesis de que el porvenir sería suyo, en la medida en que entendieran que el poder político es el producto de un conjunto de alianzas y de acuerdos entre los diversos sectores que integran un país. Era evidente el hecho de que en la crisis de 1948, más que la habilidad maquiavélica de Delgado Chalbaud o que el prestigio y la influencia entre los cuadros militares de Pérez Jiménez y de Llovera Páez, fue el aislamiento que en torno suyo se había creado Acción Democrática, que monopolizaba el poder y que originaba resistencias innecesarias, lo que provocó su caída.” (Velásquez, 1976:177).

Como vemos, Velásquez indica que el pacto de Puntofijo comenzó a preverse en Nueva York, donde coincidieron hacia finales de la dictadura de Pérez Jiménez los líderes fundamentales de los partidos mayoritarios (Betancourt, Villalba y Caldera) con la figura testimonial de López Contreras, y sin la participación del líder del PCV: Gustavo Machado. También señala que allí se ventilaron los errores del pasado, y entre ellos el de la monopolización del poder político. Yo añadiría otro factor principal en el análisis de aquellos días: la constatación de que el poder militar no tenía entre sus proyectos el de una Venezuela democrática, y estaba visto y más que comprobado que un sector de él buscaría de nuevo el poder por la vía de las armas, como en efecto sucedió. Lo que quizás no previeron los firmantes del pacto es que la exclusión del PCV les crearía, entre otras causas, hacia adelante un problema de gobernabilidad añadido: el que la izquierda buscara el poder por las armas, al igual que la derecha residual perezjimenista. En tal sentido, el mismo Velásquez afirma: “En la hora de la firma del acuerdo, las representaciones sindical, estudiantil y de la Junta Patriótica, dejaron constancia de su protesta por la ausencia del Partido Comunista de Venezuela y de Integración republicana, alegando que “siendo organizaciones unitarias no habían sido invitadas a participar en el acuerdo.” (Velásquez, 1976:179).

El Betancourt de esta fecha no es el mismo de 1945. El marxismo de aquellos años ha sido definitivamente trocado hacia ámbitos socialdemócratas y todo indica que para el proyecto democrático naciente no convenía invitar a la navegación al PCV, organización de filiación soviética que no concebía a la democracia de la misma manera que los firmantes. Sin embargo, cabe la siguiente pregunta: ¿el costo político de la exclusión del PCV no fue mayor que el mensaje que se quería dar excluyéndolo? ¿La sola consagración de la injusticia de excluirlos, dado que fueron motor principal de la resistencia y de la Junta Patriótica, no costaba más hacia el futuro que la inclusión? Si, pero también es cierto que al dibujar un proyecto político de democracia de partidos, con elecciones universales, bajo un sistema de derecho y de democracia representativa, era imposible sin negarse a sí mismos que el PCV firmara el pacto.

Esta situación, que todavía da para ser discutida, constituye uno de los momentos más dilemáticos de nuestra vida republicana. A la larga, fue determinante de la Venezuela de los años sesenta, en muchos sentidos vapuleada entre la lucha armada guerrillera, y los intentos de vuelta del militarismo perezjimenista, que no se avenía con la pérdida del poder.

Los firmantes del pacto buscaron, no se sabe si sinceramente, una candidatura de unidad nacional, pero no se pusieron de acuerdo en torno a algún nombre. En verdad, si se quería comenzar con la vida de una democracia de partidos, pues era un contrasentido buscar una candidatura de unidad, y fue mejor como ocurrió, que los tres candidatos fueron aceitando las maquinarias políticas de sus organizaciones hacia el futuro y, precisamente, las que sobrevivieron fueron aquellas que se empeñaron en constituirse como maquinarias políticas de irradiación nacional.

Por su parte, Manuel Caballero en la entrada correspondiente del Diccionario de Historia de Venezuelade la Fundación Polar señala que antes se habían concertado pactos políticos en el país, pero nunca antes se había firmado uno para gobernar. Los anteriores habían sido alianzas opositoras, que tenían como norte el derrocamiento de quien detentaba el poder, pero ninguno era propiamente un pacto de gobernabilidad como el de Puntofijo. También añade: “Lo más singular de ese pacto, sin embargo, no fue tanto su letra sino el hecho de que sus signatarios lo respetaron en lo esencial, es decir, en la defensa del gobierno constitucional”  Y más adelante señala: “Aun cuando URD se retiró del gobierno en 1962 y, al dividirse por segunda vez (1961), AD perdió el control de la Cámara de Diputados y pese a varios alzamientos militares y civiles, Rómulo Betancourt logró, por primera vez en la historia de Venezuela del siglo XX, culminar el período de un gobierno electo por sufragio universal.” Como vemos, para Caballero fue más importante el cumplimiento de lo pactado que el pacto mismo, así como el hecho de la naturaleza de gobernabilidad del pacto.

Más efusivo, como solía serlo, el profesor Luis Castro Leiva, partió lanzas a su favor en el discurso que pronunció en el Congreso Nacional de la República de Venezuela el 23 de enero de 1998. Entonces se cumplían 40 años de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Afirmó el politólogo: “A mí, a este cristiano que les habla a ustedes, a sus amigos y a su propia familia, a muchas familias se nos devolvió, el 23 de enero de 1958, el sentido de vergüenza hasta entonces perdida en la indignidad de una dictadura más. Nos vino devuelta a través del poder del sufragio y de los partidos, de aquellos partidos que conscientes de su prudencia, atentos a la inteligencia de la circunstancia, forjaron el pacto de Puntofijo, la decisión política y moralmente más constructiva de toda nuestra historia: no un “festín de Baltasar”, ni un pacto entre mafiosos. Fue la construcción racional del camino para pasar de un voluntarismo político sectario a la realidad de la división del poder político como condición necesaria, nunca suficiente, para el funcionamiento de la democracia representativa consagrada en la Constitución de 1961.”  (Castro Leiva, 2002: 37 y 38)

Acierta Castro Leiva al atribuirle a la voluntad contenida en el pacto la de construir un sistema político donde el poder estuviese compartido, donde si el sistema fracasaba no sería por obra del sectarismo de sus operadores. La lección del trienio adeco, como hemos dicho antes, ya estaba asimilada. Pero, además, Castro vincula el pacto a la Constitución de 1961, donde se recoge el proyecto político de la democracia representativa, que necesariamente funciona sobre la base de un sistema de partidos políticos, con lo que el pacto va a formar parte de un conglomerado mayor, en el que la democracia representativa será el estandarte y el sistema económico le asignará al Estado un papel fundamental.

Algunas Observaciones

El pacto de Puntofijo fue un acuerdo de gobernabilidad entre factores que querían participar en un juego democrático: los partidos políticos. Estos comprendieron que sin una unidad de propósitos inicial, el juego no se sostendría en el tiempo. Entonces, los enemigos de la democracia eran varios: en primer lugar, el estamento militar, que se había acostumbrado a tener la última palabra en la vida nacional, desde que el general Gómez consolidó al Ejército como la primera institución del Estado.

Sucesivamente fueron las Fuerzas Armadas el factor decisivo en las transiciones gubernamentales. A Gómez lo sucede el Ministro de Guerra y Marina, Eleazar López Contreras; a éste lo sucede su Ministro de Guerra y Marina, Isaías Medina Angarita. Luego, se produce un hiato entre 1945 y 1948, cuando tuvo lugar el primer intento de construir un sistema democrático, y vuelven los militares a dar un golpe de estado con Carlos Delgado-Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez a la cabeza. El sucesor de Delgado-Chalbaud, por más que fuera un civil, Germán Suárez Flamerich, se sabe que la última palabra en su nombramiento la tuvieron las Fuerzas Armadas, y que su autonomía para gobernar era prácticamente nula. Luego, una vez perpetrado el fraude electoral de diciembre de 1952, los militares designan a Pérez Jiménez como presidente encargado, y después constitucional de la república. Como vemos, el papel decisivo del estamento militar desde los albores del siglo XX y hasta la fecha, fue evidente. Damos por descontado, a su vez, que el lector recuerda que el siglo XIX venezolano es una centuria netamente militar, signada por el procerato que hizo las guerras de independencia.

El otro enemigo de la democracia lo vislumbraban los partidos en el riesgo de abrir el juego democrático de manera inmediata. Me refiero al hecho de protagonizar los partidos un juego de gobierno y oposición que fuese erosionando la precaria legitimidad que apenas estaban construyendo. De allí que se hiciera necesario un gobierno de unidad nacional, pactado antes de los comicios. De lo contrario, a la debilidad propia de un proyecto que se inicia, se le sumaría un juego al que los venezolanos no estaban acostumbrados, y que previsiblemente los sumiría en el escepticismo o en la negación.

Se trataba, entonces, de galvanizar alrededor del gobierno las voluntades de los constructores del mismo, postergando el juego abierto hasta el punto en que se considerara consolidado. Las previsiones hechas tenían fundamento: ya en 1958, antes de la firma del pacto, hubo dos intentonas protagonizadas por militares descontentos con Larrazábal, y con posterioridad a las elecciones los intentos fueron varios contra el gobierno de Betancourt, incluso, por escasos segundos no cobraron su vida en el atentado de Los Próceres. Las intentonas militares, como se sabe, respondieron a distintos intereses, pero todas buscaban la deposición del régimen y la recuperación del poder por parte de un sector de las Fuerzas Armadas, con miras a instaurar “una verdadera democracia” y otras perlas por el estilo.

El enemigo no previsto, como bien lo señala Caballero, fue la insurrección guerrillera, que hizo aún más apremiante la consolidación del pacto. De modo que enemigos del intento de instaurar un sistema democrático no faltaron, confirmando así la necesidad del pacto.

Ahora, en stricto sensu, el pacto tripartito culmina en 1962 con la salida de URD del gobierno de Betancourt, con motivo de la posición del gobierno  en torno a Cuba y la OEA. Hasta entonces los socios del pacto fueron tres, continuó con COPEI durante el gobierno de Betancourt. No así durante el gobierno de Leoni, cuando éste pactó un acuerdo de gobernabilidad, llamado de “Ancha base”, con el uslarismo, fuerza política que emergía de las elecciones de 1963. Y ya durante el gobierno de Caldera (1969-1974) el espíritu del pacto se había trasladado al Poder Legislativo abandonando el Ejecutivo, ya que Caldera gobernó con su partido, solamente. Simplificar cuarenta años como los años del llamado “puntofijismo” es una inexactitud histórica y una arbitrariedad.

Podría decirse que el primer gobierno de Caldera es la confirmación del éxito del pacto de Puntofijo. ¿En qué sentido? Pues que Caldera gobernó con su solo partido, sin acuerdos de gobernabilidad para el Poder Ejecutivo y que en el Legislativo, donde no contaba con la mayoría, tuvo la colaboración puntual de AD, que sí controlaba la mayoría parlamentaria. El pacto resultó eficaz en sus cometidos: contribuyó a sostener el gobierno de Betancourt ante los embates de sectores militares y de la guerrilla, situación parecida que también afectó, aunque en menor medida, al gobierno de Leoni.

Al final del primer gobierno de Caldera (1969-1974), en las elecciones de 1973, se conformó gracias a la dinámica electoral un cuadro bipartidista, cuando entre los candidatos de AD (Carlos Andrés Pérez) y Copei (Lorenzo Fernández) sumaron más del 90% de los votos. Se pasaba la página de un electorado dividido en cuatro toletes similares, signo de las elecciones de 1968, y en menor medida de las de 1963 y 1958. Entrábamos en el bipartidismo que reinó en el país hasta las elecciones de 1993, cuando el electorado volvió a dividirse en cuatro partes de similar tamaño.

Bibliografía

CABALLERO, Manuel (1997). Caracas, “El pacto de Punto Fijo”, entrada

          correspondiente en El Diccionario de Historia de Venezuela de la

          Fundación Polar.

CASTRO LEIVA, Luis (2002). Caracas, El 23 de enero de 1958- Discurso de

          orden en el Congreso de la república a los 40 años del derrocamiento

          de la dictadura. El Centauro Ediciones.

VELÁSQUEZ, Ramón J. (1976). Caracas, “Aspectos de la evolución política

            de Venezuela en el último medio siglo” en Venezuela moderna 1926-

           1976. Fundación Eugenio Mendoza.